René Ramírez Benítez
Foto: Reuters
La Jornada Maya
Miércoles 28 de junio, 2017
Balas, muertos, corrupción, impunidad. Días atrás se vivió otro episodio de violencia relacionada al crimen organizado en Cancún. En el “paraíso mexicano” la situación está llegando a un punto de no retorno. La ciudadanía ha quedado atrapada en una guerra sin cuartel. Suceso tras suceso esa entidad se va perdiendo. El problema creciente de la inseguridad no es propio de Cancún, afecta a todo el estado y también podemos afirmar que está en aras de convertirse en un problema regional.
Mientras eso sucede, las autoridades quedan rebasadas por la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales que tienen secuestrado al estado. El narco ha demostrado que vive y crece en casa. En las instituciones, persiste; catalizado y alimentado por una clase gobernante que es espectadora de la crisis; que no sabe qué hacer. Un gobernador que relega la culpa, en lugar de afrontarla; presidentes municipales que no pueden pedir ayuda y se ven en la situación de responder con poco; un Congreso que no sirve para nada, un elefante blanco, que a pesar de tener facultades para exigir cuentas, prefiere callar y, también, una oposición de papel que vive en el silencio.
Además, ahí están los numerosos casos e historias de cobro de piso; las balaceras; las prisiones de la entidad en un caos total; los descuartizados; los homicidios y feminicidios; sin embargo, existe otro gran culpable en este panorama: los quintanarroenses. Los habitantes de esa entidad no hemos podido ser una ciudadanía completa que asuma la responsabilidad y la tarea de la exigencia. No hemos podido articular una defensa, acompañada de una crítica bien fundamentada, pero también de soluciones. El crimen organizado seguirá creciendo, a menos que lo delimitamos; seguirá viviendo, a menos que lo denunciemos. Ellos seguirán peleando la plaza, pero el territorio pertenece a los ciudadanos. Las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no van a funcionar, hasta que los ciudadanos las obliguemos a hacerlo. La voluntad política en Quintana Roo está muerta, y es hora de resucitar la voluntad ciudadana inteligente, que pueda construir más allá de señalar. Que pueda pasar “de la protesta a la propuesta”, como diría Sergio Aguayo. Otro sector ausente es la Academia, que se protege detrás del silencio y el escritorio.
De lo contrario, el problema crecerá de manera exponencial. Como bien lo señala la organización Parametría, los homicidios en Quintana Roo son del doble del promedio nacional, cuantificándose en un 103 por ciento. Otro dato preocupante, es mostrado por el Índice Global de Impunidad, realizado por la Universidad de las Américas Puebla en el año 2016, el cual sitúa a Quintana Roo en un grado de impunidad muy alto (76.61 por ciento) y, comparativamente, es la segunda entidad con mayor impunidad, debajo de Michoacán.
Si bien, la participación ciudadana no es la panacea, sí es el lugar perfecto para empezar la ofensiva. La ausencia de una ciudadanía consciente, crítica y participativa permitió a un Mario Villanueva, a un Roberto Borge y a las organizaciones criminales, gobernar la entidad. Poder corregir lo dañado nos tomará décadas, pero debemos pensar en los tiempos futuros. Quintana Roo fue una vez promesa de prosperidad; es hora que vuelva a serlo.
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