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Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 18 de octubre, 2017

¿Qué pasa con el proyecto para establecer una granja de cerdos en Homún? ¿Realmente se trata de un asunto corrupto, de un ecocidio avalado por las autoridades responsables de garantizar la conservación del patrimonio natural de Yucatán? La verdad, no lo creo. Más bien, creo que se trata de un asunto de desinformación, de dolo político, quizá; pero sobre todo de falta de gobernanza. Dicho de otra manera, carecemos de mecanismos apropiados para confrontar intereses diversos, y encontrar espacios de consenso que nos permitan ordenar el quehacer social, y la apropiación social del entorno.

Puede que sea cierto que la creación de áreas protegidas tales como la de Laguna Yalahau, o la Reserva Geohidrológica, no hayan atravesado por un proceso de consulta suficiente y adecuada con las comunidades afectadas por su creación. Esto puede considerarse como un error de la actuación del gobierno, pero no invalida la supremacía del interés público, en tanto que se trata de sitios en los que merece la pena establecer recursos formales de protección; es decir, establecer áreas protegidas.

Ahora bien, parece ser que no se entiende que un área protegida no es un sitio donde se prohíbe toda actividad productiva. Más bien, se trata de regularla y ordenarla, de manera tal que pueda convivir con la conservación del paisaje y, a la vez, garantizar que puede resultar productivo, sustentablemente. ¿Dónde dice que esto es incompatible con la producción pecuaria, incluso con la producción de cerdos? De hecho, lo que dice el programa de manejo del área es que la producción de cerdos está condicionada. Revisemos entonces las condiciones. Entiendo que éstas aparecen en la resolución que la Seduma emite en respuesta al manifiesto de impacto ambiental de la empresa que propone el proyecto. Creo que muchos de los que hoy se oponen al proyecto, no conocen el manifiesto, ni la resolución de la Secretaría.

Lo cierto es que hoy, en lo correspondiente al medio ambiente, en nuestro escenario de desconfianza universal, sentimos que debemos responder, no a lo que dice la información oficial (sea cierta o falsa), sino a lo que nos sugieren quienes ponen por delante los términos de “corrupción”, “ecocidio”, o “contaminación”. Usar estos calificativos es fácil: nos ahorra pensar, cuestionar y criticar. Nos ahorra comprometernos.

¿Quién acusa entonces a Batllori de mentir o de hacer declaraciones “a modo”? ¿Quién es, en Homún, el grupo Indignación, es un grupo partidario y oscuro de la derecha nacional o es un órgano democrático sin afiliación partidaria? ¿Y qué tiene que hacer en Homún? ¿Qué quiere decir “declaraciones a modo”? ¿A modo de quién, o por qué?

A mi juicio, hace falta abrir una mesa de negociación, de discusión y decisión, en la que participen todos los actores legítimamente involucrados en la apropiación del paisaje de Homún: los ejidatarios, autoridad local (el municipio), el gobierno del estado a través de la Seduma, y la Conagua, en calidad de responsable nacional de los cuerpos de agua del país.

Hoy parece fácil gritar ¡Corrupción! ¡Colusión!, o indiferencia y desconocimiento. Pero es eso, fácil. Yo invito a un camino más difícil: confiar, comprobar, cuestionar, criticar, convenir, acordar y actuar el camino de la democracia genuina. En realidad, nadie ha probado en Homún que se aproxime un desastre ambiental irremediable. Quienes participan en la discusión parecen tener agendas distintas de la sustentabilidad del desarrollo de ese municipio. Más bien, parece abonar a agendas políticas que poco tienen que ver con él.

La discusión se tiene que llevar a cabo en otros sitios, distintos de los medios de comunicación, y debe convocar a quienes genuinamente tienen intereses involucrados en el asunto: primero, a los dueños de la tierra de la mayor parte del área protegida; es decir, a los ejidatarios; en segundo lugar, la autoridad local; o sea, el municipio; en tercero, la autoridad que ha asumido la responsabilidad de garantizar la sustentabilidad del área (la Seduma); y en un cuarto, y lejano lugar, los representantes del legítimo interés de desarrollar ahí un empresa.

¿Hay alguna objeción para juntarse a conversar y decidir? ¿Por qué no abrir un grupo de manejo del área, donde participen, sin la injerencia de grupos externos, los ejidos, la autoridad local, los empresarios interesados en el proyecto y la autoridad estatal, en busca de una respuesta que satisfaga los intereses de todos. Yo estoy seguro de que puede hacerse, es cuestión de voluntad política.


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