Las tres erres de indígenas y afromexicanos

Francisco J. Rosado May
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 22 de enero, 2019

La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018, concretando un proceso de consulta nacional y plasmando una nueva visión gubernamental para atender los grandes retos que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen desde el pasado, en el presente, y los que se perciben en el futuro cercano.

Algunos conceptos que guiaron el proceso de consulta y el documento de la Ley del INPI se manifiestan claramente en el articulado de dicha Ley. El artículo 3 reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, teniendo como base la categoría jurídica expresada en el artículo 2 de nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en la materia. Este reconocimiento expresa la visión para el futuro cercano de un grupo social que necesita espacios seguros para manifestar con plenitud su potencial. Los indígenas y afromexicanos considerados como sujetos de derecho público no estuvieron presentes ni en la Ley de la anterior CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) ni en el del anterior INI (instituto Nacional Indigenista).

En forma resumida, la visión pre-AMLO consideraba a los indígenas como objetos de derecho, no sujetos. El cambio implica, en la práctica, tomarlos en cuenta para decisiones relacionadas con su cultura, comunidad, entorno; implica que poseen derechos sustentados en su propio sistema de gobernanza; implica valorar y potencializar sus conocimientos, tradiciones, que se sumarían al esfuerzo nacional en condiciones de multiculturalidad sin perder su propia identidad. La visión de objeto de derecho, no sujeto, puede explicar, por ejemplo, por qué los programas de apoyo gubernamental para los indígenas siempre tenían los menores estándares de calidad, la menor inversión posible, la peor infraestructura y nunca se mejoró sustancialmente las condiciones de vida y oportunidades de futuro. Las condiciones aseguraban que el origen era destino para los indígenas y afromexicanos.

La Ley del INPI otorga los mecanismos, estructura y establece los principios que guiarán su funcionamiento. Hay una congruencia cuidadosa entre la visión que el nuevo gobierno federal tiene para con los pueblos indígenas y afromexicanos y el instrumento para que esa visión se lleve a cabo.

Llegar a este punto, en el que inicia una reconstrucción del tejido social y productivo de un enorme segmento de la población mexicana, que podría ser considerado el elefante en la sala, visible, pero a la vez no se le quiere mirar, se puede explicar en tres palabras: Resistencia, Resiliencia y Reconocimiento.

A pesar del esfuerzo consciente primero de “reducir o eliminar” la población indígena durante la conquista; de mexicanizarlos después de la independencia y revolución; y de occidentalizarlos durante la etapa capitalista y neoliberal, hubo una terca resistencia de los indígenas de preservar cuanto fuese posible su identidad, conocimientos, costumbres, tradiciones, lenguas y visión del mundo.

La resistencia estuvo acompañada de otro proceso, más sofisticado, que en términos occidentales se conoce como “resiliencia”, es decir, la capacidad de no perder y, al mismo tiempo, de recuperar la esencia de la identidad, del conocimiento, de la lengua, de la cultura.

Las políticas públicas incompletas, o mal diseñadas, o conducidas por una visión de occidentalización de los pueblos indígenas, causaron estragos; algunas comunidades y lenguas se extinguieron. Pero las políticas públicas dependen de las voluntades de los pueblos. Hoy, con un nuevo gobierno federal que escuchó la esencia de los planteamientos hechos por pensadores genuinos, líderes comprometidos con sus pueblos e identidad, ha iniciado el diseño de nuevos marcos normativos para crear los espacios de recuperación de cientos de años de saberes, tradiciones, resultados y experiencias de aprendizaje y contribuciones al mundo.

Varios actores del mundo occidental se han dado cuenta del valor y relevancia del papel de los pueblos indígenas para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Apenas tenemos tiempo de reconocernos, revalorarnos y reencontrarnos con nosotros mismos. Al hacerlo estaremos en condiciones de ser tratados y dar trato adecuado; de aprender y ofrecer conocimiento; de contribuir y recibir; todo ello y más en condiciones de equidad de relaciones interculturales.

En otras palabras, estamos dejando atrás la resistencia y con base en la resiliencia hemos ganado a pulso el reconocimiento que está facilitando en nuevo gobierno federal. Ojalá así se interprete en los estados, municipios y pueblos.
Aquí seguimos y seguimos fuertes. ¡Way Yano’one’!

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