No es militarización

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 15 de diciembre, 2017

Con frecuencia, la violencia que sufre la gente del sur del mundo es el resultado de una acción coordinada entre el poder político-económico del norte del mundo y del sur”, decía un texto hallado durante mis lecturas en la Casa de las Conchas, antiguo palacio urbano de estilo gótico y elementos platerescos ubicado en Salamanca, España, en su viejo casco histórico, convertido en una impresionante biblioteca salmantina a unos pasos de la Cueva citada por Cervantes en sus Entremeses.

Decía el libro [i]La fábrica de la pobreza[/i] (editorial Popular, Madrid, 1994, varios autores) “que la pobreza no es una fatalidad. Está organizada día a día por una máquina económica pensada no para servir al hombre sino para hacer triunfar los intereses de los poderosos…en una palabra, la pobreza está organizada por una máquina de dimensión mundial con brazos operativos, a veces autónomos, a veces manipulados desde el centro, que actúan en cada rincón de la Tierra”.

Esa maquinaria opera realizando reformas –que los jilgueros del régimen preconizan y aplauden cual monos- como la apenas aprobada al vapor en el Senado por el PRI, Verde y el grupito de senadores calderonistas del PAN, llamada Ley de Seguridad Interior. O la que están por aprobar, de prisa y corriendo también, los diputados del PRI –y pergeñada por los legisladores “obreros” en San Lázaro, de la CTM y de la CROC- en materia laboral.

No, no es militarización –nos dicen- que los militares vigilen las calles del país o se aparezcan, en un operativo “contra un par de narcomenudistas”, en la colonia Mulsay de Mérida, como sucedió hace dos noches.

Ya se sabe, el uso del lenguaje orweliano, la guerra es la paz, nos dice que el uso intensivo de las fuerzas armadas en tareas que deberían estar encomendadas a las policías y bajo supervisión de civiles, no es militarización, sino democratización y pacificación. Aunque la evidencia empírica, la violencia, desde el despliegue militar iniciado con Felipe Calderón bajo su fallida “guerra al narco”, no haya hecho otra cosa que empeorar, entre fosas clandestinas, desaparecidos, ejecutados y una delincuencia que no cesa de escalar desde las mismas instituciones que deberían combatirla.

Sin embargo, los sabios del régimen reconvertidos en doctos opinadores nos dicen que no estamos ante la aplicación de un plan de choque para controlar cualquier brote de descontento con el modelito económico y político neoliberal, sino ante una estrategia para combatir a las organizaciones criminales, las que obviamente no son abanicadas por agencias internacionales o socias del gobierno que dicen combatirlas.

Es falso, nos dirán, que el modelo de capitalismo delincuencial, “Crony Capitalism”, en el que vivimos necesite de la violencia para mantenerse y prosperar.

Niegan que este modelo de “desarrollo” necesite de las bayonetas, de la manu militari, convertidas a través de la propaganda fascistoide en los salvadoras de la Patria y del Pueblo, y no en operadoras de un conflicto interno al servicio de intereses extranjeros y de sus aliados internos.

Las Naciones Unidas, desde Ginebra, lo han dicho con claridad a los Pinochetistas en turno, a los Díaz Ordacistas del nuevo tiempo mexicano: El proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza militar, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.

Insisten en que “nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".

Y advierten que “el Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

Por si fuera poco “no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”.

La ONU puntualiza: “El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad".

Además, no hay vía de salida a este laberinto de Minos. Es decir, el modelo prevé que se eternicen la violencia y la militarización, mientras nos convierten “en potencia”, entre muertos, desaparecidos y feminicidios, fraudes electorales, huelgas aplastadas a balazos, robos de tierras y asesinatos de luchadores sociales y periodistas.

[b]@infolliteras[/b]