Presupuesto de 2018: verdad o mentira

Carlos Mena
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 23 de noviembre, 2017

Existe una alta concentración mediática por el presupuesto del país para 2018, como si los ingresos y gastos proyectados se ejecutaran al pie de la letra, como si la opinión y debate de los legisladores fuera determinante en el destino de la riqueza pública para la solución de las necesidades sociales; nada más lejos de la verdad.

Para el año 2016, la cámara de diputados aprobó 72 millones en Comunicación Social de la Secretaría de Salud, al final del año gastó mil 543 millones; a Comunicación Social de la Secretaría de Educación se le asignó 76 millones, al final del año gastó mil 82 millones; a Comunicación Social de Sedesol se le aprobó 73 millones y terminó gastando 573 millones; en Sedatu se aprobaron 38 millones para la Oficialía Mayor y terminó con dos mil 383 millones de pesos, pero fíjense, en los programas de gasto directo social no se mueven sólo gastos administrativos y de comunicación.

De los 4 billones de pesos del gasto federal en 2016 se modificaron 950 mil millones de pesos, es decir, casi un 25 por ciento no se aplicó a lo que publicaron en los medios y aprobaron los legisladores. Ahora del monto total (federación, estados y paraestatales) se gastó un 4.6 por ciento más, es decir, no sólo hubieron recortes de 240 mil millones anunciados si no que gastaron 267 mil millones más.

En los ingresos pasó igual que en 2016, se obtuvo un 13 por ciento adicionales, cerca de 670 mil millones de pesos; es decir aproximadamente 16 veces el presupuesto de Yucatán o seis veces el presupuesto peninsular, lo que equivaldría al de Yucatán, Campeche y Quintana Roo juntos.

Si bien, se reportan los cambios no existe escrutinio público que estudie las modificaciones por una sencilla razón: si el cambio es menor del 5 por ciento no se sabrá hasta que termine el año, pero hay partidas de 65 mil millones y si cambia el 5 por ciento, aunque es mucho dinero se sabrá tarde.

La realidad es que los recortes anunciados para 2016 en el presupuesto nunca se ejecutaron, no se consideraron las ganancias del Banco de México, ni se legisló el destino de ingresos adicionales como licitaciones o recaudación mayor a la esperada.

Si hubiera un ejercicio mediático o mecanismo legal obligatorio para que los desvíos al presupuesto se revisaran, justificaran o sancionaran el país estaría más acorde a lo planeado. Esta falla hace que la discrecionalidad política esté por encima del orden financiero y democrático. Veremos en marzo cómo nos fue en 2017.

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