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Editorial

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvo el viernes pasado a 30 de sus elementos y los puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta los procese por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro personas. Ayer, un juez federal de control, con sede en Reynosa, Tamaulipas, consideró que la fiscalía aportó elementos de prueba suficientes para vincular a proceso a los uniformados y dictarles prisión preventiva de seis meses mientras se realiza la investigación complementaria correspondiente.

Las detenciones y la autorización de la apertura de un periodo de investigación formalizada por la conducta de los marinos, específica en el asunto, se producen en el marco de la indagatoria conducida por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos –adscrita a la FGR–, en torno a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mediados de mayo de 2018.

 

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En su momento, la Organización de Naciones Unidas denunció indicios de que las fuerzas armadas eran responsables de desaparecer a 23 personas en la entidad fronteriza durante ese periodo, mientras el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que la cifra podría ser del doble si se sumaban casos de enero y otros no reportados por la ONU. En respuesta, el gobierno federal, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, se limitó a concentrar a los marinos involucrados en la Ciudad de México.

En octubre pasado la FGR logró que se vinculara a proceso a seis integrantes de la Guardia Nacional (GN) acusados del asesinato de una mujer en Delicias, Chihuahua, el 8 de septiembre de 2020. De acuerdo con las investigaciones de la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, ese día los guardias nacionales abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba una pareja que antes había participado en actos de protesta para oponerse a la entrega de agua de la presa La Boquilla, cuyas instalaciones estaban bajo resguardo de la propia GN. El procesamiento penal de miembros de las fuerzas armadas por violaciones a las garantías individuales, hayan sido perpetrados en el sexenio anterior o en el transcurso de la actual administración, marca un notable giro en la lógica de aplicación de la ley, con el cual se previene que el fuero militar se convierta en una patente de impunidad.

Cabe destacar tanto la determinación de la fiscalía para obtener las órdenes de aprehensión, ejecutarlas y sustentar sus procedimientos ante los juzgadores, como la disposición de los mandos castrenses a colaborar en el curso de la justicia, voluntad que la FGR reconoció al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán.

Se trata, sin duda, de episodios esperanzadores en materia de vigencia de los derechos humanos y lucha contra la impunidad, y cabe hacer votos por que marquen el comienzo de una más amplia acción de la justicia en todos los casos de abuso de la fuerza por parte de las corporaciones armadas.

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Edición: Ana Ordaz 

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