Personal médico: no más agresiones

La Jornada Maya
Foto: Cuartoscuro

Lunes 20 de abril, 2020

Los actos de discriminación y de agresión contra el personal médico y hospitalario que se han reportado en diversas localidades de la República se originan por "la angustia que genera este agente desconocido", dijo ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en referencia al temor que provoca en la sociedad la expansión del coronavirus.

A su vez, el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, señaló que no hay razón alguna para considerar "una fuente especial de contagio" a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, pues "que estén en contacto con los enfermos de COVID-19 no quiere decir que sean la fuente de propagación". El funcionario destacó asimismo que "ellos merecen respeto, pero además son necesarios, indispensables" para el país.

En esta perspectiva, es saludable la medida anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México de reforzar su sistema de denuncias por vía digital que permitirá iniciar querellas por discriminación y agresiones contra el personal médico y hacia pacientes afectados por Covid-19, tal como informaron los titulares de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy,y de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña.

A decir de la fiscal Godoy, su oficina tiene abiertas cuatro carpetas de investigación relacionadas con ataques contra personal del sector salud y una por discriminación contra una persona afectada por el coronavirus.

La grotesca paradoja de las agresiones a médicos, enfermeros y trabajadores hospitalarios no es con certeza exclusiva de México; ha ocurrido en otras naciones y, como lo señaló el secretario de Salud, tienen entre sus causas el miedo irracional a posibles contagios, el cual nace a su vez de la ignorancia sobre las características de la enfermedad.

No obstante, para que estas carencias emocionales y culturales se materialicen en actos de discriminación, o incluso en ataques físicos directos –como los que han sufrido enfermeras y enfermeros en diversas ciudades del país– debe existir también una falla en la cultura cívica y en la ética social.

Esa falla –que es el asunto más preocupante– se ha expresado en otras circunstancias, como los brotes de xenofobia y racismo registrados en meses anteriores en el contexto de la llegada de grupos de migrantes al territorio nacional y, en la medida en que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, está estrechamente relacionada con la misoginia y el machismo.

Más allá de la tarea necesaria y ardua de erradicar esas miserias de la mentalidad social, en la circunstancia actual resulta urgente emprender una campaña educativa focalizada a sectores y lugares en las que las agresiones son más frecuentes; un caso concreto es el transporte público concesionado. Debe hacerse entender a las personas con déficit de atributos civilizatorios que la agresión a secas es inadmisible, pero hacia quienes pueden salvarles la vida es, además, estúpida.

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Edición: Ana Ordaz