Equidad a conveniencia

Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 03 de julio, 2017

Defender la equidad y la perspectiva de género dentro de la partidocracia y las instituciones electorales no ha sido más que una bandera electorera de temporada que ha traído más o menos beneficios a las féminas que se hallan incrustadas dentro de la política en Quintana Roo, pero de ninguna manera habla de un verdadero interés sobre el tema, sobre todo en lo relativo a la violencia política.

Por fortuna existe el diario de los debates del Poder Legislativo, que nos recuerda la invariable incongruencia de nuestros actores políticos en temas sustantivos de la vida pública, como la falsa preocupación del priísmo quintanarroense, cuando se trata de equidad de género.

El 10 de noviembre de 2015, la XIV Legislatura, entonces conformada por una abrumadora mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), muchos de los cuáles se alistaban para contender en el proceso electoral de 2016, dieron una estocada al tema de equidad al rechazar el aspecto horizontal de ésta; es decir, que se asegurara la paridad en el registro de candidaturas a los diferentes municipios que integran el estado.

Con la presencia de 21 diputados, se analizó el octavo punto del orden del día, en el que se debatía la minuta de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley Electoral del estado.

De aquella sesión, tras leerse la minuta, la entonces diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Trinidad Argüelles, fue la primera en pedir a sus compañeros el voto a favor de la transversalidad, que obligara a partidos políticos a postular en equidad a mujeres y hombres para las 11 presidencias municipales del estado. A esta intervención le siguió la de la actual presidente municipal en Cozumel, Perla Tun, quien también hizo un exhorto a sus compañeros para votar a favor de la propuesta, a la que se sumó el priísta Filiberto Martínez.

El entonces presidente de la Gran Comisión, el priísta Pedro Flota Alcocer, descalificó estas posturas en las que no participaron las diputadas priístas, ni la propia presidente de la Comisión de Equidad, la priísta Maritza Medina Díaz, asegurando que el tema de la paridad ya “estaba garantizado”.

“No se vale el uso escénico del tema para tratar de jalar agua al molino”, insistió Flota Alcocer. Y claro, al PRI que se preparaba para la elección de junio de 2016, no le convenía obligar a partidos a postular hombres y mujeres por igual, porque eso les llevaría a cambiar de planes en algunos casos.

Y ese “jalar agua al molino” es precisamente lo que un año después, en diciembre de 2016, hicieron legisladores y dirigentes priístas al presentar una iniciativa para reformar la ley electoral e instituir el principio de paridad horizontal.

En un comunicado en el que figura la ex diputada Judith Rodríguez en su carácter de priísta, una de las que se opuso a esta reforma en 2015, el PRI asegura que el tema no se circunscribe a partidos, sino que debe ocupar a todos.

Apenas hace unos días, el dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, se reunió con la presidente del OMPRI y, en un comunicado, aseguró que el empoderamiento de la mujer “es una causa justa que ha tomado como bandera el Revolucionario Institucional, partido que ha demostrado ser el que va a la vanguardia en la equidad de género”.

Ahora sí, para el PRI que está visiblemente en desventaja para la elección de 2018, “la mujer es el motor de estructura del partido”.

Convenientemente, al tricolor le dio por cambiar de opinión en cuestiones de género, igual que pasó con el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), al que luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) le iniciara un proceso por una demanda de “violencia política de género”.

Desde entonces, el IEQROO se ha esforzado por hacernos creer que tienen un trabajo intenso por ir en contra de la violencia política, aun cuando fuimos testigos del maltrato que padecía una de las consejeras integrantes del Consejo Electoral.

En este caso, a los consejeros les ha dado por tener buenas intenciones, ante la amenaza de diversos actores políticos, por pedir la intervención del INE en las elecciones locales de 2018 para elegir a los miembros de los 11 ayuntamientos, pues no hallan en el organismo electoral local la garantía de un proceso imparcial.

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