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Francisco J. Rosado May
Foto: researchgate.com
La Jornada Maya

Jueves 3 de enero, 2019

Uno de los temas más discutidos a finales del año pasado es el Presupuesto 2019. Si bien hubo una corrección en el monto asignado a educación superior, no se despejó el panorama completamente para varios subsistemas, como el de educación intercultural o el del sistema de las 100 nuevas universidades para el bienestar que iniciarán actividades este año.

Hay un elemento estructural que está afectando no solo el uso eficiente del recurso asignado a educación superior, sino que también al incremento en el monto que debería tener. ¿Por qué no hemos podido como país incrementar el porcentaje de graduados en educación superior? ¿Por qué no tenemos la inversión por estudiante que tienen los países avanzados?

Para responder estas preguntas clave, es urgente pensar diferente. Se propone como premisa que no podemos ni debemos pensar el solucionar los problemas de educación presentes en el siglo XXI con formas de pensamiento ancladas en los primeros años del siglo XX.

Van un par de lecturas que podrían arrojar luz a los tomadores de decisiones que buscan establecer paradigmas diferentes para lograr un mejor impacto con el presupuesto asignado en 2019 y preparar un mejor futuro. No se trata solamente de dinero, se trata de transformar la forma de pensamiento actual, la cual si mantiene la misma inercia de años anteriores seguirá provocando los mismos resultados de años anteriores.

El libro Educación superior sostenible en Quintana Roo —disponible en researchgate.net— propone la implementación del concepto de Sistema de Educación Superior Sostenible, definido como “…aquel que garantiza una formación de calidad para las generaciones presentes sin poner en riesgo ni la viabilidad ni la calidad y la pertinencia de formación de las generaciones futuras”.

No se puede tener un sistema de educación sostenible con una educación que no se refleja en el crecimiento económico ni desarrollo sostenible de un país o región. Tampoco se puede lograr con estructuras administrativas abultadas, donde se distrae el recurso para funciones no sustantivas. Mucho menos se puede lograr bajo un sistema que mide su desarrollo basado en el incremento del número de carreras que una institución ofrece.

No hay que olvidar que a la velocidad del desarrollo tecnológico y acumulación de conocimiento en varias latitudes del planeta no es equivocado pensar que mañana habrá nuevas áreas de oportunidad laborales que ni siquiera hemos pensado hoy. Entonces un sistema atado a carreras que no tienen la flexibilidad de adaptarse a los rápidos avances, estará formando candidatos a desempleo. Si adicionalmente el sistema forma profesionistas que no tienen impacto en el crecimiento económico ni desarrollo sostenible, ¿qué presupuesto puede alcanzar para un sistema así? Es necesario pensar en la sostenibilidad del sistema educativo.

El volumen Sin memoria no hay historia —disponible en academia.edu— ofrece ideas, ejemplos y datos que pueden ser usados en el programa de las 100 universidades que AMLO prometió en campaña. En Quintana Roo habrá al menos dos de estas universidades, ambas en regiones indígenas. El libro ofrece testimonios, evidencias, metodologías y conceptos que podrían ser muy útiles en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

La participación de la comunidad y, muy especialmente, de los sabios locales y de los nool-iknal, garantizan una alta calidad y no encarecen la educación ofrecida. La idea es aprovechar al máximo el potencial y los conocimientos de la región, articulados con conocimientos del mundo no indígena, para preparar profesionistas pertinentes para dos mundos, el suyo, el local, el indígena, pero también capaz de desarrollarse con alto nivel de profesionalismo en el mundo no indígena.

La buena calidad en educación tiene costo, pero no tiene que ser muy caro. Si tan solo pudiéramos tener un buen plan que permita aumentar la matrícula como resultado del crecimiento económico y desarrollo sostenible logrado por los egresados con calidad, seguramente no estaríamos en grandes complicaciones al momento de definir un presupuesto de apoyo federal.

Si implementamos un sistema que permita multiplicar el presupuesto del subsidio con recursos de fundaciones o de fuentes privadas, legales, habríamos dado un paso en la dirección correcta.

Si tan solo nos atreviéramos a pensar y actuar diferente, con base en experiencias como las que ofrecen los libros antes mencionados, quizá no tendríamos las angustias que genera la distribución de un presupuesto que no llena las expectativas creadas con una forma de pensamiento que no se abre a opciones para atender en forma estructural el problema que tenemos como país.

¡Feliz año 2019!

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