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Carlos Meade
Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro
La Jornada Maya

Viernes 22 de junio, 2017


La generación de desechos en nuestro modelo social consumista es un grave problema de dimensión mundial. El manejo de estos desechos es muy complejo, debido a su alto, y creciente volumen, así como a la diversidad de materiales que los componen.

En México, grandes cantidades de desperdicios acaban enterrados o simplemente concentrados en enormes tiraderos a cielo abierto. En tanto, otro porcentaje se queda sobre las calles, parques o terrenos baldíos y es arrastrado por el viento o lluvia hacia ríos, lagunas y mares.

La afectación a la salud del ambiente es enorme, ya que la basura contamina la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas continentales y mares. A todas las playas del mundo arriban constantemente fragmentos de plástico que han viajado arrastrados por las corrientes. Ahora mismo una enorme isla de plástico, dos veces más grande que la península de Yucatán, flota en el océano Pacífico.

En definitiva, crear una cultura de responsabilidad en relación a los residuos es un proyecto a largo plazo. La posibilidad de establecer leyes que cambien actitudes con base en sanciones, como se ha hecho en muchos países, parece una opción que debería adoptarse de inmediato. Es necesario que la ley haga corresponsables a los generadores, que somos todos: ciudadanos, instituciones, empresas. Se requiere, por ejemplo, que la separación sea obligatoria, quien genere más, pague más. Sin embargo, nadie parece dispuesto a pagar el costo político de este necesario viraje.

Cabe destacar que, mientras en México exigimos que el camión recolector se lleve nuestra basura a donde no la veamos, en algunas ciudades europeas no existe un sistema de recolección. Los ciudadanos tienen que llevar sus desechos a centros de acopio y hacerse cargo de sus orgánicos en composteras domésticas.

En Quintana Roo, la falta de previsión, irresponsabilidad e indolencia de los servidores públicos han convertido el manejo de los residuos sólidos municipales en un tema de emergencia ambiental, toda vez que la afectación del acuífero es letal y acelerada, alcanzando a las aguas costeras y a la barrera arrecifal, poniendo en grave riesgo la actividad turística. ¿Cuánto falta para que las playas sean sanitariamente inseguras?

Nuestro suelo cárstico hace complicado el manejo de los residuos en rellenos sanitarios, opción implementada a nivel nacional. Estos rellenos son una solución cuestionable y más cuando no es acompañada de un programa de separación. Se trata de obras que tienen un alto costo y requieren un manejo especializado, del cual depende su vida útil, pero sobre todo del volumen que diariamente se deposite en ellos. Lo ideal, es retirar todo el desecho orgánico y los materiales reciclables con lo que se puede reducir hasta en un 85 por ciento el volumen que se confina en ellos, ampliando significativamente su vida útil.

En Quintana Roo, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ por sus siglas en alemán) financió y asesoró el establecimiento de cinco rellenos sanitarios, uno de los cuales se encuentra en las afueras de la ciudad de Tulum. Desafortunadamente, el relleno no ha tenido un manejo adecuado, ni el ayuntamiento ha lanzado una estrategia de separación. Por ello, el relleno está a punto de saturarse al recibir más de 80 toneladas diarias de basura.

A nadie extraña que la administración municipal se desentienda del problema; sin embargo, llama la atención que la GIZ no haya previsto la integración de comités ciudadanos para supervisar el manejo transparente, y ambientalmente adecuado, de los rellenos.

Por si esto fuera poco, algunas fuentes, que optan por el anonimato al no revelar sus nombres, afirman que el terreno donde se encuentra el relleno sanitario pertenece a Marciano Dzul (ex alcalde y hermano de la actual alcaldesa). Este terreno fue rentado y aparentemente hay un jaloneo entre el gobierno municipal y el estatal para el pago de rentas, lo que ha interferido en el manejo del relleno.

Lo que queda claro en estos manejos oscuros es que el interés personal, bajo el sistema de control político vigente, predomina sobre el interés ciudadano, pese a las consecuencias sociales y ambientales.

Mientras tanto, Tulum carece de un plan de manejo de residuos. Por su parte, las iniciativas ciudadanas y empresariales, surgidas ante una legítima preocupación, se dan de forma aislada y sin ningún respaldo del gobierno. En tanto, los llamados de la sociedad civil organizada siguen sin obtener respuesta ante la invitación de integrar un comité de desarrollo urbano y ecología, lo cual resulta incongruente con una administración municipal que pregona su apertura y presume de aplicar la planeación democrática; no obstante, improvisa sobre la marcha y actúa con autoritarismo en la oscuridad.

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