Una foto y dos con sal

Felipe Escalante Tió
Foto: Gerardo Jaso
La Jornada Maya

Martes 22 de noviembre, 2017

Tal vez, simplemente, alguien tenía que ser el pagano, el chivo expiatorio. Una imagen, tomada en la madrugada, desde las alturas, a control remoto. Sólo el fotógrafo vio el vuelo del dron, operó para colocarlo en posición, y apretó el obturador digital. Después esa fotografía apareció en un portal, luego Facebook, Instagram, y de ahí llegó a cruzar el continente, por ser presuntamente ilegal.

Por supuesto, César Mendiburu Heredia sabía que esa imagen podía acarrearle algún problema. En su propia publicación indicó: “Hasta donde yo sé, no existen leyes sobre el uso de drones en áreas federales”. Ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha anunciado el inicio de un proceso administrativo para sancionar al fotógrafo.

César parte de una base incorrecta. Zonas federales las hay de muchos tipos. No es igual Chichén Itzá a, por decir, las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, el X Batallón de Infantería, los aeropuertos o el Puerto de Altura de Progreso. Simplemente algunas son más estratégicas que otras y en algunas de ellas habría existido una alerta por la presencia del dron. Como quedó demostrado, la seguridad de Chichén Itzá es nula ante estos equipos.

Ahora bien, el INAH alega que existe una regulación para la toma de fotografías o video “con equipo especial y/o profesional”, y un trámite relativamente accesible para solicitar el permiso. Sin embargo, según se desprende de la página de Internet a la que remite el Instituto, el permiso aplica cuando se pretende dar un uso específico a las imágenes, pues a la solicitud debe anexarse un guión, storyboard o dummy; un texto “en que se exponen, los detalles necesarios para la realización del levantamiento de la imagen que abarca tanto los aspectos literarios, como los técnicos”. En pocas palabras, el permiso es para el uso comercial de las imágenes o grabaciones obtenidas.

Aquí pregunto, ¿cuál es la afectación real? Si es porque César no pagó el correspondiente derecho por “equipo especial”, el daño no pasa de ahí. Hay un problema desde el marco normativo, y especialmente qué se entiende por “equipo especial”. En la práctica, basta con que un visitante se acerque con un tripié para que el personal de las zonas arqueológicas le indique que eso se considera dentro de la mencionada categoría. Sin embargo, no hay obstáculos para teléfonos celulares que pueden tener una definición comparable a la de ciertas cámaras. Quien lleva un trípode puede ser un simple aficionado y el del celular productor de un documental. En el caso de la fotografía aérea en cuestión, hasta el momento no encuentro indicios de que César haya obtenido algún ingreso por ella.

Me pregunto también si el caso se trataría de otra forma si la zona arqueológica fotografiada fuera una menos conocida y concurrida; digamos Oxkintok.

Gran parte del revuelo es porque se trata de Chichén Itzá; mientras, el segundo sitio ofrece varios estilos del llamado Arco Maya. Tan maravilloso un sitio como el otro, sin embargo, apuesto a que el tratamiento sería distinto.

¿Qué sucedería con imágenes obtenidas, ya no de zonas arqueológicas, sino de monumentos históricos, como iglesias y catedrales, de los que sí hay incluso videos transmitiéndose por diversos canales de televisión, es decir, con fines de promoción para estos negocios? Tal vez porque el alcance ha sido hasta ahora local, no hay mayor molestia.

El INAH tiene varias deudas con la opinión pública respecto a cómo cumple sus funciones y aplica sanciones. Recordamos el escándalo, ocurrido en septiembre de 2006, cuando Thalía, la esposa del productor discográfico Tommy Mottola, hermana de una ex delegada del Instituto en Yucatán, cuyas fotos en áreas de Chichén Itzá cerradas al público terminaron publicadas en una revista de espectáculos. El escándalo motivó la salida de la funcionaria, pero nunca nos enteramos del monto de la multa.

Existen otros pendientes, mucho más problemáticos para el INAH: la presencia de vendedores ambulantes en la zona y la realización de conciertos en la misma. Desde aquel de Luciano Pavarotti en 1997, luego Sarah Brightman, Elton John, y próximamente Armando Manzanero, seguimos esperando la respuesta a si las maniobras con el equipo de sonido y luces, montaje del escenario y finalmente las vibraciones no afectan los edificios prehispánicos. Acaso vemos alguna manta del sindicato del INAH protestando por su realización, pero no una postura institucional.

¿Mi conclusión? La foto debiera obligar al INAH y a los interesados en la conservación del patrimonio a trabajar en actualizar y aclarara la legislación del ramo, y aunque no soy juez ni conocedor del derecho, para mí no hay más que una falta administrativa. Concentrarse en castigar a César Mendiburu, quien a fin de cuentas dio al público una imagen hermosa, es quemar la pólvora en infiernitos.

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