La memoria colectiva

Normando Medina Castro
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Miércoles 29 de abril, 2020

La derecha conservadora, aplicadora y beneficiaria del capitalismo salvaje en que se convirtió el neoliberalismo económico, no escatima nada para defender sus privilegios, ahora sin ocultar apariencias se han lanzado con todo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, al verse amenazados y atacados como nunca con la prevalencia de los intereses mayoritarios.

El ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León guardaba un bajo perfil, ahora abiertamente presiona al gobierno actual para asumir más deuda pública con el Fondo Monetario Internacional para apoyar a la iniciativa privada afectada por el impacto del COVD-19 en la economía global, y además firma un documento con la derecha y la ultra derecha hispanoamericana carente de prestigio humanista, pero dando lineamientos y recetas que nadie les pide.

El ex Presidente Zedillo subestima la dignidad de los mexicanos y la memoria colectiva y quiere obligar al pueblo de México a adquirir más deuda pública para apoyar los negocios particulares de los privilegiados. Además, sin rubor pretende ignorar que es del dominio público en México que su gobierno creó el Fobaproa para salvar a los ricos banqueros con dinero público adquirido endeudando al país en 1995 con 521 mil millones de pesos. A 24 años de la adquisición de esa deuda, México ha pagado alrededor de 700 mil millones de pesos y dejará de hacer pagos hasta el 2070, es decir faltan 50 años más de cargar esa pesadísima losa puesta sobre las espaldas de los mexicanos por el ex presidente Zedillo y la banca usurera para salvar a los ricos del país ampliamente beneficiados por Carlos Salinas.

La ultraderecha hispanoamericana dice en un manifestó firmado que con el COVID-19 "muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos…esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir". En México, precisamente son en su mayoría los gobernadores de la derecha los que han suspendido las garantías individuales de facto en sus Estados.

La contradictoria derecha mexicana que acusa con índice de fuego al presidente López Obrador de autoritario sin que el mandatario federal haya dictado en la emergencia sanitaria ninguna medida de esa naturaleza, lo cual si han hecho los gobernadores opositores. Para muestra el gobernador Panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador Perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, el Gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, Enrique Alfaro y el sin partido gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón. Ese mismo gobierno supra legal que viola garantías individuales se ha visto en Yucatán y Quintana Roo, con gobiernos del PAN, al igual que en numerosos municipios del país.

Triste realidad del país con una oposición monolítica aglutinada en la derecha que no aporta nada para salir de los graves problemas que sus gobiernos neoliberales heredaron al país y sólo siembran odio y mentiras que no hacen mella en AMLO que a pesar de la guerra sucia tiene un 73 por ciento de aprobación en la lucha contra la pandemia de COVID-19, según la encuesta nacional de opinión Buendía Laredo, difundida en varios medios internacionales. Envidiable apoyo popular.

El Consejo Mexicano de los Hombres de Negocios y el BID Invest acordaron una línea de crédito por 12 mil millones de dólares, dando por hecho el aval del gobierno para que una vez que distribuyan el dinero y no puedan recuperarlo, pague la nación con recursos públicos. Lo hicieron a espaldas del presidente López Obrador a quien subestiman y conocen poco. El aval fue negado rotundamente. El apoyo financiero de 800 mil millones de pesos determinado autónomamente y anunciado por el gobernador del Banco de México, el neoliberal egresado del ITAM, Alejandro Díaz de León Carrillo, cargo al que llegó designado por el ex presidente Enrique Peña Nieto, algunos analistas como Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal federal y experto en temas fiscales, lo califican como un rescate bancario semejante al Fobaproa pero sin un fideicomiso intermediario. El Presidente AMLO fue enfático, "respetamos la autonomía de Banxico, pero las reservas no son de su propiedad, sino de la nación". No al rescate de grandes corporaciones, hay que rescatar al pueblo.

Los hoteleros y demás empresarios turísticos que se quejan con la innegable paralización del turismo en el mundo, son mujeres y hombres de negocios que participan de la actividad económica, en este caso de Quintana Roo, y que asumen los riesgos de su inversión. No se caracterizan por pagar sueldos elevados ni por dar oportunidades de ascenso a sus empleados locales. En el caso de las multinacionales, la mayor parte de sus regalías van a parar a sus países de origen. Ahora con el desplome del turismo por el COVID-19 muchos de los trabajadores turísticos estén a la deriva, sin empleo y sin ingresos, por decisión de sus empleadores. El modelo basado en el establecimiento de grandes empresas transnacionales debe ser sometido a revisión profunda. La sobre densificación de Cancún es evidente. La calidad de vida de sus habitantes se ha deteriorado. El tránsito de vehículos se ha vuelto denso y caótico en días normales en horas pico. La demanda de vivienda, salud, educación, etcétera de miles de migrantes nacionales y extranjeros provoca una gran presión que ha desencadenado en violencia e inseguridad y la precarización creciente. El panorama del centro de Cancún es lastimoso. El abandono, el miedo y el desconcierto imperan. La anarquía en la pequeña Habana es una muestra evidente de corrupción y del fracaso de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno. Quizás sea oportuno revisar qué ha pasado y cómo devolverle la esperanza y la tranquilidad a Cancún. El espejismo de los grandes hoteles y las grandes cadenas de prestadores de bienes y servicios se ha visto superado por la realidad que ahora con la pandemia se muestra en toda su crudeza, solo ha
sido crecimiento desmedido con pocos afortunados.

La capital de Quintana Roo, Chetumal, sin suficientes fuentes de empleo, con crecimiento demográfico que ha sido invisible para las autoridades, delincuencia a la alza, promesas vacías como la zona libre que no llega lo mismo que el establecimiento de la Secretaría Federal de Turismo. Muchos foráneos ineficientes en el gobierno estatal. Ahora con el COVID-19 es una olla de presión. Si algo faltaba es la ciudad donde se vende más caro el gas doméstico. Y las gasolinas casi tres pesos más por litro comparado con Yucatán. Triste frontera Sur de México en el abandono. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡Hasta la próxima!

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
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Edición: Enrique Álvarez