¿Y las delegaciones federales?

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 4 de marzo, 2019

Muchos, en la mirada de dependencias federales en los Estados temblaron cuando ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador. El pánico, auténticamente, se apoderó de no pocos funcionarios de confianza y otros que debían el cargo al partido en el poder, a los amigos, al gobernador en turno, a los familiares en el gobierno, a las transas de siempre y a los jugosos negocios. Sin embargo, tras tres meses de que llegó la Cuarta Transformación al poder en Palacio Nacional, en los Estados se vive una especie de limbo. Al menos así sucede en el sureste del país, en la Península de Yucatán. Limbo o interregno más bien que está provocando que muchos que temblaron por la pérdida de su trabajo, ahora se hayan acomodado en la poltrona. Algunos, inclusive, han comenzado a actuar como si no hubiera patrón. Sin temor a nada, ni nadie, ya que los graves problemas como el [i]huachicoleo[/i] o el tren maya, tienen ocupadas a las cabezas que deciden, empezando por el presidente.

Así pueden pasar muchos más meses. Pero algunos ya se frotan las manos diciendo que pueden ser años.

Entre los pasados de vivos nos señalan al delegado (encargado) del ISSSTE, Mario Mendicuti Priego, quien ya metió de vuelta a su amigo Gabriel Peniche Ferreiro en la delegación, quien había sido expulsado precisamente por dobletear como maestro en dos escuelas y además en el ISSSTE. Mendicuti, quien antes era encargado de la lavandería del HRAE, ya empezó a actuar como si no hubiera patrón. Y a lavar feliz.

[b]Interregnum[/b]

La definición de interregno es muy clara: período de tiempo en el que un Estado o país carece de soberano; período de tiempo en el que están suspendidas las funciones gubernamentales.

Así están en muchas delegaciones federales. Esa es una realidad. Al grado que algunos en el Estado ya comienzan a preguntarse cuándo el [i]Superdelegado[/i] asumirá su superdelegación. Sus superpoderes.

Sin embargo, hay quienes señalan que las reglas de operación son muy claras: el delegado propone un nombramiento, y el secretario, en la Ciudad de México, nombra. Así de claro, aunque debe haber un diálogo, entre ambos para que los nombramientos en las delegaciones se concreten. Se destraben. La intención de éste mecanismo, fue evitar abusos de los superdelegados, pero también de los secretarios. Es decir, que nadie se sirviera con la cuchara grande.

Este mecanismo, sumado al retardo en la emisión de las reglas de operación de los programas federales –las que apenas se destrabaron hace 3 días- han provocado ese limbo o interregno en las delegaciones, que algunos están aprovechando.

En efecto. Los esperados cambios en las delegaciones y representaciones del gobierno federal en Yucatán, no se han concretado con la rapidez que algunos esperaban.

Y obviamente no con la misma prontitud con la que se dieron los nombramientos de los titulares de las dependencias federales.

Hay que recordar que aunque hay representaciones que tienen jurisdicción regional, algunos funcionarios son nombrados por una Junta de Gobierno y hay cargos jerárquicos de nivel gerencial, administradores y delegados que todavía no han sido nombrados o que están en situación irregular. De hecho, hasta ahora, sólo en Profeco y en el Seguro, hay nombramientos en firme ante Hacienda. Las demás delegaciones aún no tienen nuevos delegados. O están descabezadas o con encargados de despacho.

Como se recordará, el coordinador de Programas Integrales de la Federación, Joaquín Díaz Mena ofreció en diciembre pasado un plazo de 180 días para revisar la conveniencia de fusionar o desaparecer las oficinas.

Sin embargo, se sigue a la espera. Aunque con las reglas de operación de los programas federales, como señalamos, ya destrabadas, la maquinaria debería comenzar a girar, una vuelta más.

El período de revisión empezó el 30 de noviembre con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó las nuevas secretarías de Bienestar y de Seguridad Ciudadana. También se inició el análisis de la normatividad de cada una de las dependencias federales.

En Yucatán, no se olvide, hay 64 representaciones del gobierno federal, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y muchas están acéfalas tras la renuncia de sus delegados por motivos personales.

Por ejemplo. Recientemente, en la delegación de la antigua CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), se designó a Pablo Duarte, pero hubo marcha atrás luego de que dimos a conocer las quejas de que se la pasaba en sus oficinas de la UNORCA. Mientras tanto, todavía no se define quién se encargará de la aplicación de programas a favor de los indígenas de Yucatán.

Otro ejemplo. En el caso de Infonavit, más de 7500 acreditados están esperando ser incluidos en el nuevo programa federal “Responsabilidad Compartida” y a la fecha, esta dependencia no ha definido a los yucatecos cómo se aplicará y cuándo iniciará este beneficio en Yucatán.

Y es que los sueldos también varían y hay dependencias en las que el funcionario debe tener cierto perfil, una carrera especializada y preparación para ocupar el puesto. Es decir, el cambio, debido a las modificaciones de forma y fondo, no avanza con la prontitud que algunos quisieran.

Mientras esto sucede, Yucatán ya está padeciendo la inoperatividad y los efectos de la escasa derrama económica en la entidad, nos señalan.

Asimismo, muchas de estas delegaciones operan precisamente con organizaciones de la sociedad civil. Hoy en franca oposición a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Allí está el tema de las estancias infantiles.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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