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José Agustín Ortiz Pinchetti
Foto: La Jornada / Archivo
La Jornada Maya

Domingo 11 de junio, 2017

Para cualquier observador de las elecciones en el estado de México fueron evidentes las violaciones al espíritu y a la letra de la Constitución. Las elecciones son una aberración: división esquizofrénica entre el respeto a la ley y su infracción sistemática. Reforcé esta percepción cuando visité los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan. Las cosas fueron tan obvias que por eso resulta irritante la incapacidad de Instituto Nacional Electoral para intervenir, prevenir y sancionar. El Instituto Electoral del Estado de México actúa como un instrumento del gobernador.

Las más graves violaciones se dieron a la luz del día: compra masiva del voto (se calcula que un millón y medio recibieron un regalo del PRI); la coacción: condicionamiento del acceso a los programas sociales; violación a los modelos de comunicación política autorizados (el PRI unificó sus espots con los de los gobiernos federal y local); propaganda de desprestigio y calumnia (llamadas telefónicas en la madrugada); exceso en el tope de gastos de campaña, evidentes por los costosos mítines, espectaculares, brigadas de promoción y compra del voto, equipos de apoyo, etcétera; apropiación y uso de los programas sociales por parte de funcionarios federales, estales y municipales; actos anticipados de campaña; violencia e intimidación contra los cuadros de los opositores; entrega indebida de apoyos en efectivo, así como el uso de recursos de procedencia ilícita. Todo esto hace imposible la equidad en la contienda.

Estos abusos obedecen a una conducta reiterada y se trasluce que responden a un mando central. Fue un operativo que abarcó a toda la entidad y se concentró, estratégicamente, en las regiones rurales más pobres, donde se elevó misteriosamente la participación de electores (en miles de casillas hubo más votos que ciudadanos empadronados). Uno tiene la impresión de una máquina que funciona a todos los niveles de la organización política, apoyada por grupos de interés y medios de comunicación. En el caso de Coahuila se repitieron estos patrones contra otro partido que amenazaba a la pandilla local. Asombra el anacronismo: se cometen los mismos ilícitos que hace 50 o 60 años. Esto refleja la descomposición del sistema y la ceguera de sus beneficiarios. Los opositores sólo podrán enfrentar a esta maquinaria múltiple, con una firme alianza y una excelente organización.

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