Los cómplices de la guerra de las drogas

Carlos Meade
Foto: Ap
La Jornada Maya

Jueves 9 de febrero, 2017


Poco a poco, pero de manera consistente, el gobierno de EU ha penetrado los aparatos de seguridad del gobierno mexicano, con el pretexto de apoyar el combate a los cárteles de la droga. Desde hace décadas venimos escuchando que agentes de la DEA operan en México. Recordemos el famoso caso Camarena, un agente de la DEA, asesinado en Guadalajara en 1985. Y el caso Buendía, periodista mexicano ultimado en 1984, según una versión no oficial, para que no revelara la injerencia de esta agencia. Sabemos que Fox permitió la intervención de agentes fronterizos, operando de este lado de la frontera y en nuestros aeropuertos internacionales.

Recursos etiquetados como los de la Iniciativa Mérida y la libre operación, en territorio nacional, de aparatos de investigación e inteligencia, son las formas en que EU dice “intenta reducir” el flujo de drogas a su país. No se ve su éxito; mientras el flujo de armas de allá para acá es creciente e incontrolado, favoreciendo a las bandas del crimen organizado. Actividad de contrabando que forma parte de la ecuación de la seguridad de este lado de la frontera.

El ofrecimiento del presidente Trump de enviar tropas es un paso más en esa ruta intervencionista, con la consecuencia de incrementar el estado de guerra, donde México pone los muertos y contiene en su territorio los enfrentamientos armados. De esta manera, ellos pueden presumir de su compromiso contra las drogas mientras la sociedad gringa sigue siendo la principal consumidora de mariguana, cocaína y heroína a nivel mundial; pero allá no hay balaceras, ni muertos, ni víctimas inocentes. Por el contrario, allá avanza un proceso de legalización que contradice la política exterior de apoyar el combate armado.

¿No debería México comenzar un proceso de legalización para terminar con una guerra que no ha disminuido la producción, ni el tráfico, ni el consumo de drogas y que ha sembrado la violencia en todo el territorio, con miles de muertos y desaparecidos y con amplios territorios donde el Estado ha perdido su soberanía?

Al ofrecimiento de Trump, el gobierno mexicano debería dar una firme respuesta, rechazando el intervencionismo. Si nuestro gobierno tuviera carácter e inteligencia, debería revisar los acuerdos del Plan Mérida para no vender la soberanía a cambio de helicópteros usados, para sacar del país a agentes injerencistas, para no pagar el costo de la violencia generada por una política falaz y un mercado de consumidores ávido de las sustancias sicotrópicas.

La existencia de drogas ilegales es una endeble justificación para una guerra, que se sabe perdida de antemano pero que mantiene un clima de terror que facilita el control del descontento social. Una guerra que quiere hacer ver al intervencionismo como apoyo desinteresado.

Si el tema del narcotráfico es una prioridad compartida por los gobiernos de México y Estados Unidos, como se desprende de los dichos de Trump ¿por qué no hacer una estrategia conjunta y sensata que despenalice la producción, la venta y el consumo de las drogas en ambos países, para terminar con la violencia y aliviar muchas de las tensiones en nuestra frontera común? ¿Por qué algo tan lógico suena tan imposible al someterse a las condiciones políticas que prevalecen en ambas naciones?

Intereses de criminales de cuello blanco, que son parte de las estructuras criminales y de control político, impiden implementar políticas razonables para regular el mercado de las drogas. Aquí el fanatismo estorba y se impone la asunción de un pragmatismo que acepte la existencia de una demanda irreductible, donde el consumidor pague un precio razonable, tenga garantía de control de calidad y pueda acceder a programas para tratar su adicción.

Ante la lógica contundente de la legalización como estrategia civilizada para manejar el mercado de las drogas, parece sospechosa y cómplice cualquier postura en contra.

[i]Tulum, Quintana Roo[/i]
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