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Omar García Huante*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Domingo 17 de mayo, 2020

Si usted considera que el costo de la energía eléctrica en México es alto, prepárese, porque en plena crisis sanitaria y económica podríamos alcanzar montos impagables.

El compendio de leyes que se expidieron para dar cause a la reforma constitucional de 2013, pretendió establecer un equilibrio responsable en las tarifas eléctricas, entre los costos de generación y los precios de los combustibles.

El 15 de mayo de 2020, se publicó el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

[b]¿Por qué debe preocuparnos?[/b]

Porque este acuerdo se suma a otras decisiones administrativas que pretenden colocar a la CFE como el principal generador, a través de restricciones a la generación de electricidad de fuente renovable, lo que permitirá a la empresa producir la energía que consumimos en centrales eléctricas obsoletas, con los combustibles que menos favorecen al medio ambiente y, algo no menos importante, con el costo más alto del mercado.

[b]¿Qué podemos hacer?[/b]

El diálogo con el gobierno federal no ha dado resultados, por lo que el siguiente paso es la implementación de una estrategia en la que participemos todos, con tres objetivos muy claros: restablecer el marco constitucional, garantizar los intereses y derechos de los usuarios finales y obtener tarifas eléctricas justas.

Permítame describir las principales acciones que a nuestro juicio deben emprenderse, a partir de un modelo de litigio estratégico constitucional, en el que clasificamos a los afectados y los vinculamos con acciones legales concretas:

- Los gobiernos estatales y municipales de la península de Yucatán, deben acudir a la controversia constitucional. La política pública implementada mediante los acuerdos mencionados producirá graves afectaciones a la hacienda pública local.

- Las Cámaras Empresariales deben acudir al amparo en representación de todos sus afiliados. Cuentan con el interés legítimo para impugnar los Acuerdos e incluso para obtener una medida cautelar, que les permita aminorar los efectos negativos que se producirán en el corto plazo.

- Los usuarios finales debemos presentar las quejas correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los mecanismos de protección no jurisdiccional de los derechos fundamentales también son efectivos y debemos sumarlos a la estrategia.

- No descartemos la posibilidad de acudir a organismos internacionales. La política pública del gobierno federal, eventualmente generará la responsabilidad del Estado mexicano.

- Todo esto se sumará a los amparos que seguramente promoverán los generadores de energías limpias, por las afectaciones a sus inversiones.

En conclusión, se requiere la implementación de un modelo de litgio estratégico constitucional de bajo costo, en el que se coordinen los esfuerzos de todos los afectados, con acciones jurídicas concretas.

Prepare su bolsillo estimado lector. Si este intento de política pública no se detiene, los costos de generación y el monto de su recibo de energía lo resentirán.

*Maestro y socio fundador de HW Abogados SCP

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Edición: Emilio Gómez


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