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del

Efraín Tzuc*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 27 de junio, 2017


El pasado viernes diversas organizaciones de la sociedad civil y académicas independientes solicitamos la Alerta de Violencia de Género (AVG) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, horas antes de que ocurriera el sexto feminicidio en Yucatán en lo que va del 2017.

La AVG obliga a que el Estado ponga en marcha una serie de acciones para detener la comisión de delitos contra las mujeres y generar mecanismos que permitan la reducción de los mismos hasta su erradicación.

Las organizaciones peticionarias contamos con años de trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y hemos documentado la violencia de distintos tipos efectuada en su contra. Sabemos que la violencia física y sexual, antesala de los feminicidios, nos coloca a nivel nacional como uno de los estados más inseguros para las mujeres.

Por mencionar algunos de los datos obtenidos, Yucatán es el cuarto lugar nacional en cuanto a violencia contra mujeres casadas o unidas (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011). Sobre la violencia sexual, con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sabemos que en el periodo 2008 a mayo 2017, existieron 7,407 registros por delitos de violencia sexual, lo cual apunta a 311 violaciones al año, en promedio. La información del SNSP coloca a Yucatán en el lugar 16 por los hechos ocurridos. Sin embargo, cuando éstos son analizados en relación a cada 100,000 habitantes**, la entidad ocupa el séptimo lugar en México.

Es importante recalcar que la violencia feminicida, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se refiere únicamente a los feminicidios, sino al «conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres», esto quiere decir que la violencia feminicida representa la situación de riesgo expresada en los distintos tipos de violencia que viven las mujeres por su género y que atentan contra sus derechos humanos, de forma particular contra su derecho a la vida, a la par de sistemáticas omisiones de los Tres Poderes de Gobierno para implementar acciones legislativas, de política pública y de procuración de justicia que garanticen la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta fórmula nociva resulta irremediablemente en la «impunidad social y del Estado».

La solicitud de la AVG es un primer paso, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres debe responder a las organizaciones peticionarias en tres días hábiles. Si la solicitud es aceptada, se integrará un Equipo de Trabajo en los siguientes cinco días hábiles, el cual realizará una investigación para corroborar o descartar la situación que las solicitantes expresamos, para ello cuenta con 30 días naturales. El resultado de esta investigación es un Informe con Recomendaciones que el Gobierno del Estado deberá aceptar o no, en caso de hacerlo, contará con seis meses para implementar las acciones; si lo rechaza, el Decreto de AVG será automático. Posterior a los seis meses, es tarea de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres determinar si el gobierno implementó las medidas necesarias, de no ser así, se decretaría la AVG para Yucatán.

Nos queda impulsar que el proceso sea participativo y de transparencia activa, que todos conozcamos qué está haciendo el gobierno para detener esta situación de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y cómo podemos participar en esta monumental tarea.

*Efraín Tzuc, Coordinador de Investigación de Yucatán Feminicida
**Considerando las cifras de la Encuesta Intercensal 2015, respecto a la población por cada entidad federativa

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b]@yucatanfeminicida.org[/b]
[b]@efra_tzuc[/b]


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