Sumisión y silencio, frente a nombramiento de fiscal

René Ramírez Benítez
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Viernes 8 de diciembre, 2017

Y así se designó al fiscal anticorrupción en Yucatán. Ante una oposición sumisa, callada, cómplice. Ante una ciudadana sin voz, sin representantes. Ante nuestros ojos se designó al que supuestamente debe llevar ante a la justicia tanto a servidores públicos como ciudadanos que cometan alguno de los delitos en materia de corrupción.

Sin debate, sin nada.

No sólo es condenable y debatible la forma, el fondo también preocupa. El que ahora ocupa el máximo cargo de procuración de justicia en materia de rendición cuentas, ocupaba antes un cargo de “defensor del pueblo” ante las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Sin embargo, el antes ombudsman y ahora fiscal anticorrupción calló. Porque prefiero emitir recomendaciones vacías y carentes de fuerza. Porque prefiero ser complaciente con el poder y ser “amigo” en lugar de alzar la voz ante los casos de tortura; porque prefirió callar ante los feminicidios y la sistémica violencia que viven las mujeres en el estado; porque fue imperante el silencio ante la situación de discriminación que vive la comunidad LGBTTTIQ yucateca y las comunidades indígenas cuyas tierras se están viendo vulneradas y arrebatadas.

Más preocupante aún es que una persona con un currículum de servicio público en el cual resalta el silencio y la cercanía y complacencia al poder, ocupe un cargo con la naturaleza que conlleva ser fiscal anticorrupción.

Tal es el caso de Guillermo Ascencio con la recomendación 16/2015 que señala a la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Progreso como responsables de violar derechos humanos, no obstante, no ha pasado absolutamente nada y como este hay cientos de casos.

Con esta designación, el cargo ya tiene un vicio.

Con esta designación, se eliminó la autonomía que muchos esperamos del titular de esta fiscalía.

Con esta designación, nos dejan claro a los ciudadanos que pesan más los intereses particulares y el poder político que la ley y los intereses de los ciudadanos.

Con esta designación, el ánimo del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción de poder llevar ante la justicia a los gobernadores abusivos, los presidentes municipales y servidores públicos corruptos se pervierte y elimina toda capacidad legal e institucional para combatir la corrupción, e incluso una agravante en este panorama es que suceda en aras de épocas electorales.

Porque como menciona la organización de derechos humanos Indignación A.C respecto a la institución que el fiscal Goff presidió: “Codhey no califica las violaciones de acuerdo con los más altos estándares, sus recomendaciones son deficientes y no las publicita...las recomendaciones, deficientes, son colocadas discretamente en la página de internet de la Codhey y en el informe anual, disponibles únicamente para investigadores interesados, empeñados en hacer esa consulta. No se publicita, no se anuncia, no hay ningún proceso de comunicación para hacer uso de la herramienta con la que cuenta un organismo como la Codhey: la recomendación y la publicidad de esa recomendación...”.

Cómo olvidar el caso de falsificación de una firma por parte de un visitador de la Codhey mientras Goff era secretario Ejecutivo. Ante todo esto, no queda más que elevar la evaluación ciudadana al trabajo de José Enrique Goff como fiscal anticorrupción, porque es claro el mensaje del gobernador Rolando Zapata Bello: no existe la voluntad política para combatir la corrupción. Ese mensaje no es solo del ejecutivo, de la oposición también, y con ello solo nos queda organizarnos y exigir, exigir que Yucatán no sea esa entidad federativa donde “no pasa nada” pero sabemos que suceden muchas situaciones.

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