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Normando Medina Castro
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Jueves 6 de febrero, 2020

La soberbia es pésima consejera, obnubila la mente y aleja de la realidad a quienes como los integrantes de las élites de México, se empecinan en la prevalencia absoluta de sus intereses, por encima de las instituciones y el bienestar de las mayorías, lo cual significa tomar el camino del choque, el enfrentamiento, el chantaje e incluso la mentira y la ilegalidad en contra del gobierno legítimo del país.

Chocar contra el gobierno actual es chocar contra el pueblo, por el apoyo popular y los niveles de aprobación que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lejos de menguar se ha acrecentado, en gran parte por el poco alcance de miras de la oposición y su empecinamiento de sabotear todos los programas y proyectos de la 4T, esgrimiendo como sus armas la mentira y el odio.

Los empresarios farmacéuticos de México, en lugar de tender puentes, levantan muros. Pretenden ignorar que fueron ampliamente beneficiados por los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, marcados por la corrupción y la simulación en todos los ámbitos. La salud pública no fue la excepción. Los contratos para la compra de medicamentos, han evidenciado sobre precios sin mesura y la construcción de un andamiaje para simular que se cumplía el precepto constitucional de la salud para todos, cuando en los hechos sólo unos cuantos han tenido real acceso.

Existen incontables historias de mujeres y hombres, niños, ancianos, jóvenes que perdieron la vida por falta de atención, de equipo y medicamentos en la medicina pública. Los usuarios del IMSS y del ISSSTE iban a los hospitales de esas instituciones sólo si no tenían recursos para pagar atención en la medicina privada. La fama negra de ambos institutos era generalizada en todo país. En el gobierno del PAN surgió el Seguro Popular para quienes carecían de IMSS y del ISSSTE. La corrupción cerró el círculo, literalmente se robaron miles de millones de pesos en complicidad con farmaceúticas, y sus deficiencias fueron ampliamente expuestas por un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que recomendó su desaparición. Si eso no fuera suficiente, el último titular del Seguro Popular, Gabriel O’Shea Cuevas, reconoció que tenían graves deficiencias que permitieron el desvío y el uso deshonesto de miles de millones de pesos de recursos públicos.

Los cómplices, empresarios y políticos causantes del saqueo, en lugar de buscar enmendar el camino y mostrar su disponibilidad a apegarse a las leyes y renunciar a sus ganancias y privilegios alimentados en la corrupción, desafían al gobierno federal y las instituciones, presionan, sabotean y chantajean para que las cosas sigan como en el gobierno anterior.

Ante la reticencia y el enfrentamiento de los empresarios de la industria farmacéutica y sus cómplices del sistema de salud de los gobiernos del PAN y del PRI, escondiendo medicamentos, especulando con el dolor de los enfermos y sus familiares, el Presidente emitió un decreto para la compra de medicamentos en el extranjero con registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea.

López Obrador tiene el aplastante apoyo mayoritario del pueblo de México y una gran respetabilidad internacional. No es tonto ni timorato, sino todo lo contrario. Hizo lo esperado y buscó alternativas para no depender de los empresarios de la industria farmacéutica mexicana por las acciones de choque que han venido emprendiendo. La guerra que le declararon al gobierno y al pueblo de México ahora les cobra factura. Y todavía en su descomunal soberbia creen que las mayorías se volcarán a apoyarlos y siguen en la mismas actitudes de choque.

La soberbia ciega les hace gritar a los cuatro vientos que los pacientes que consuman los medicamentos extranjeros serán los afectados, como si el decreto hablara de la compra de medicamentos “pirata” . Se atreven a afirmar que esos medicamentos regulados por los Estados Unidos, la Unión Europea y la OMS no son garantía de calidad, dejando entrever que sus productos son superiores. ¡Ufff! ¿Habrá alguien que les crea?

La temeridad absurda y la falta de respeto a las autoridades, incluso al Ejército, es un signo no de evolución de la delincuencia, sino de la descomposición social. Todo inició cuando en el hogar, en el seno de la familia se dejaron de inculcar valores y cada día incrementó la pobreza y la falta de oportunidades. El diseño consumista de la sociedad, de nulo aprecio a la conciencia y la vida propia y ajena, la falta de moral y el abandono de las religiones sumidas en escándalos, han creado una generación con muchísimas personas sin brújula. Con el reciente enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano al frente de los cuales iba el general comandante de la XXIV Zona Militar, José Luis Vázquez Araiza, quien resultó herido de un disparo, lo mismo que otros dos soldados, uno de los cuales perdió la vida, ha detonado una respuesta firme y contundente al más alto nivel. Los antes invisibles operadores del trasiego de enervantes y el contrabando de personas, bebidas etílicas, cigarros y mercancía en general fueron expuestos por la acción de quienes se han empeñado en llamar la atención y meterse con la población del sur, ya de por sí golpeada por la falta de desarrollo. ¿Qué pasa con las autoridades locales?

La descomposición social de Bacalar se ha acelerado de manera exponencial en un claro ejemplo de crecimiento sin desarrollo. La inseguridad ya tomó carta de residencia en ese paradisiaco lugar. Los riesgos de contaminación irreversible son cada vez mayores. La imagen urbana y los servicios públicos ya desde el inicio de la carretera costera, en deprimente estado, nos dan una muestra.

El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, no es un improvisado, sino más bien un político de carrera. Como secretario de Ayuntamiento, siempre demostró sensibilidad social, sentido común y bastante oficio político. Ahora, además de la inseguridad, el rumbo y el manejo del desarrollo urbano parece fuera de su control. El senador José Luis Pech señaló de manera clara y contundente que los cambios de uso de suelo varios cientos de hectáreas, autorizados por el Cabildo tulumnense, representaban beneficio y negocio para unos cuantos, dejando para la población los problemas de un crecimiento desmesurado. Afortunadamente el alcalde echó marcha atrás. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

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