Reacción oficial titubeante en Q. Roo

Carlos Meade
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Domingo 22 de enero, 2017

Después de los hechos violentos en Playa del Carmen y Cancún y de la reacción del estado mexicano, es bueno preguntarse en qué situación queda la seguridad que el estado debería darnos como su obligación más básica.

A primera vista, las declaraciones de los funcionarios públicos, al más alto nivel, resultan más inquietantes que tranquilizadoras. Tal parece que las autoridades no se dan cuenta de las implicaciones de sus dichos.

¿Qué quiere decir el gobernador cuando afirma que la violencia desatada en Cancún es consecuencia de la persecución a la corrupción y a la impunidad y que su gobierno va por el camino correcto y no bajará la guardia?

¿Nos está advirtiendo que nos preparemos para más violencia y más tiroteos? ¿Qué quiere decir la presidenta de Solidaridad cuando nos comunica que, a raíz de la tragedia del Blue Parrot, ha decidido cancelar el festival BPM? ¿Significa que, en lugar de trabajar por mejorar la seguridad, declara su incapacidad? En ese caso, pues que se cancelen Playa del Carmen y la Riviera Maya, de una vez.

¡Qué mejor medida preventiva para ahuyentar la violencia! Si no es posible dar seguridad al turismo mientras se divierte, cerremos el changarro. Devolvámosles sus tierras a los mayas y dejemos que la selva devore las ciudades como ya antes lo ha hecho. Los cientos de miles de trabajadores que perderán su empleo no deben preocuparse, pues encontrarán oportunidades en las armadoras de autos o serán recibidos por Trump con los brazos abiertos.

La secretaría de turismo dice que los asesinatos en el Blue Parrot son un “acto aislado de violencia” ¿De veras lo creen? Todos sabemos que ya es práctica común el cobro de derecho de piso en toda la Riviera Maya. Las narco-mantas lo confirman al señalar a Phillip Pulitano, director del BMP, a quien los zetas responsabilizan de los asesinatos por resistirse a ser extorsionado.

En otra declaración desafortunada, el secretario de gobierno Francisco López Mena afirmó que Quintana Roo no se está convirtiendo en un narco estado. En esto hay que concederle la razón, no se está convirtiendo, ya lo es, y desde hace un buen rato.

La sospecha expresada por el secretario de gobierno de que Roberto Borge sea el responsable de la violencia es, sin duda, un mensaje ominoso pues querría decir que las rencillas entre facciones políticas ahora se resuelven a balazos, con la participación de gatilleros facilitados por el narco.

Esto sí que es preocupante. Aunque bien puede ser que, simplemente, en un gesto de oportunismo irresponsable y ramplón, le quieran cargar "milagritos" al exgobernador, que no los necesita. También dijo que la actividad en el estado es normal. O sea, váyanse acostumbrando a que así será la normalidad, con el Ejército y la Marina patrullando las calles y las bandas del crimen amenazando con nuevos ataques a plena luz del día.

Frente a estos hechos de violencia y frente a la incierta y titubeante respuesta oficial, es poco lo que nos queda de esperanza para recibir seguridad de un estado omiso, cómplice o inepto (elija usted). Es oportuno reconocer que, en el origen, estos episodios forman parte de una fallida estrategia de seguridad que pretende acabar con el narcotráfico haciéndole la guerra a los cárteles, estrategia que ya dio muestras de su fracaso después de 10 años de violencia, 220 mil muertos y 30 mil desaparecidos.

Si la mariguana, la cocaína y las anfetaminas fueran drogas legales, los eventos violentos en Playa del Carmen y Cancún no se hubieran registrado. Las bandas del crimen organizado, se sabe, no sólo se dedican al tráfico de estupefacientes, pero legalizando las drogas se desactivan las principales fuentes de sus altísimos ingresos.

[i]Quintana Roo[/i]

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