El enfoque agroterritorial

José Miguel García Vales
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 7 de noviembre, 2017

Hay jornadas en las que se debe escribir sobre los puntos de encuentro. Días en los que podemos contrastar datos, indicadores y tendencias de políticas públicas, para enriquecer el debate sobre las soluciones a situaciones que son comunes en Yucatán, Jamaica, África Subsahariana o en Lombardía. Ya sea sobre el índice de innovación o una nueva legislación para la seguridad vial, en esta columna semanal para [i]La Jornada Maya[/i], pretendo continuar el espacio de reflexión abierto en [i]Punto Medio[/i].

Si miramos al campo y la ciudad como realidades separadas, asumimos que sus problemáticas son igual de distantes. El servicio público de transporte, el exceso de automóviles y sus efectos en la movilidad urbana, no tienen relación con los mecanismos para asegurar el servicio de agua potable y electricidad en una población de menos de 2 mil habitantes.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su reporte 2017, invita a comprender la estrecha relación entre campo y ciudad como un sistema alimentario con un enfoque “agroterritorial”. Ésta tiene dos componentes, el agroindustrial y el espectro rural-urbano.

Se parte del hecho de que, a nivel mundial, a pesar de que se prevé un crecimiento de la población hacia el 2050 de 7 mil 300 a 9 mil 800 millones de personas y que esto supone la necesidad de incrementar en 50 por ciento la producción de alimentos, se estima que de no tomar medidas adecuadas, mil 700 millones de personas que actualmente se dedican a la agricultura, tengan que abandonar esta actividad. Esto provocaría migraciones y pobreza.

Para la FAO, el crecimiento de la población en las próximas décadas significa aumento de consumo de alimentos en ciudades, cambio en hábitos de consumo (de alimentos básicos a transformados y de cereales a proteínas), así como presión de recursos y cambio climático y también nuevas oportunidades y retos para gobiernos, universidades, inversionistas y pobladores de zonas rurales, tanto en la producción directa de alimentos como en etapas posteriores.

En otras palabras, se tiene que producir más y diversificar los productos alimentarios, con más tecnología, menos impacto ambiental y menos mano de obra de agricultores y agricultoras. Para compensar la pérdida de empleo agrícola, se requiere fortalecer la cadena alimentaria: “mediante la expansión de los segmentos no agrícolas del sistema alimentario —a saber, la comercialización, elaboración, envasado, distribución y almacenamiento—, las ciudades se convierten en los centros de una economía rural no agrícola en crecimiento”.

Así, bajo el enfoque “agroterritorial”, las ciudades intermedias adoptan una posición de enclave entre la zona rural y las grandes aglomeraciones urbanas. Es en las ciudades intermedias donde se deben impulsar emprendimientos alimentarios, servicios logísticos y relaciones mercantiles de mayor valor.

En Yucatán, la producción de alimentos, reflejada en el sector agropecuario y en la industria alimentaria, equivale a más del 11 por ciento del Producto Interno Bruto y cerca de 200 mil personas se dedican a estas actividades. Ciudades como Tizimín, Valladolid, Progreso, Motul y Oxkutzcab (que en promedio cuentan con 52 mil habitantes cada una), han destacado históricamente como puntos de enclave entre la zona rural y Mérida u otros centros urbanos.

Proyectos como el del Centro de Carga del Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, que contará con bodegas para la transformación agroindustrial y movimiento logístico de productos locales, son un ejemplo claro de cómo relacionar el espectro rural-urbano de municipios del oriente de Yucatán, Valladolid y el polo regional de Cancún y la Riviera Maya.

Por poner otro ejemplo, la propuesta de solicitud de denominación de origen del Pulpo Maya, que impulsa el gobierno del estado de Yucatán junto con los gobiernos de Campeche y Quintana Roo, es un ejemplo de cómo transitar de productos básicos a productos transformados que cuentan con un mayor valor agregado, a la vez que se revalora el producto originario, generan nuevas cadenas productivas y nuevos empleos.

En este sentido, para que el espectro rural-urbano y la cadena alimentaria tenga efectos positivos en Yucatán, es preciso fortalecer el sistema urbano de ciudades intermedias en relación con la política de desarrollo rural. Así, podremos darnos cuenta de que lo que ocurre en una cooperativa de productores milperos de Tiholop en Yaxcabá o una cooperativa de pescadores de pulpo en Telchac Puerto, no es ajeno a una solución de infraestructura logística en Valladolid, ni a la expectativa de un ciudadano-consumidor de Altabrisa.

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