Memorándum para un rumbo bien definido

José Miguel García Vales
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 15 de diciembre, 2017

Un memorándum para el próximo presidente de México. Así de contundente es la intención del Instituto Mexicano para la Competitividad. Consciente de los tiempos políticos y electorales, este [i]think thank[/i] ofrece una lista de políticas públicas, legislaciones y decisiones gubernamentales que se deberán preservar, reforzar o crear en el próximo sexenio.

Lista que se desprende de los resultados del Índice de Competitividad Internacional 2017, el cual “mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzcan en mayor productividad y bienestar para sus habitantes”. Se evalúa a 43 países comparando 129 indicadores. Noruega es el primer lugar y México se ubica en la posición 36, compartiendo niveles de competitividad con Colombia, Turquía, Rusia o Argentina.

El Índice en sí mismo, nos ayuda a observar cierta estabilidad en el comportamiento económico, la construcción de infraestructura, las relaciones políticas y el desarrollo social de México. Sin embargo, refleja también la debilidad institucional en seguridad. La estabilidad se interpreta de dos modos: estancamiento y avances por debajo del potencial. Por ejemplo, en el sector de innovación, México se ha mantenido en el lugar 26 desde 2008, a pesar de aumentar la inversión y los resultados científicos, pero no lo ha hecho al mismo nivel que otros países. En cambio, al evaluar el mercado de factores, como sería la formalidad laboral y la eficiencia energética, México pasó del lugar 32 al 28.

Ahora bien, lo relevante de este reporte está en la postura contraria a recetas milagrosas o la dificultad de concretar alternativas perfectas. “Apenas hace unos años las preguntas más importantes eran ¿cuántos maestros hay en el sistema nacional de educación pública?, ¿dónde están esos profesores?, ¿a qué escuelas atienden y en qué turnos? Hoy las preguntas hacia el futuro son ¿cómo evaluamos a esos maestros? y ¿cómo logramos que la evaluación se asuma como una herramienta del mérito y la profesionalización y no como un mecanismo de sanción?”. Para el IMCO el cambio de la orientación de las preguntas, es una transformación institucional que no se debe frenar. Por el contrario, hay que fortalecer la credibilidad de los procesos de evaluación, capacitación y asignación de plazas derivado de las Reforma Educativa, a través de acciones como un observatorio ciudadano que vigile dicho proceso, como ya se hace en la Ciudad de México.

Los denominadores comunes del memorándum del IMCO son: la profundización de las reformas educativa, energética y de telecomunicaciones logradas en el sexenio del Presidente Peña Nieto, un marco fiscal más propicio para el mercado laboral, las inversiones y las pensiones, el uso extendido de datos y tecnología digital para el diagnóstico y seguimiento de las políticas públicas y mecanismos que intensifiquen la reducción de la impunidad.

Así, nos encontramos con propuestas como una política de datos abiertos para “medir la prevalencia, complicaciones, tratamiento y sobrevida de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que son de las primeras causas de discapacidad en México”, “reducir el gravamen al trabajo a personas con ingresos menores a 10 mil 298 pesos y financiar la afiliación a la seguridad social con impuestos al consumo, no con impuestos ni contribuciones de nómina, en un sistema efectivo de acceso universal”, mejorar los procesos de consulta indígena en proyectos de energía y consolidar los sistemas anticorrupción.

Sin duda, cada nueva administración, ya sea en el Gobierno de la República o a nivel estatal, que sería el caso de Yucatán, tiene que presentar una plataforma para lanzarse a explorar nuevas oportunidades. Pero lo debe hacer a partir de un mapa de ruta, de un rumbo bien definido. Un mapa que ubique, con precisión cartográfica, lo que ha servido y lo que hay que desechar. Una ruta que guíe hacia lo que estamos de acuerdo. Un acuerdo democrático, de ciudadanos participativos y gobiernos responsables.


[i]Mérida, Yucatán[/i]
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