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Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Viernes 22 de mayo, 2020

Instancias oficiales y medios de comunicación han alertado en semanas recientes sobre las dimensiones que alcanzaría la desocupación en México y en Yucatán, como consecuencia de la crisis económica que se ha profundizado por la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se han señalado los sectores más afectados y se ha insistido en la necesidad de “aplanar” la curva del desempleo, en virtud de los efectos del confinamiento prolongado al que nos enfrentamos. En unos cuantos días los impactos de la recesión y el confinamiento han cobrado nuevos costos, y las cifras del desempleo en el país se han multiplicado.

La más reciente actualización registra que durante el mes de abril, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pérdida de empleos formales ascendió a 555 mil 247 plazas, de los cuales 365 mil 814 eran empleos permanentes y 189 mil 433 eventuales. En el sector de la construcción, la pérdida fue del 15 por ciento; en la industria extractiva del 5.5 y en los servicios de 4.2 por ciento. A la fecha, las entidades más afectadas son Quintana Roo, con 18 por ciento; Baja California con 10.8 por ciento, y Guerrero con 6.3 por ciento.

Entre noviembre y abril se han perdido 850 mil plazas laborales. Estas cifras pueden aumentar en la medida en que las empresas vean agravados sus problemas de liquidez, acentuados por el cierre de labores impuesto por la pandemia, pues aun en el escenario de reapertura de actividades a partir de junio, ese proceso será lento y selectivo, en el mejor de los casos.

[b]La reapertura[/b]

Con el inicio del desconfinamiento, anunciado para el 1 de junio, entraremos a un periodo lleno riesgos y de incertidumbre, de acuerdo con la experiencia de los países que en días recientes han comenzado sus propias tentativas de reapertura, aun tomando todas las precauciones que el gobierno federal y los gobiernos estatales determinen. De hecho, pueden ocurrir nuevos brotes epidémicos, y es imposible descartar la ocurrencia de una segunda etapa contagiosa.

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Además, algunos economistas (Lustig, 2020) han advertido que la crisis se prolongará por los efectos externos sobre la economía mexicana en virtud de la situación recesiva que prevalecerá a escala internacional, particularmente la de Estados Unidos. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el impacto de la crisis económica indican que, debido a la desaceleración de la actividad económica estadunidense, se recortará el comercio internacional, la inversión extranjera directa, los flujos turísticos y las remesas a escala internacional. Las principales exportaciones agrícolas (café, azúcar y plátano), así como las corrientes comerciales a través del canal de Panamá, también se verán afectadas negativamente por la caída de la demanda mundial (Werner, 2020).

La pérdida de empleos traerá como consecuencia no solo la disminución en los ingresos de los hogares, sino la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda.

[b]Aumento de la pobreza[/b]

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha advertido además sobre los efectos que van más allá de la desocupación, señalando que esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables. “México enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad previamente registradas. Entre otros factores debido a la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda.” Y estima los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. “La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8 por ciento en los primeros dos trimestres del 2020.”

A lo largo de las últimas semanas el consenso de los analistas se ha generalizado hacia una previsión de una caída en el PIB sin precedente para este año. Lo inaudito y hasta increíble es la parálisis y la necedad de seguir con una política que privilegia la austeridad, cuando el desafío, señala el propio Coneval, impone la necesidad de ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia y a sectores urbanos que están más expuestos. “La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad de promover la construcción de un sistema de protección social que asegure la resiliencia y el avance progresivo de los derechos sociales en México.”

Ante lo que estamos viviendo y lo que viene es indispensable una acción mucho más contundente de la política económica en su conjunto, no sólo en cuanto a la política monetaria del Banco de México, que ya está haciendo su parte, sino también del lado de la política fiscal, que mantiene atadas las manos por razones aparentemente ideológicas y una equivocada óptica política que se niega a recurrir al endeudamiento masivo como gran rescate, y a un gran pacto nacional que establezca los términos de su redención. Todos los sectores de la sociedad en México coinciden y lo piden: empresarios, analistas, académicos, organizaciones civiles, organismos internacionales, organismos autónomos. ¡Hay que endeudarse!... La austeridad no nos lleva a ningún lado, más que al escenario de una economía andrajosa y sin futuro alentador.

*Profesor de la UNAM

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Edición: Elsa Torres


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