Aguakán-Capa: ¿complicidad o transparencia?

Hugo Martoccia
Foto: Aguakán
La Jornada Maya

Lunes 4 de diciembre, 2017

A más de un año de gestión es difícil para el gobierno mantener el relato de Aguakán como un ejemplo de corrupción. En los próximos meses va a suceder que aquello que fue una bandera fundamental en la campaña electoral (la empresa como ejemplo de desmesura del borgismo) se va a convertir en un lastre propio: los adversarios políticos van a señalar esa incongruencia.

Cada día que pasa sin que ese espinoso tema se explique o resuelva es una nueva sombra de sospecha sobre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa). ¿Por qué es imposible quitarle la concesión a Aguakán? No hubo forma de saberlo durante años. Y no la hay ahora. Capa guarda un silencio que pasó de estratégico a sospechoso.

El contrato de Aguakán es como un mito infantil. Es casi el fantasma malo que aparece cada vez que los niños no quieren comer. La forma que ha adquirido ese mito para la administración pública quintanarroense, desde hace años, tiene que ver con redacciones y cláusulas legales.

El mito dice más o menos así: “Las condiciones del contrato hacen imposible revocar la concesión de Aguakán sin pagar miles de millones de pesos”.

Como todo mito, por supuesto, no necesita confirmación empírica. Pocos conocen las condiciones de ese contrato. En los hechos, podría ni siquiera existir. No importa; debemos asumir que eso es real.

Es increíble que uno de los temas que más enojan a la sociedad, nunca haya sido transparentado. Durante años, cada vez que el impulso de algún alcalde lo llevaba a enfrentarse con la concesionaria, su lucha terminaba fulminada por el mito. El contrato, leonino, impedía tocar a la empresa.

La actual administración estatal parece haber empezado a recorrer ese camino. Del impulso inicial por desenmascarar la corrupción de esa concesión, se pasó al silencio y la inacción.

Capa parece decidido a ocupar el lugar que hasta hace poco ocupaba Sintra. La opacidad y las sospechas de acuerdos impronunciables ahora rodean al titular de la paraestatal, Gerardo Mora, como antes rodearon al titular de Sintra, Jorge Portilla.

[b]La Historia[/b]

La concesión de Aguakán la entregó el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien reconoció que había recibido una gratificación económica de la empresa. Es decir, el proyecto nació torcido.

Con el paso de los años el mito se agrandó, y ningún gobernador priísta, ni los alcaldes priístas u opositores de los municipios afectados hicieron mucho por el tema. Siempre fue, durante las campañas, una bandera electoral. A la hora de la gestión, de tomar decisiones fuertes, el mito sepultó toda acción.

El borgismo llevó el tema, como casi todo, hasta niveles ridículos de corrupción. Durante ese sexenio infame, Aguakán fue parte (consciente o inconscientemente, la justicia debería decidirlo) de una trama casi inverosímil.

Le aumentaron los años de la concesión en Benito Juárez e Isla Mujeres hasta 2053 (23 años más) y le entregaron inexplicablemente la concesión de Solidaridad y Puerto Morelos. A cambio, Aguakán pagó mil 50 millones de pesos, que desaparecieron de las cuentas públicas.

Pero el problema es que esa opacidad alrededor de la relación entre el estado y la empresa se ha mantenido en la actual administración.

[b]Capa, el culpable[/b]

Con pocas semanas de distancia, las presidentes municipales de Puerto Morelos, Laura Fernández, y de Solidaridad, Cristina Torres, se encargaron de dejar en claro que Capa es el principal obstáculo que tienen para quitar a la empresa concesionaria de sus municipios.

La acusación se hizo con buenos modales políticos, para no generar un enfrentamiento y una polémica, pero ahí está.

Un par de meses atrás Laura Fernández presentó una millonaria obra que hará Aguakán en varias zonas de su municipio. La prensa le preguntó si con esa decisión se desistía de pedir la revocación de la concesión de la empresa. La alcaldesa dijo que no, que ese pedido estaba en el Consejo Directivo de Capa, donde debe resolverse. Ella no puede hacer más.

Esta semana, Cristina Torres anunció que en enero presenta la denuncia contra Aguakán. Casi imperceptiblemente deslizó el fondo del asunto: para sustentar esa denuncia, espera un dictamen técnico que Capa no le entrega. El dictamen técnico es el análisis que debe hacer la Comisión de Agua sobre los incumplimientos de Aguakán.

Cristina Torres ya avisó, sin embargo, que la denuncia llegará al juez, y éste deberá requerir a Capa el dictamen técnico. Si ésta no lo tiene o no lo entrega, las peores sospechas se habrán vuelto realidad.

Ninguna de las dos alcaldesas pretende enfrentarse al Gobierno del estado, pero lo que hacen tiene una lógica clara: deben enfrentar sus reelecciones con una de sus principales banderas de campaña no resueltas. Tarde o temprano, deberán señalar a Capa sin demasiados circunloquios.

[b]La hora de actuar[/b]

La mejor forma de resolver este problema es la transparencia. El estado, por intermedio de Capa, debe dar a conocer punto por punto las condiciones de ese contrato con Aguakán que impiden la revocación de la concesión.

No hay excusas para no hacerlo. No es un contrato que por su naturaleza debiera ser información sensible, no publicable. Es una concesión de agua potable y alcantarillado con condiciones de uno y otro lado que deben ser claras y transparentes.

Es hora de que el Gobierno estatal devele el mito, si no quiere que ese mito oscuro se trague una parte importante de su credibilidad.

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