Salvo cambios de última hora, hoy deberá decidirse en la Cámara de Diputados si el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea termina su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal conforme al periodo originalmente establecido o le son agregados dos años.
La determinación que empuje la mayoría formada por Morena y sus aliados impactará al propio ministro directamente involucrado, Zaldívar, pero también la contienda electoral de junio y, aún más allá de las urnas, el desarrollo político del resto del sexenio obradorista y su saldo histórico.
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Hasta ayer y conforme a las declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y jefe político de San Lázaro (dejado en el cargo por Mario Delgado), podría deducirse que el aparato morenista está dispuesto a sacar adelante la extensión del periodo de Zaldívar, propuesta a la que expresamente se ha adherido el Presidente de la República. En la Cámara de Diputados, Morena pretende que se “dispensen los trámites” necesarios para que hoy mismo la iniciativa, ya aprobada en el Senado, sea puesta a votación, sin análisis en comisiones ni dictámenes.
De convalidarse en San Lázaro el artículo décimo tercero transitorio, presentado a última hora en el Senado por el verde oaxaqueño Raúl Bolaños-Cacho Cué, el presidente López Obrador tendrá el camino libre para que se aplique la reforma judicial conforme a su criterio, pues contará con el ministro presidente aliado, Zaldívar, a quien considera imprescindible en ese proyecto de aterrizaje de la citada reforma.
Un daño colateral, en la hipótesis de que se apruebe la continuidad de Zaldívar durante dos años, es decir, durante el resto de la estancia de AMLO en Palacio Nacional, ya está presente en medios de comunicación y campañas opositoras, y se agudizará conforme se acerque la fecha de las elecciones: se acusa desde ahora al político tabasqueño de promover maniobras, desde la aritmética legislativa que le es favorable, para extender mandatos y sentar así antecedentes que pueden propiciar más adelante la intención de alargar el propio periodo presidencial, por más que el propio tabasqueño lo niegue con una insistencia que parece producir el efecto contrario entre sus opositores más enconados.
La apuesta obradorista por el alargue de Zaldívar proviene de una lectura absolutamente pragmática. Hasta ahora, las reformas en el Poder Judicial de la Federación, y la elección y permanencia de los ministros de la Corte y de su presidente se han procesado de manera incruenta, incluso cuando Ernesto Zedillo redujo de 26 a 11 las sillas de la citada Corte y propuso al Senado 18 candidaturas a ministros, de las cuales se eligió, el 26 de enero de 1995, a los 11 nuevos integrantes del máximo órgano del Poder Judicial (entre ellos, a Olga Sánchez Cordero).
Permeado de manera grave por la corrupción, motor de injusticia constante y de servicios especiales a poderes varios, siempre con el dinero como principal móvil, el aparato mexicano de justicia (en los planos estatales y federal) será zarandeado por la reforma judicial opacada por el ya famoso artículo transitorio continuista.
Habrá de verse si los esfuerzos, los intereses y la presión de cercanos al Presidente de la República (como el consejero Julio Scherer, la ex ministra Sánchez Cordero y el propio ministro Zaldívar) permiten sacar adelante, a lo largo de lo que resta del sexenio, una reforma al Poder Judicial a la altura de lo esperado por la nación o todo queda en simulaciones y facciones. Claro, primero habrá de verse si Morena y sus aliados logran extender el periodo operativo del ministro Zaldívar.
Y, mientras Félix Salgado y Raúl Morón argumentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ellos cumplieron con sus reportes de precampaña y, en todo caso, la responsabilidad de haberlos presentado ante el INE era del omiso partido Morena, ¡hasta mañana!
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Edición: Ana Ordaz
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