Mesa Chica

Hugo Martoccia
Foto: La Opinión de Quintana Roo
La Jornada Maya

Viernes 22 de diciembre, 2017

La imagen dantesca de un hombre decapitado, abandonado prolijamente en una de las avenidas más concurridas de Cancún es, quizá, el final simbólico de un año en el cual la inseguridad ha ingresado en una etapa diferente en la corta historia del estado.

De hecho, el año termina como había comenzado, con un hecho inusual y terrible. A principios de enero fue un grupo comando, de sicarios en motocicletas, que atacaron la oficina de la Fiscalía General del estado en Cancún. Los dos hechos son, a su modo, desafíos contra la autoridad, y una señal clara del aumento cuantitativo y cualitativo de la violencia en Quintana Roo.

Ademas, en el medio de estos dos casos, han habido alrededor de 300 ejecutados en todo el estado. La violencia tiene epicentro en Cancún, como es natural, y de allí se ramifica hasta Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum, principalmente. Pero la realidad es que con mayor o menor impacto, ha legado a cada rincón de Quintana Roo.

Casi milagrosamente, esa violencia, que generó un warning del Departamento del Estado de los Estados Unidos en contra de los municipios del norte, no ha tenido un impacto contundente en el turismo. Todos los indicadores marcan que cada vez más turistas llegan al estado. Los vaivenes de la ocupación hotelera, que muestra una baja, parece que tienen más que ver con otros factores.

Pero ninguna de esas cifras puede tapar la realidad ni esconder los enormes retos que se enfrentan en el futuro. Días atrás, en la apertura del operativo de seguridad por la temporada vacacional de invierno, el alcalde Remberto Estrada pronunció una frase que llamó la atención.

“El turismo no es nuestra mejor industria; es nuestra única industria”, dijo. En esas pocas palabras está contenido el tamaño del desafío que se enfrenta en el inminente 2018.

[b]Los proyectos[/b]

El Gobierno del estado ha entendido con claridad el papel que le toca jugar, pero le cuesta poner en marcha el proceso. En todos los foros públicos que ha tenido, el titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Juan Vergara, ha dicho que el presupuesto 2018 está realizado con base a la principal política pública del gobierno: la seguridad.

Dos proyectos de gran envergadura son el eje de esa política pública: el C5, con toda su carga tecnológica y logística para volver a tener el control de las calles, y la Unidad de la Policía Militar en Cancún.

El Gobierno necesita 2900 millones de pesos para esos proyectos. Y, la realidad, es que no los tiene. En este punto al pasado le corresponde, otra vez, parte importante de la culpa, que recae en el endeudamiento irresponsable que dejó Roberto Borge.

Los números son tan contundentes que no requieren de mayor explicación. En 2018 se pagarán casi 2000 millones de pesos de deuda. 1900 millones son solo para cubrir intereses. Ahí se va el dinero que hace falta para otras cosas.

[b]El cómodo mundo de los poderes fácticos[/b]

Desde hace meses, la hotelería organizada se queja de la inseguridad y le pide al Gobierno actuar con contundencia. En respuesta, el gobernador Carlos Joaquin presentó un proyecto para aumentar el 1 por ciento el Impuesto al Hospedaje, que pasaría del 3 al 4 por ciento de la tarifa hotelera, para que ese dinero se destine a los proyectos de seguridad.

La negativa del gremio, quizá el poder fáctico más fuerte del estado, fue implacable. El aumento se cayó, aún cuando las razones de la hotelería son indefendibles.

Dicen que si aumentan 1 por ciento sus tarifas pierden competitividad. O que tienen que tener certezas de lo que se hará con el dinero. También, dijeron que no harán ningún aporte nuevo hasta que no se paguen las deudas de los fideicomisos de promoción, que el borgismo dejó en ruinas.

El origen del Impuesto al Hospedaje era la promoción del destino, e inversión en infraestructura vinculada a la actividad. Ese dinero, como se hizo costumbre en el sexenio pasado, desapareció.

Lo que dicen los hoteleros, en ese último punto, no carece de verdad, pero hay un error de fondo y de concepto en las razones generales. Los hoteleros no pagan de su dinero los impuestos, los pagan los turistas. La hotelería retiene ese impuesto y lo entrega al estado, como debe ser. Sus ganancias no se ven afectadas con ello.

Por algún motivo, aquí se ha instalado la idea de que somos lo que somos por los hoteles. Valdría la pena dar ese debate, porque no es real.

Las ventajas competitivas que Quintana Roo ofrece son lo que le da plusvalía a los hoteles, y no al revés. ¿Puede una cadena levantar sus hoteles e irse del estado? No, si quiere ser competitiva en el mundo.

Aquí hay un aeropuerto con capacidad para recibir 32 millones de pasajeros. Y bellezas naturales únicas en el mundo. Hay infraestructura y naturaleza. Ninguna de esas dos cosas las pusieron los hoteleros.

Esa es la realidad, le pese a quien le pese. No hay que ser un osado empresario para poner un hotel en Cancún, o Isla Mujeres, por ejemplo. Es una decisión comercialmente lógica, y altamente rentable. No hay que ser un visionario para imaginar el futuro de Bacalar.

[b]El reto 2018[/b]

En cualquier lugar del mundo es el estado el que define a donde van sus impuestos. Y el que castiga sus desvíos. Son los ciudadanos, con su voto y su opinión, los que deciden o presionan por la preeminencia de una u otra política pública.

Así debe ser en Quintana Roo. Los grandes ganadores de este proyecto que nació en Cancún deben aportar una porción más grande que los muchos perdedores. Es política redistributiva básica. Del mismo modo, el mal uso del dinero público debe ser castigado, como efectivamente está sucediendo en el estado con funcionarios de la pasada administración.

En 2018 el reto de la seguridad será mayúsculo. El que piensa que puede salvarse sólo, comete una gran equivocación. Lo que ha sucedido este año debería servir para que todas las partes entiendan que el infierno está cerca, como nunca lo ha estado.