Red de mujeres por las mujeres

Kálmán Verebélyi
Foto: Jair Cabrera
La Jornada Maya

Lunes 5 de junio, 2017

Nos disponíamos a retirarnos, tras enjuagar la garganta, cuando entró al establecimiento una jovencita. Brincaba entre las mesas y los comensales, tomaba un sorbo de un vaso para terminar lo que quedaba en otro. Estaba visiblemente alegre, que -como sabemos- es el grado anterior inmediato a la borrachera. “Ella es un fenómeno -dijo mi amigo- a estas horas llega casi a diario para olvidarse del día”.

La muchacha era morena, bien formadita con esos kilos de más para que la mano tampoco pueda quejarse. Sus ojos brillaban, reflejaban inocencia como de cualquier joven adolescente.

“Vende su cuerpo desde los once años. Tuvo su primer hijo a los 13, y hace pocos meses atrás el segundo. Ahora tiene poco más de 16 años. Comentan que los cuida su mantenido, un flojo aprovechado que sólo quiere tener algo de comer y algunas caricias”.

Mi impresión de inocencia en sus ojos desvaneció tras escuchar estas palabras. “No la juzgues. Ella tiene una historia trágica. Cuando su mamá abandonó la familia por no aguantar más el maltrato, su padre la eligió para satisfacer, ¿cómo se dice?, sus bajos instintos. Ella tenía ocho años en aquel entonces. Su padre la ultrajó por más de un año”.

Esto pasó en Cárdenas, Tabasco, pero pudo haber sido en cualquier parte de México. “El incesto en áreas rurales de la península sigue siendo una práctica común”, dice Argentina Casanova, quien desde hace más de dos décadas se dedica a la lucha por el derecho de las mujeres. Primero como periodista de pluma fina en Campeche; actualmente pertenece al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), constituido por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 20 estados de la República, entre ellas el [i]Observatorio de Violencia Social y de Género[/i], con sede en Campeche.

[b]La violencia de género en México[/b]

“Con un panorama nacional de 14 estados con solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG), y siete entidades más con AVG declaradas, el territorio mexicano se consolida como una zona de riesgo para las mujeres en una guerra invisible que a diario cobra la vida de siete mujeres y otro tanto de desaparecidas, víctimas de trata y tortura sexual, agudizando la desigualdad estructural en la que viven niñas, adolescentes y mujeres en México”, escribía Argentina en una publicación hace tres meses, señalando que “Las siete entidades con Alerta de Violencia de Género Declarada son Morelos, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz y en noviembre de 2016, Chiapas y Nuevo León, y los otros 14 (Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y recientemente Campeche) se encuentran en distintas etapas de solicitud, desde la integración de los grupos de trabajo hasta los períodos [i]de gracia[/i] que no considera la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otros que están cumpliendo las observaciones hechas en los Informes de los Grupos de Trabajo para incidir en las causas estructurales de la violencia contra las mujeres”.

Uno ingenuamente podría preguntar cómo es posible que siga esta violencia si ya tenemos leyes federales, estatales para erradicar este mal. “Entre lo que se aprueba una ley y su espíritu permea en la sociedad hay un lapso, que naturalmente crea una nueva realidad. Vemos que para combatir el secuestro se han endurecido las leyes, aumentaron las penalidades Y cada día hay más secuestros. Las leyes en sí, independientemente de su intención, no son capaces de cambiar las estructuras mentales, las costumbres, las tradiciones”, dice Argentina.

La responsabilidad de salvaguardar la integridad de las mujeres, al igual la de los otros grupos, es del Estado mexicano. Para ello existe una estrategia que se resume en cuatro palabras: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Las cuatro acciones se realizan de manera simultánea. Hablamos de prevención al referirnos a las campañas realizadas en los distintos ámbitos; la asistencia son los espacios donde acuden las mujeres cuyos derechos han sido violados; la sanción se da en los tribunales, y la erradicación aún no llega.

Entre lo dicho y lo hecho hay un trecho, reza la sabiduría popular, y en caso de la violencia contra de la mujer es más acentuada esta separación porque “no existen espacios suficientes para la asistencia, el efecto de las campañas de prevención es casi nulo, no existe una vinculación entre prevención y asistencia y hablar de sanciones en números refleja la realidad vivida en este país”, comenta la activista.

“Al día se cometen siete feminicidios en el país, independientemente de su estatus social. Ya no es cierto que sólo a las marginadas, a las llamadas malas les quita la vida su marido o querido. Y el problema es que el Estado mexicano, a pesar de las cifras alarmantes, no considera la violencia contra la mujer como un asunto de Estado. Las leyes quedan en el papel. El Estado queda en el nivel declarativo como si con ello hubiera cumplido su obligación”, señala Argentina.

[b]Península agresora[/b]

La mayoría de los feminicidios son reportados en el Estado de México, seguido de Veracruz; los secuestros, la trata de blancas, las agresiones sexuales cubren así todo el mapa nacional. “En la península el mayor de los problemas es la violencia sexual. Entre los cinco estados de la República de violencia sexual encontramos a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo. Esto se debe a las prácticas patriarcales, al incesto que se ha generalizado, principalmente en las áreas rurales. Es Quintana Roo donde el problema de la violencia de género es más agudo; en Cancún, en Chetumal, tenemos registrados numerosos casos de feminicidio. En Yucatán el problema se centra en la violencia institucional contra la mujer, esto es cuando acude a un centro de atención no se realizan las pesquisas necesarias, se minimiza la agresión, lo que provoca que las mujeres se sientan desprotegidas. En Campeche el problema fundamental es la violencia sexual contra las niñas, principalmente en los municipios de Carmen, Candelaria y Calakmul, y el problema afecta las zonas mayas también, principalmente al municipio de Hopelchén”, hace el recuento de los hechos Argentina.

El despertar de los movimientos feministas, de las organizaciones sociales para denunciar y actuar en favor de los derechos de las mujeres, dio inicio después de los feminicidios en Ciudad Juárez, hace dos décadas. Y la lucha continúa, porque a pesar de las declaraciones y leyes, la situación de la mujer mexicana mantiene en alerta a sus defensores. En este proceso también aparecen algunos absurdos, como lo ocurrido el jueves pasado en el Congreso de Campeche con la presentación de una iniciativa para decretar la prohibición de la violencia contra la mujer, u otra enfocada a erradicar la discriminación quitando un párrafo del Código Familiar que señala profesiones ocupadas principalmente por mujeres.
El trabajo de los diferentes movimientos feministas se adecúa al sitio de trabajo, indica Argentina; mientras en el campo una forma de organización es a través de la producción, las ciudades, a su vez, ofrecen construir redes en defensa de la mujer de distintos tipos.

“En la actualidad la Red de Mujeres Peninsulares está desarrollando un proyecto, cuyo comienzo fue en 2015, con la participación de varias docenas de defensoras de los derechos de las mujeres de provenientes de los tres estados. La Red ya está consolidada y para ejercer su función se están impartiendo cursos. Esto es, estamos profesionalizando a estas defensoras”, destaca Argentina, quien concluye resaltando la importancia de que las defensoras con habilidades y herramientas adecuadas acompañen a las mujeres agraviadas porque así aumenta la posibilidad de que las autoridades actúen conforme a derecho.

[i]San Francisco de Campeche[/i]