Retos para el 2020

Normando Medina Castro
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Jueves 9 de enero, 2019

El año 2019 recién finalizado, en términos generales, fue positivo para México, con estabilidad política y económica, inflación baja, nuestra moneda fortalecida, modificaciones al marco legal para el combate efectivo a la corrupción, incremento del salario mínimo, el Plan de Infraestructura y el avance de importantes obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía y la aprobación de la Consulta popular sobre el Tren Maya, entre otras acciones.

El gran reto del actual gobierno de México es alcanzar la coordinación eficaz con los gobiernos estatales y municipales para sanear las corporaciones, establecer las mejores estrategias y lograr la disminución de los índices de inseguridad que han ido a la alza. El otro reto es el crecimiento económico para completar el círculo virtuoso con el desarrollo social que significa menor pobreza extrema y moderada, mayor distribución de la riqueza que reduzca las enormes brechas sociales heredades de los gobiernos neoliberales, y alcanzar un auténtico Estado de Derecho con la normalización de la vida institucional sin privilegios, vicios y perversiones.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano tuvo un excelente desempeño en 2019 ocupando el primer lugar en este rubro en que se consideraron las 16 monedas más operadas por los mercados frente al dólar. La moneda mexicana se apreció un 3.81 por ciento frente al dólar, en tanto que el segundo lugar lo ocupó el dólar canadiense que se apreció un 3.63 por ciento.

Por lo que toca a la inflación mexicana, ha sido en 2019 de las más bajas registradas en la historia moderna del país con un 2.63 por ciento acumulado en la primera quincena de diciembre y un cierre de año de alrededor del 2.9 por ciento, según datos del INEGI y que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, comentó en su cuenta de Twitter.

A pesar del andamiaje de poder económico, mediático e institucional que conserva aún la derecha neoliberal que, prácticamente engloba a todos los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de la Nación puso bases sólidas para una verdadera transformación del país con leyes que acabaron con la condonación de impuestos de que gozaban los grandes capitalistas, el endurecimiento de las penas para las empresas que emiten facturas falsas y para castigar la corrupción, por mencionar algunos ejemplos.

La imagen y la aprobación popular del jefe del ejecutivo federal, lejos de menguar se incrementó positivamente en tanto que sus opositores empeñados en su guerra de odio, a costa de lo que sea, sin ningún aprecio a la verdad ni a la ética, consolidaron el rechazo mayoritario en su contra. Y aún así, siguen en esa misma dinámica, cuando tendrían que buscar ganarse la confianza y la credibilidad de las mayorías que son las que determinan a los gobernantes en las democracias.

Por eso no es extraño que el PAN, PRI y el PRD cerraron el 2019 con una gran merma en sus padrones de militantes. El PAN por ejemplo informó que perdió un 30 por ciento de sus afiliados para pasar de 400 mil a 280 mil panistas registrados. El PRI y el PRD sufrieron la desbandada de muchos miles de afiliados y parecen condenados a convertirse en mini partidos.Algunas voces representativas de la derecha como el primer gobernador surgido del PAN, Ernesto Ruffo Appel exigen que su partido renueve su dirigencia nacional debido a que con Marko Cortés se han alejado de la gente y es necesario que vuelvan a sus lineamientos doctrinales en lugar de servir a una camarilla. El PRI tendrá que retomar la justicia social y acercarse a las causas populares en la misma proporción que tiene que alejarse de la derecha, específicamente del PAN. La premisa es renovarse o morir. México como toda democracia perfectible necesita una oposición sana, ética , racional, con aprecio a valores y el bienestar nacionales.

Como ave de tempestades, la XVI Legislatura de Quintana Roo, en muy poco tiempo de estar en funciones se ha caracterizada por los escándalos y las traiciones al pueblo. Ahora está de nuevo en el centro del debate al autorizar la exención del pago de impuestos, en el año recién iniciado, a los empresarios que inviertan más de 40 millones de pesos en el giro de juegos y sorteos, específicamente en la modalidad de casinos. Como era de esperarse nadie asume la responsabilidad del hecho. Todos se desmarcan y utilizan el pueril pretexto de que confiaron en el presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, el diputado del partido Verde, José de la Peña Ruiz de Chávez, quien al igual que el panista Eduardo Martínez Arcila, repite como legislador local. José Luis Toledo, otro que es diputado local por segunda ocasión, se apresuró a justificar su aprobación y se aferró a la poco creíble versión de que abusaron de su buena fe y fue chamaqueado, lo mismo que la panista Cristina Torres, y aún el mismísimo ya mencionado ex presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura Eduardo Martínez Arcila, también muy cercano al jefe del ejecutivo estatal. Nadie sabe, nadie supo. Aquí el único chamaqueado es el pueblo que tendrá que pagar el oneroso canje de placas, el impuesto a las familias por rentar cuartos o casas a través de Airbnb o alguna otra aplicación, etcétera.

Los casinos son establecimientos ligados a la ruina de varias familias de Chetumal, desde que se establecieron, primero en la Zona Libre y después en Playa del Carmen, Cancún y la misma capital quintanarroense. La adicción al juego ha dejado un saldo trágico en varios hogares. Nadie puede dudar que la ludopatía es una adicción extremadamente peligrosa que lleva a quien la padece a cometer todo tipo de atrocidades en aras de buscar la satisfacción de su deseo de ganar o de recuperar lo perdido.

Paradojas de la vida, los gobiernos del PRI restringieron los permisos federales al establecimiento de casinos en México, pero a la entrada del PAN con Vicente Fox como presidente y Santiago Creel Miranda como secretario de Gobernación les abrieron las puertas. Muchas veces los casinos también han sido ligados al lavado de dinero del crimen organizado. No hay modo de justificarlos. Por eso el gobierno federal actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció sobre el tema y dejó claro que las licencias para el establecimiento de casinos es facultad federal y no solo no se otorgarán nuevas, sino que se someterán a revisión las que ya operan. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

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