Oportunidad frente a la corrupción

René Ramírez Benítez
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Jueves 9 de marzo, 2017


El Sistema Nacional Anticorrupción promete combatir institucional y legalmente uno de los males profundos de la vida pública mexicana. Sin embargo, la conformación de los sistema locales, en cada una de las entidades, es su punto toral.

Es en ese ánimo que el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) establece que los sistemas locales formarán parte del sistema nacional a través de sus representantes. En este tenor, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo determina que “las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”. Sobre estos sistemas, el artículo 36 de la Carta Magna indica que los estados “desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales” obligando a una integración idéntica al sistema nacional; a que cuenten con la información pública necesaria, a que haya respuesta a sus recomendaciones, informes o políticas públicas dirigidas a las autoridades; emitan informes públicos a los titulares de los Poderes, que cuenten con un consejo de participación designado mediante un procedimiento similar al nacional.

Conforme a lo anterior, el día 20 de abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el decreto de reforma 380/2016 que crea el Sistema Local Anticorrupción en nuestro estado y se establece, en el artículo 101 Bis de la constitución local, que “es la instancia de coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, Asimismo, participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción […]”

El anterior sistema estará conformado por los titulares de la Auditoría Superior; Vice Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado; el presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y un representante tanto del Consejo de la Judicatura del estado y como del Comité de Participación Ciudadana.

Sobre el Sistema Local establecido en la reforma constitucional yucateca, las cuestiones relevantes consisten en cinco puntos. El primero es el Comité Coordinador, que estará conformado por las autoridades mencionadas en el párrafo anterior, y otro Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos “destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o al combate a la corrupción”. Segundo, consiste en las acciones derivadas del trabajo de la Auditoría Superior del estado, la cual podrá promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado o la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables de faltas graves. De igual manera, derivado de denuncias, se podrá revisar el ejercicio fiscal en curso (auditoría en tiempo real). El tercer punto está relacionado con el órgano jurisdiccional en la materia, el cual es el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual tendrá el carácter para imponer sanciones a servidores públicos por faltas graves. El cuarto punto versa en las faltas administrativas graves de los servidores públicos y los particulares vinculados a hechos de corrupción. El último consiste en la autoridad encargada de investigar y perseguir dichos hechos penalmente y su efectividad dependerá de la autonomía y capacidad de la Fiscalía General.

Si bien el sistema anticorrupción crea una mayor burocracia, es una oportunidad única para generar espacios de combate frontal. Es cierto que la corrupción tiene flagelos, como demuestran los casos de Quintana Roo o Veracruz, en los cuales las legislaturas locales hicieron modificaciones a modo para que los gobernadores no tuvieran problema alguno. Derivado de los casos anteriores, la legislatura yucateca actual, y en específico la oposición, será clave para tener operadores de calidad en este sistema. Existen temas pendientes como el vicefiscal especializado y el comité de participación ciudadana. Sin embargo, es un momento histórico para cambiar.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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