El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que apoyará la suspensión temporal de las protecciones a las patentes de las vacunas contra el Covid-19 a fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo. En un comunicado, la representante comercial de Washington, Katherine Tai, expresó que la administración encabezada por Joe Biden “cree con fuerza en la protección de la propiedad intelectual”, pero que ante una crisis sanitaria mundial “las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias”.
En su calidad de presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), México reconoció la postura del gobierno estadunidense, la cual “va en concordancia con el comunicado del 19 de abril donde la Celac hace un llamado a la comunidad internacional y a las farmacéuticas para democratizar la producción y acceso a dichas vacunas, al considerarlas bienes públicos globales”. La propuesta de garantizar acceso universal a las recetas y materiales para producir vacunas anti-Covid-19 es respaldada por más de 100 países, y es objeto también de un movimiento global que el 23 de abril hizo llegar al presidente Biden una petición con 2 millones de firmas para que apoyara la moción dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Dada la gran influencia de Washington en la OMC, se considera que el anuncio de ayer supondrá un punto de inflexión en los esfuerzos para poner las vidas humanas antes que las ganancias; sin embargo, esta propuesta todavía deberá salvar la negativa de naciones como Francia, que apuesta por paliar la aguda desigualdad en el acceso a las vacunas mediante donaciones a los países pobres, y sobre todo la cerrada oposición de las empresas farmacéuticas, las cuales argumentan que la suspensión de las patentes sería un disuasivo para emprender costosas investigaciones en el futuro.
Como manifestó la embajadora Tai, las circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias, y la liberación de las patentes debe plantearse en calidad de un deber humanitario ante los desafíos que representan el descontrolado repunte de la propagación del coronavirus en India o el surgimiento continuo de nuevas cepas que podrían amenazar incluso a quienes ya han sido vacunados. Este imperativo ético puede extenderse a una serie de medicamentos cruciales para la salud pública global, entre los cuales cabe incluir a los tratamientos oncológicos y antirretrovirales. En este sentido, la pandemia ha obligado a poner en primer plano de la agenda pública global la necesidad de buscar mecanismos de cooperación y financiación internacionales que concilien la investigación y desarrollo de nuevos fármacos con un sistema de patentes que no excluya a los habitantes del planeta del acceso a medicinas cuyo uso es fundamental para el ejercicio de su derecho a la salud.
Edición: Emilio Gómez
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