La muy esperada jornada dominical tuvo, cuando menos, las siguientes características: una gran participación ciudadana, actos de violencia política focalizados, pero por encima de los promedios anteriores; fallas en la integración de directivas de casillas atribuibles a los órganos electorales y adelantado triunfalismo sin sustento documental por parte de varios candidatos a gobiernos estatales.
A reserva de conocer los datos oficiales, las mesas receptoras de votos tuvieron una afluencia ciudadana notable, que podría corresponder a la polarización y crispación políticas, las cuales motivaron a los partidarios de cada opción a defender sus causas en las urnas.
Una primera lectura de algunas valoraciones de salida apuntan a que Morena habría conseguido un porcentaje de votación similar al de 2018, o acaso un poco mayor, pero PAN y PRI podrían también haber alcanzado sufragios por encima de la pasada elección general (2018), de tal manera que habrá de verse si este nuevo reparto de curules, más las reglas para evitar sobrerrepresentación en San Lázaro, significará un freno o una dificultad mayor para que se procesen en esa Cámara las iniciativas de reformas legales enviadas por Palacio Nacional.
En cuanto a las gubernaturas en contienda, Morena pareciera llevar delantera en más de la mitad de esos cargos, con tropiezos notables en Nuevo León y San Luis Potosí, más la confirmación del largo predominio panista en Querétaro.
Los hechos de violencia tuvieron en algunos lugares expresiones propias del crimen organizado (en Baja California se arrojó una cabeza humana en un sitio receptor de votos) o de desesperación de grupos políticos caciquiles (un ejemplo, en el Estado de México, donde el sistema priísta está en evidente decadencia), pero no lograron contaminar al proceso electoral en general.
Una revisión en curso se refiere a la eficacia de la estructura electoral en los planos estatales, pero sobre todo, en el nacional. Hubo fallas en la integración de las directivas de las casillas. Por ejemplo, Bernardo Barranco, quien sabe mucho de religión, pero también de política y elecciones, indicó ayer que de cada 10 funcionarios de casilla en el Estado de México, tres no asistieron y fueron remplazados por personas formadas entre los votantes, lo cual es preocupante y propicio para adulteraciones.
Por lo pronto, ha brincado Lorenzo Córdova la aduana de estas elecciones intermedias, pero no sale bien librado de las batallas políticas en que participó. Los partidos, en general, presentaron en varios casos platillos sucios y tóxicos, que obviamente no merecen los ciudadanos. Es de esperarse que luego de estos tragos amargos haya una reforma electoral auténtica, de apertura a mejores formas de participación política rumbo a 2024.
El mero día electoral fue aprehendido el ex gobernador priísta de Nayarit Roberto Sandoval, junto con su hija, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero, en el habla popular). Sandoval fue jefe y cómplice de Édgar Veytia, El Diablo, quien era titular de la Fiscalía de Justicia del estatal y está encarcelado en Estados Unidos bajo acusación de haber sido el operador personal de una maquinaria del crimen organizado a la que protegía y dirigía desde la mencionada fiscalía.
Sandoval fue gobernador de 2011 a 2017 y agrega su figura carcelaria a la famosa fotografía de los gobernadores del “nuevo PRI” que solía presumir el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En Nayarit se eligió ayer gobernador, para sustituir al empresario Antonio Echevarría, que llegó en 2017 al poder postulado por PAN, PRD, PT y un partido local.
Y, mientras las casillas especiales siguen siendo materia de conflicto, esta vez por ciudadanos que pretendían votar fuera de su domicilio electoral, pero también de su circunscripción, sin atender la regla de que sólo lo podrían hacer para diputados federales por la vía plurinominal y, justamente, por ello, nada más en la jurisdicción correspondiente, ¡hasta mañana!
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Edición: Emilio Gómez
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La Jornada
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