Impunitas

La impunidad sigue siendo una herida abierta en México y no existe ninguna cura automática, sino que requiere un proceso largo y doloroso, porque implica romper estructuras añejas con actores políticos y económicos todavía empoderados que se oponen a cualquier cambio que amenace los beneficios que obtienen con esas prácticas que dañan al país. 

La palabra impunidad proviene del latín impunitas, que significa “sin castigo”. Es una circunstancia que se da cuando un delincuente no recibe castigo por el delito cometido. En Wikipedia aparece como un “escape de la sanción que implica una falta o delito”.

Los ánimos de un sector del país se encendieron con la afirmación del Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán de que por la actuación de jueces y ministerios públicos, muchos detenidos en tráfico de precursores de drogas o involucrados en crimen organizado obtienen su libertad de manera rápida. Aunque resulte incómodo hay que aceptar que la aseveración del Almirante Ojeda está respaldada por los hechos. No fue una elucubración, sino más bien, una queja sobre una situación que nos lastima a todos como sociedad.

La reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presidente también del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Arturo Zaldívar, fue pronta y expedita, como debiera ser la aplicación de la justicia, y puntualizó que “la función de los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución”. Nadie puede defender los derechos humanos prohijando la impunidad.

Dolió la afirmación del secretario de Marina al lamentar la actuación de jueces que liberan rápidamente a delincuentes que atrapan aún con riesgo de perder la vida, lo cual remató expresando: “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial”. El ministro Zaldívar replicó doctoralmente: “Un poder judicial independiente es esencial en la democracia”, como si eso disipara que la impunidad es la imposibilidad de llevar a violadores de derechos humanos ante la justicia. Los criminales lastiman personas y no sancionarlos no es aplicar justicia que es “el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”. La SCJN tendría que cambiar de nombre si está alejada de la justicia y posibilita la impunidad.

En lo local

Yensunni Martínez, no solo ganó su demanda por violencia política de género en contra  del candidato de Morena y sus aliados, Luis Gamero Barranco, en cuya planilla figuraba como síndico, sino que ahora sus poderosos padrinos que tienen el control del guinda en la entidad la ubicaron como candidata sustituta a la presidencia municipal de Othón P. Blanco. La base en el fallo de los magistrados fue el testimonio de la ex dirigente estatal morenista Anahí González, hoy candidata a diputada federal por el sureño distrito dos. Yensunni Martínez es actual coordinadora de la campaña electoral de Anahí González que radica en Cancún y era regidora en el gobierno de Mara Lezama. Sus campañas echadas sobre las espaldas de AMLO, el peso de la marca Morena y la nobleza de la gente, aupadas por Rafael Marín Mollinedo que es el gran elector en Quintana Roo de la pléyade de amigos tabasqueños de López Obrador. El otro fallo de la sala Xalapa del TEPJF afecta a José Alonso Ovando, candidato del PRIAN-RD-CQ, también por violencia política de género. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

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Edición: Laura Espejo