Yucatán: Sin interés en el trabajo doméstico

Luis Antonio Blanco Cebada
La Jornada Maya

Lunes 26 de junio, 2017

En Yucatán es común observar trabajadoras domésticas que carecen de seguridad laboral. Según el Inegi, en 2012 la proporción de trabajadores domésticos de 11 entidades federativas se encontraba por arriba del promedio nacional (4.5 por ciento), siendo la de mayor proporción Veracruz con 6.2 por ciento, seguida de Yucatán, con 6.1; Morelos y Tabasco con 5.9 y 5.8 por ciento, respectivamente. Su jornada es de turno completo, sin horario fijo, a merced de las necesidades del patrón y/o patrona (incluyendo los fines de semana). Muchas de estas mujeres provienen de zonas rurales, son analfabetas y muy jóvenes, además de monolingües (la maya es su lengua materna). Pueden llegar a pasar hasta 15 años en el mismo trabajo, sin aprender a leer y escribir.

Hay escasas investigaciones en torno al campo laboral de mujeres indígenas en las urbes de la península de Yucatán. En todo caso, los estudios se orientan a explicar la migración masculina a los centros turísticos (como trabajadores de la construcción), la constitución de las empresas rurales de mujeres, la profesionalización de éstas últimas en las urbes, entre otras, pero casi nada respecto a la participación laboral femenina en el trabajo doméstico remunerado en hogares particulares. No obstante, se debe destacar el trabajo de la doctora Rebelín Echeverría Echeverría, de la UADY, cuyo análisis desde la sicología social y comunitaria evidencia la situación social de las trabajadoras domésticas en Mérida desde tres tipos de exclusión: cultural, económica y en materia de derechos. De esta forma, estereotipos recurrentes y discriminatorios, ingresos escasos, y desconocimiento de derechos laborales son las variables que explican la exclusión social, respectivamente. ¿Una sola investigación en Yucatán al respecto? Ojalá esté equivocado.

Si bien, existe una Constitución que en su artículo 123 contempla al trabajo doméstico, y le ofrece las garantías “de ley”, se observa que, en última instancia, el cumplimiento de la misma depende de la buena disposición de los empleadores. No hay contrato por escrito. Lo mismo ocurre con el pago de aportaciones al Seguro Social: las trabajadoras pueden inscribirse en un régimen voluntario (el cual es, por cierto, diferente al resto de los trabajadores). Así, al no haber semanas cotizadas de trabajo, no es posible generar un ahorro para el retiro. El esquema favorece al empleador eximiéndolo de toda obligatoriedad. La misma Ley Federal del Trabajo, en su artículo 335 señala que “La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores”. Hasta hoy dicha Comisión no ha fijado una postura al respecto. En Yucatán tampoco existe una política pública clara sobre esta ausencia.

El Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Yucatán no contempla el problema; no hay una sola mención en el documento. El Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en Yucatán tampoco lo visibiliza. En todo caso, hay un documento de reciente creación publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (Decreto 403/2016), el Programa Especial para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Yucatán, en el cual acaso existe una sola mención en un párrafo al trabajo doméstico (lo llama “servicio”) en cuanto a ocupación laboral remunerada en América Latina según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). ¿Por qué no incluir detalles sobre el trabajo doméstico al menos para México, para Yucatán?

Ante las omisiones normativas y de política pública, así como de investigación, surge la pregunta: ¿Existen derechos que protejan a estas mujeres? En su caso: ¿Pueden los derechos laborales, internacionales y nacionales vigentes aplicarse de la misma manera para hombres y mujeres en estas condiciones? ¿Qué dice el derecho internacional al respecto? Es urgente conocer cuáles son las condiciones laborales del trabajo doméstico remunerado en hogares particulares en las tres ciudades de mayor densidad poblacional en el estado de Yucatán. La antropología con enfoque de género, la sociología del trabajo, la sicología social y la filosofía del derecho son claves para generar ese conocimiento. En este sentido, la intención a mediano plazo es: proponer leyes con enfoque de género al Congreso de Yucatán para cerrar la brecha de género a nivel laboral y elaborar políticas públicas estatales y municipales que incentiven los derechos y la participación ciudadana de las mujeres, diseñadas con un enfoque participativo e incluyente.
¿Comenzamos a trabajar al respecto?

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