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Joana Maldonado
Foto: @vazquez_fatima
La Jornada Maya

Rafael Quintanar, ex perredista y ex militante de Morena, es investigado por la recién nombrada Secretaría de la Contraloría, pues durante los ocho meses que estuvo al frente del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), se presentaron irregularidades.

Según la información que ha trascendido, Quintanar desordenó u ordenó irregularmente la estructura orgánica del IEEA creando cargos que no existen en el organigrama como las seis coordinaciones en Cancún que no se contemplan en la estructura orgánica, ni muchos menos en la nómina.

De octubre del 2016, un mes después del inicio del gobierno estatal hasta mayo, Rafael Quintanar González intentó inútilmente abultar la nómina del IEEA porque no le fue aprobada, pero prometió empleo a algunas personas a quienes no les pudo cumplir.

Quintanar González ex perredista que corrió a los brazos de Morena, pensando que podría apropiarse de ese partido con sus ideales socialistas, fue expulsado desde el mes de octubre o renunció, según quien lo declare. Hace unos días llegó al Congreso en busca de los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quizá pretenda volver al Sol Azteca.

[b]¿Y el cambio?[/b]

Al gobierno autodenominado “del cambio” le ha costado caro el pago de facturas por incrustar en la administración a personas como Quintanar González, morenistas que no coincidieron con el proyecto del doctor Pech, así como a los perredistas, panistas y de otros partidos con los que la alianza se dio posterior a las elecciones, porque simplemente muchos no habían ocupado puestos públicos y les ha ganado la novatez.

El próximo 9 de septiembre, a poco más de 40 días, Carlos Joaquín González presentará su primer informe de gobierno. ¿Y el cambio? Preguntan muchos detractores al gobierno autodenominado “del cambio”.

Y vaya que son muchos los que por la circunstancia cuestionan en todo momento al gobierno panista-perredista que encabeza Carlos Joaquín, ciertamente en algunos casos con fundamento, otros no tanto, sobre todo aquellos los que fueron despedidos de las oficinas de gobierno o quienes tienen familiares liquidados después de pasar varios años dentro de alguna dependencia.

Pero seamos sinceros, ni todos los que se fueron eran buenos, ni tampoco los que se quedaron lo son. Es cierto que en algunas áreas ha sido mayúscula la contratación de personal e incluso, la carga burocrática ha sido mucho mayor a la que existía y seguirá creciendo por la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción; pero también es verdad que en otras, el trabajo de un centenar de empleados, lo hacen solo diez, y están laborando bajo mucha presión.

En todas las oficinas de gobierno hay gente que no sirve. Se acostumbraron a hacer nada, no saben prender una computadora, usar un sistema, utilizar la fotocopiadora; no obstante, se mantuvieron dentro de la nómina, cobrando una compensación sólo por sentarse en una silla durante ocho horas a observar pasar el tiempo.

Llegaron a su puesto por padrinazgo o ante cualquier parentesco con un funcionario de alto nivel de las administraciones pasadas, lo que fue más que suficiente para vivir de la burocracia.

Uno de los retos de la administración “del cambio”, es hacer que todas las áreas funcionen, eficientar la labor burocrática y generar un sistema en la que aquellos que realmente sirvan se mantengan en su encargo, más allá de los colores partidistas y, no, no hablo de un sindicato.

¿Parece utópico, no?


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