El Congreso, entre Uber y las luminarias

Hugo Martoccia
Foto: Info QRoo
La Jornada Maya

Lunes 27 de noviembre, 2017

Un diciembre difícil amenaza a los diputados locales. Dos temas arduos, con diversos grados de urgencia, se llevarán todas las horas y preocupaciones de los legisladores. No se trataría, quizá, de un dato tan significativo si el ambiente no estuviera contaminado, como ya lo está, con la campaña electoral inminente.

La ley de movilidad es desde hace mucho un dolor de cabeza. Primero fue su tardanza en salir a la luz. Ahora es la premura por su aprobación. En el medio hay una batalla estruendosa entre el histórico poder taxista y Uber, un monstruo multinacional que apenas ha comenzado a mostrar sus garras.

Por otra parte, la concesión del alumbrado público en Benito Juárez llegó en mal momento al Congreso. Hay diputados que se imaginan los votos que podría darles levantar la mano contra de ese proyecto. Pero hay otros que piensan, con más lógica, que son pocos los argumentos para bajarle el pulgar.

Lo peor de todo no es la complejidad de los temas, sino que muchos diputados los van a tratar como parte de sus campañas electorales.

[b]Un iceberg llamado Uber[/b]

El martes de la semana pasada, los diputados se dieron cuenta de todo lo que Uber significa, para bien y para mal.

La empresa multinacional hizo un recorrido mediático que terminó en una reunión privada con diputados en el Congreso. La impresión de los legisladores fue unánime: la empresa apenas inicia una ofensiva feroz para que la ley de movilidad sea exactamente lo que ellos quieren.

“Ellos no entienden de regulaciones”, dijo un diputado que participó de la reunión. La empresa dice que la gente los quiere, y con ese argumento anhelan que Cancún sea una frontera abierta, sin regulación alguna para su negocio.

En una conferencia de prensa en Cancún, Uber mostró su poder mediático. Sentó a los dirigentes de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe a decir lo que ellos querían. Por supuesto, todas fueron loas a la multinacional.

La idea final de Uber es que no haya restricción alguna al número de vehículos que pueden meter en las calles de Cancún. Hasta dieron un número: 10 mil en seis meses. Hay más; quieren modificaciones en el precio base de los vehículos, la antigüedad de los mismos, y que el pago de los usuarios pueda ser en tarjeta o en efectivo.

Si los diputados cedieran a todas esas exigencias, la iniciativa de ley simplemente sería otra. Uber tiene que entrar a Quintana Roo legalmente. Esa es una certeza que tienen los diputados. La otra es que de ninguna manera le pueden dar todo lo que pide.

Pero la negociación será dura, porque deberá ser un balance entre lo que se le quite a uno para pedirle a otro. En un rincón estará Uber, y en el otro los taxistas.

El problema adicional será, por supuesto, que son varios los diputados que tienen intereses electorales en Cancún. Si la mirada que aplican para el tema es la del corto plazo y de rentabilidad electoral, la discusión puede volverse una pesadilla.

El entorno social ayuda poco. La deficiente operación de Sintra en este tema creó un contexto desventajoso para negociar. La multiplicación de imágenes de taxistas atacando a choferes de Uber con la complicidad, por acción u omisión, de la autoridad, hicieron de la multinacional una innecesaria víctima.

Esa victimización ha multiplicado el poder mediático de la empresa para intentar imponer condiciones.
La luz de Cancún

El Ayuntamiento de Cancún aprobó por unanimidad la concesión del servicio de alumbrado público por 20 años. Ese dato, el de la unanimidad, es el más complejo de todo el análisis. No es un dato menor que todos los regidores hayan apoyado esa concesión.

El tema debe ser aprobado en el Congreso, y ahí hay un problema. Un Congreso no puede desconocer, porque sí, una decisión política de esa magnitud. En ese Cabildo, guste o no, está representado el 100 de los votos de Cancún en la última elección.

Como todas las concesiones, los aspectos técnicos en la concesión del alumbrado público son casi imbatibles. La letra grande dice que con el mismo dinero que hoy se mantiene un alumbrado deficiente, se cambiarán todas las luminarias, se mantendrán éstas en condiciones, e incluso habrá un ahorro importante por el uso de nueva tecnología.

Pero el problema de las concesiones en el Estado han sido las letras chicas. Un contrato similar a éste fracasó en Othón P. Blanco años atrás. Aguakan es el ejemplo más conocido de un contrato lesivo. El estado concesionó un servicio, y hoy es rehén de la empresa. Eso es lo que nos enseña la historia.

Pero si los diputados no encuentran en la letra chica una cláusula contraria a los intereses públicos, difícilmente puedan sostener políticamente una postura negativa contra la concesión.

Hay un dato que no se puede soslayar. La mayor política pública de Carlos Joaquín para generar infraestructura en el estado es la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Todos los diputados, incluso los del PRI y el PVEM, votaron a ojos cerrados esa Ley, que merecía un mayor debate.

Si se lee la Ley, no hay mucha distancia entre lo que ésta propone y permite, de lo que hizo el Ayuntamiento de Benito Juárez. Remberto Estrada y el Cabildo también tienen sus responsabilidades: deberían explicar mucho más a fondo las bondades de esta decisión, que es de importancia trascendental para el municipio.

Para peor, en la discusión legislativa también habrá cuestiones electorales. Algunos diputados pueden tener interés en hacer del tema una bandera de campaña. Lo estrictamente legal y lo electoral se mezclarán irremediablemente.

Hasta hoy, nunca trajo buenas noticias esa mezcla de intereses.

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