La Jornada Maya
Foto: Cuartoscuro
Lunes 1 de junio, 2020
Cumplidos 70 días del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y de las demás medidas sociales orientadas a disminuir la propagación del COVID-19 en México, estamos ante la inminencia de un periodo que las autoridades de Salud han definido como de “nueva normalidad”.
El miércoles 13 de mayo fue presentada de manera oficial la estrategia gubernamental que se aplicaría para reabrir de manera gradual, ordenada y prudente las actividades sociales, educativas y económicas dramáticamente interrumpidas por la pandemia, y cuya suspensión despertara comprensibles pero injustificables reacciones de rechazo, dado que lo que estaba –y está– en juego es la salud de toda la población. Desde entonces hasta hoy se ha insistido en que la etapa que comienza mañana no implica que la ciudadanía recupere su cotidianidad tal y como era antes de la aparición del nuevo coronavirus, sino que dará inicio un proceso imprevisible, porque nadie puede vaticinar cuáles serán los efectos que puede producir la prolongada interrupción de actividades en el país.
La prevalencia del llamado semáforo rojo en la mayor parte de la república hace que el ingreso a esta nueva normalidad tenga que realizarse en medio de numerosas precauciones, tanto en el plano de la convivencia como en el de la reanudación de labores, donde el movimiento en las industrias de la construcción, automotriz y minera debe llevarse a cabo poniendo por delante de todo la salud y la integridad de los trabajadores. La actividad educativa está menos presionada, porque en la primera semana de junio habrá un receso magisterial y la vuelta a las aulas se producirá tentativamente en agosto y septiembre, cuando se prevé que haya datos más concluyentes sobre la evolución de la pandemia.
El mayor riesgo de que se vulneren las disposiciones y recomendaciones sobre distanciamiento social, sin embargo, no se encuentra tanto en los niveles institucionales como en el de la vida cotidiana. La necesidad de obtener recursos para la subsistencia por un lado, y el deseo de acabar prematuramente con la situación de semi-aislamiento social por el otro, podrían echar por tierra los esfuerzos del gobierno federal por reducir lo más posible las posibilidades de contagio por COVID-19. En la capital de la república se advierte, en días recientes, un crecido movimiento de vehículos y de personas que desconocen voluntariamente las medidas de precaución dispuestas para la pandemia, mientras en distintas alcaldías, comerciantes callejeros y tianguistas no contienen su impaciencia por reanudar masivamente sus actividades, y difícilmente lo harán tomando las precauciones indispensables.
El periodo de “nueva normalidad” en los estados no tendrá, a su vez, un carácter uniforme, pese a la búsqueda de consensos entre autoridades federales y estatales, porque algunas de estas últimas descreen del esquema epidemiológico de semáforos COVID-19 aplicado por la Secretaría de Salud, y prevén sus propios planes de reactivación socioeconómica.
En este escenario, es de esperar que todas y cada una de las personas que ingresen en la nueva etapa de la pandemia lo hagan –lo hagamos– con la decisión necesaria para restablecer la vida normal de la república, pero también con la prudencia que demanda una situación sanitaria que aún no está enteramente controlada.
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Edición: Ana Ordaz
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