La pandemia y los derechos de pueblos indígenas

Francisco J. Rosado May
Foto: Efe
La Jornada Maya

Miércoles 22 de abril, 2020

Las noticias sobre el coronavirus iniciaron en nuestro país desde diciembre 2019. El 31 de diciembre, China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de una neumonía atípica causada por un virus aún no identificado. El 5 de enero de 2020, el gigante asiático reportó que la neumonía atípica no era causada por el virus del SARS ni por el del MERS. Dos días después, el 7 de enero, China dio a conocer al virus nuevo como 2019-nCoV, reconocido por la OMS. Cuatro días después, el 11 de enero, China dio a conocer la primera muerte causada por el nuevo virus, lo cual aconteció el 9 de enero.

El 13 de ese mismo mes, Tailandia reportó el primer caso de infección por el ya conocido popularmente como coronavirus. Japón anunció su primer caso de infección el 16 de enero.
El 21 de enero se reportó lo mismo en los Estados Unidos. El 24 de enero Francia hizo su primer reporte. El 30 de enero Italia reportó dos casos de turistas chinos infectados con coronavirus. Este mismo día la India hizo el primer reporte de infección. Un día después, España reportó el primer caso de infección. El 11 de febrero, la OMS nombró formalmente al virus COVID-19.

El 28 de febrero, México anunció dos casos de infecciones de personas que habían viajado a Italia. Después de registrar más de 100 países reportando infecciones del virus con un total aproximado de 118 mil casos, el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia ocasionada por el COVID-19. Hoy, el número de infecciones a nivel mundial está cada vez más cerca a los tres millones y no muy lejos de los 200 mil fallecimientos por esa causa. Al 19 de abril, casi dos meses después del primer anuncio de infecciones, México reporta 7 mil 497 casos confirmados, 12 mil 369 sospechosos y 650 fallecimientos, por el virus.

Pero los efectos del coronavirus no son los mismos para todos los grupos socioeconómicos.

De acuerdo con el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), “el COVID-19 afecta a todos, pero algunos grupos sufrirán de forma desproporcionada y de diferentes maneras. Los pueblos indígenas son uno de esos grupos.” El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la pandemia como una “crisis humana”. Anne Nuorgam, presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas (FPAI) ha urgido a los gobiernos miembros del Foro y a la comunidad internacional, que en los mecanismos de manejo, gestión, o contención de la pandemia se incluyan las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas.

La posición de las Naciones Unidas y sus diferentes organismos, se basa en que, en general, los pueblos indígenas casi no tienen acceso a servicios de salud provistas por el gobierno, tienen alto grado de enfermedades contagiosas y no contagiosas, y casi no tienen acceso a servicios esenciales para prevenir los contagios. Aún cuando tienen acceso a centros de salud, los indígenas se enfrentan a estigmas y problemas de discriminación; por ejemplo, el personal de sanidad normalmente no habla ni entiende la lengua y cultura originaria. El FPAI reconoce y ha hecho público que hay comunidades indígenas que implementan acciones para evitar el impacto negativo de la pandemia, incluyendo el uso de conocimiento tradicional, el aislamiento voluntario y cierre de sus territorios y propician condiciones de comunicación en su propia lengua lo mejor posible para entender el problema que enfrentan y encontrar soluciones.

La FAO, por su parte, con base en los derechos de los pueblos indígenas ha publicado 12 recomendaciones para gobiernos, academia, ONG’s, comunidad internacional y autoridades de los pueblos indígenas. Las recomendaciones, en resumen, son:

– En los comités de atención a la emergencia por la pandemia, deben haber representantes indígenas.

– Las medidas de contención también deben ser difundidas en las lenguas originarias.

– Se debe involucrar a los líderes tradicionales, locales, para que la información llegue sin distorsión.

– Involucrar a jóvenes en la difusión de información pertinente a la pandemia para transmitir los mensajes en los medios en los que ellos tienen más acceso.

– Se debe involucrar a las personas que tradicionalmente atienden temas de salud en las comunidades, entrenarlos sobre los mecanismos de contención y uso de equipo que permita detener el avance del virus.

– Asegurarse de incluir a los indígenas en la distribución de equipo de contención como tapabocas, guantes, líquido desinfectante, entre otros.

– Asegurarse de incluir a indígenas como parte de la población que debe recibir todas las atenciones pertinentes en caso de ser portador/a del virus.

– Si alguna medida extraordinaria se debe implementar en comunidades indígenas, el gobierno se debe asegurar que se seguirá el protocolo de consulta previa, libre e informada antes de implementar la medida.

– El confinamiento voluntario es un derecho que se debe respetar.

– Se sabe que hay comunidades indígenas que han decidido cerrar su territorio y limitar su acceso, este es un derecho que se debe respetar.

– Los gobiernos deben estar vigilantes de que agricultores, colonos, firmas privadas, industrias y minas, especialmente si son externos a la comunidad, traten de aprovecharse de la pandemia para beneficio propio, sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.

– No debe permitirse la expulsión, presente o futura, de indígenas de un territorio durante la contingencia.

Para escribir esta aportación me permití contactar, mediante terceros confiables para evitar sesgos en la información, a personas que han tenido la experiencia de tener a familiares o amistades infectados por el coronavirus. Mi intención fue saber en qué medida se están observando las recomendaciones emitidas por organismos de la ONU.

En un par de casos confirmé que en los centros de salud, al admitir a un paciente con síntomas de posible infección del coronavirus, sí preguntan el origen étnico del paciente y preguntan si habla o no lengua indígena. Esto es digno de encomio y felicitación a quienes tomaron esa decisión. Ojalá se esté aplicando en todos los centros de salud, privados y públicos. Esto significa que se están siguiendo algunas de las recomendaciones de la ONU y da motivo para pensar que todas las recomendaciones se estarían atendiendo, eventualmente.

Para mejorar lo anterior, sería bueno que incluso en el cuestionario digital de vigilancia contra coronavirus en Quintana Roo, el formato de la Cruz Roja y de algún otro proveedor de servicio de salud, tomen datos de etnicidad y uso de lengua originaria por los pacientes en potencia, y tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU en materia de derechos de los pueblos indígenas. No es por cuestión de derecho ni por cuestión de indigenismo; es porque entre mejor información tengamos, mejor probabilidad de éxito habrá en esta contingencia. Todos saldremos beneficiados y fortalecidos.

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Edición: Ana Ordaz