Los avances no se miden

Efraín Tzuc
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 23 de mayo, 2017


Después de casi 10 años de incumplimiento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a un año de que concluya la actual administración, el gobierno del estado publicó este 10 de mayo el [i]Programa especial para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en Yucatán[/i], mismo que presenta graves deficiencias en cuanto a la medición de avances, cumplimiento de objetivos y evaluación del mismo.

El [i]Programa [/i]es una herramienta de política pública que, por un lado, debe dirigir las acciones en torno a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y, por el otro, coordinar las mismas entre las distintas dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La falta de mecanismos de evaluación adecuados afectará la efectividad de las acciones para hacer frente a la violencia sistemática que viven las mujeres en Yucatán. Estas deficiencias limitarán los alcances del Programa, con el riesgo de ejercer el gasto público en forma arbitraria.

El Programa especial consta de tres “Temas estratégicos”: Prevención, Atención y Sanción de la violencia contra las mujeres; cuatro “objetivos de desarrollo”, 14 “estrategias” y 74 “líneas de acción”; sin embargo, no cuenta con metas que permitan dirigir y proyectar los alcances de cada una. Únicamente se establecen cinco indicadores para medir el impacto y los resultados del Programa. Esto es inimaginable para lo que representa la herramienta de política pública más importante en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las líneas de acción en varios casos son inexactas y esto dificulta aún más su aplicación. Por ejemplo, en el caso de “promover y ampliar servicios gratuitos y accesibles de atención con enfoque diferencial y especializado para mujeres”, no se especifica cuáles serían los servicios ampliados y no se menciona algún diagnóstico o estudio que constate dicha necesidad. Así mismo, algunas líneas de acción son abstractas o no vinculantes, como la referente a “fortalecer la fiscalía investigadora especializada en justicia para las mujeres” y “revisar que exista incorporación en planes y programas de estudios de niveles y modalidades educativas, de la perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres”; al no definir metas, no es posible determinar la naturaleza ni los alcances del “fortalecer” o el “revisar”.

Las metas deberían establecer criterios objetivos que permitan dar seguimiento a cada unas de las líneas de acción a partir de los indicadores. Una podría ser reducir en un 25 por ciento los casos de violación, y el indicador “número de mujeres que han recibido atención en las unidades del sistema de salud por violación y que denuncian ante un ministerio público”. También sería importante “número de mujeres que reciben atención sicológica y jurídica en el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) y que denuncian ante un ministerio público”.

Los cinco indicadores definidos son de carácter global y esto simplifica enormemente cada una de las estrategias y sus respectivas líneas de acción, limitando la capacidad de medir los procesos establecidos. Por ejemplo, para el tema estratégico de Prevención de la violencia contra las mujeres, que consta de 6 estrategias y 32 líneas de acción, únicamente existen dos indicadores: la tasa de denuncias por violencia familiar y las denuncias por violencia sexual. Una de las estrategias en este tema es “facilitar el acceso a la capacitación y asesoría, así como la reeducación de agresores de las mujeres”, y en ésta, a su vez, se encuentra la línea de acción “Impulsar el reconocimiento de las mejores prácticas de publicidad libre de estereotipos sexistas y del uso de lenguaje incluyente”. Si bien el impacto debería reflejarse en la reducción de casos de violencia familiar y sexual e, idealmente, en el número de denuncias, no es un resultado inmediato ni consecuente. Si no podemos medir, no podremos saber si el gobierno la está realizando y, en caso de realizarla, será imposible medir si está generando un impacto. Esta situación se repite en los tres temas estratégicos y las más de 70 líneas de acción.

Resulta preocupante que, habiendo suscrito el Estado mexicano la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en Belem do Pará, no se utilicen los indicadores generados para el Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención. Por otro lado, tampoco se especifica la periodicidad de los “informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento”, que darían cuenta de las evaluaciones al Programa Especial.

Una vez más, las mujeres en Yucatán se enfrentan a un Estado que no asume su responsabilidad de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia. La obligación del Ejecutivo no se reduce a generar planes, programas y proyectos gastando recursos públicos, sino a eliminar las desigualdades e injusticias en nuestro estado y hacer valer los derechos de todos, precisamente a través de planes, programas y proyectos, es decir, a través de política pública efectiva.

* Coordinador del área de investigación de Yucatán Feminicida

[b]@efra_tzuc[/b]