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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Arantza Franco Salazar

A más de un año del Covid-19 en la península de Yucatán, muchos han sido los problemas que la población maya ha tenido que enfrentar desde contextos más complejos que el resto de la población, particularmente hablando de la expansión del virus entre sus comunidades.

Si bien, la esperanzadora campaña nacional de vacunación contra el Covid-19 ha ido avanzando progresivamente en el país –lo que para algunas personas representa la solución de la pandemia y sus impactos- para poblaciones indígenas como la maya, la vacunación no representa un simple “borrón y cuenta nueva”, ya que la pandemia vino a agudizar la previa situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. 

En su informe El impacto del Covid‐19 en los pueblos indígenas de América Latina‐Abya Yala, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que los pueblos indígenas han sido situados sistemáticamente entre los segmentos de la población más empobrecidos, con menor acceso a la educación, a los servicios de salud, al agua potable y a la vivienda adecuada desde el inicio de la colonización europea y hasta nuestros días (CEPAL, 2020). Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los pueblos originarios son un grupo de población altamente vulnerable en el contexto de la pandemia por Covid-19 (CIDH, 2020). Lo anterior, se puede ver reflejado en la notable diferencia entre el nivel de letalidad del virus en los pueblos indígenas -16.5 por ciento- en comparación al nivel nacional –12.4 por ciento- (Secretaría de Salud, 2020).

En este contexto, el 29 de abril del presente año, la Secretaría de Salud informó que la población indígena de Yucatán -que en su mayoría es perteneciente al Pueblo Maya- encabezaba las cifras del Covid-19 y la población indígena en el país con 2 mil 897 casos confirmados y lamentablemente, 480 defunciones. Dicha situación contrasta con la de las entidades vecinas de Campeche y Quintana Roo –también territorios mayas- las cuales no figuran entre los primeros siete lugares de la lista. 

Es posible que la diferente densidad poblacional del Pueblo Maya en cada estado y los flujos migratorios que existen entre las áreas rurales y los principales centros económicos formen parte de la explicación, pero las medidas de atención implementadas en torno a ellos también han jugado un papel importante en la afectación del virus en la población maya.

La vulnerabilidad histórica de los pueblos indígenas no solamente abarca sus niveles de vida, también alcanza la esfera de la toma de decisiones sobre ella, en la que el Estado -quien en su deber gubernamental, ha sido el encargado de gestionar las acciones y políticas públicas que considera convenientes para los pueblos originarios- los ha excluido de la participación como actores esenciales en estos procesos y en el contexto de la pandemia, sus acciones se han limitado a difundir distintos materiales informativos acerca del Covid-19 en lengua maya. 

A reserva de esto, diferentes comunidades, organizaciones y grupos del mismo Pueblo Maya han decidido autogestionar soluciones desde sus propios capitales y medios de vida a la crisis que ha traído consigo la pandemia. Algunas de estas van desde incentivar el consumo de los productos de la apicultura para mejorar el sistema inmunológico hasta la elaboración de un recetario de plantas medicinales para tratar síntomas del Covid-19.

Aunque ambos actores – Pueblo Maya y Estado – se han encargado por su parte de aplicar soluciones en respuesta a la pandemia, no ha existido una colaboración conjunta. Ha hecho falta un componente clave para obtener resultados concretos en la disminución de los casos confirmados y defunciones en un estado como Yucatán -territorio en el cual se localiza el 62.4 por ciento de la población total del Pueblo Maya (INPI, 2015)- y bien, esta podría ser la transición del gobierno a la gobernanza, en donde representantes pertenecientes al Pueblo Maya -actores principales en torno a este grupo- sean escuchados, incluidos e involucrados en la toma de decisiones para atender de forma eficaz y pertinente los distintos problemas que han sido resultado de la vulnerabilidad previa y agravada en mayor medida por la pandemia. 

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Edición: Estefanía Cardeña 


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