¿Se quiere casar el Congreso yucateco?

Felipe Escalante Tió
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Martes 26 de febrero, 2019

A través de su historia, el Congreso de Yucatán ha tenido momentos de ignominia. En 1913, por ejemplo, fue el primero en reconocer a Victoriano Huerta como presidente, tras el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, según nos recuerda Gilbert M. Joseph en Revolución desde afuera (FCE, 1992).

El escenario presente es un desafío para la actual Legislatura, cuyo desempeño podría resultar en un gran fracaso, si se rehúye la discusión de cara a la sociedad en el tema del matrimonio igualitario.

Sí, el Congreso yucateco está en un momento incómodo, de indefinición, como resultado del maremagnum del pasado 1 de julio. Plagadas de personajes acostumbrados a seguir la consigna del partido y frente a una ciudadanía movilizada que convoca a que nos pongamos en contacto con nuestros representantes para exigirles el voto en determinado sentido, las bancadas se encuentran frente al desafío de ser voz de quienes votaron por ellos o de los intereses de sus partidos. La duda viene porque ningún partido se ve sólido; el PRI está resquebrajado e iniciando un proceso de reconstrucción en el cual el legislador Felipe Cervera tiene interés particular; Acción Nacional tiene en este tema una bandera tradicional; Morena ha venido operando como repetidora de consignas, sin aportar datos duros y pruebas a las discusiones, y las diputadas de Movimiento Ciudadano han sido nota más por sus ausencias que por el impacto de sus iniciativas.

Nuestros representantes deben entender que el matrimonio igualitario no es ninguna moda; por el contrario, el fondo es el reconocimiento de derechos plenos para las personas independientemente de su orientación sexual. Se trata de dar un paso más en contra de la discriminación y éste debiera darse de frente a la ciudadanía, dando voz incluso a quienes se han manifestado en contra. El tema es de justicia, de reconocer que toda unión crea derechos y obligaciones entre quienes la sostienen y que el ejercicio pleno y responsable de la propia sexualidad dentro de una relación libre y consensuada es un asunto completamente privado.

Sí, hay quienes reclaman que reconocer legalmente estas uniones –porque aunque no hablemos de matrimonios, las parejas homosexuales que llevan varios años de convivencia e incluso ejercen la paternidad es una realidad actual –es abrir la puerta al “mal ejemplo” y que éste cundirá, haciendo que más personas “se conviertan” en gays.

“No es que fuéramos menos, es que éramos más discretos”, contestaba don Héctor Herrera Cholo en alguna de sus tandas, cuando algún interlocutor de refería que “antes había menos cangrejos”. Y es lo que algunos reclaman: “discreción, que no hagan sus cochinadas en público”. Lo cual demuestra que, como sociedad, estamos muy poco educados para el amor, que sólo lo creemos capaz de expresarse en una sola manera. Pero sí, también para quienes así piensan deben abrirse los espacios para expresarse, porque aunque se responda que los derechos están para reconocerse y no para discutirse, se necesita tender puentes de concordia y reconocer que independientemente de la opinión seguimos siendo humanos y tenemos mucho más en común, que debiera llevarnos a la comprensión y no al odio.

Por eso el Congreso debe aceptar que el tema se presente en el formato de parlamento abierto, y los legisladores tendrán que explicar que el marco legal se construye para todos los seres humanos, no para apartar a las minorías, a pesar de que también hayan nacido como resultado de la procreación entre hombre y mujer. No es una cuestión con la que sólo el uno por ciento de la población esté a favor, como señaló la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, sino una que garantizará el apoyo del Estado a quienes decidan unirse en un proyecto común de vida. Así sea un porcentaje mínimo de la población, son los homosexuales son hijos, hermanos, sobrinos, incluso padres y madres de alguien más en la sociedad yucateca. Por eso es un tema de importancia vital.

Tampoco es una cuestión a la que los legisladores deban llamar a la Iglesia o incluso recriminarle que “debe actualizarse”, según señaló Silvia López Escoffié, llamando a un anticlericalismo que debió superarse hace 100 años. Su obligación como diputada es legislar sobre un matrimonio de carácter civil, no sobre una institución milenaria muy presente en la cultura mexicana, pero ajena a sus funciones.

De mantenerse esquivando el tema, la imagen del Congreso será risible; muy semejante a los chistes en los que el novio se la pasa armando maneras para escabullirse del compromiso del matrimonio, resquebrajando todavía más su imagen como Poder público y llevándose consigo a sus partidos. Dejamos la pregunta en el aire: ¿habrá matrimonio en el Congreso?


[i]Mérida, Yucatán[/i]
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