Reformas legislativas en materia de igualdad de género en Yucatán

Sara E. Sanz Reyes

El 9 de diciembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán reformas importantes en materia de igualdad de género. Los cambios fueron a la Constitución Política del Estado en materia de fortalecimiento institucional e igualdad de género y consistieron en la Prohibición de discriminación por identidad de género, identidad sexual y preferencias sexuales; la Obligación del Poder Judicial de impartir justicia con equidad y perspectiva de género; inclusión del Principio de paridad en la conformación del consejo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la institucionalización de la perspectiva de género como principio rector de la legislación, políticas y, en general, en el quehacer del Estado.

En la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán se estableció la obligación de crear las Unidades de igualdad de género con el objetivo de contribuir, asistir y coadyuvar a la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género y una cultura organizacional en la administración pública estatal y municipal. Debe destacarse que en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, se incorpora como principio para la planeación en el Estado la perspectiva de género. 

La diputada Milagros Romero Bastarrachea, la presidente de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura, en entrevista para el Observatorio ORGA, explicó que las reformas están surtiendo efecto de manera progresiva y será en el presupuesto que se apruebe para el 2022 donde se deberán canalizar recursos importantes para la creación de las Unidades de Género y fortalecer la aplicación del resto de las reformas. 

Algunos otros temas pendientes son la revisión de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán para analizar la pertinencia de que la Secretaría de Gobierno sea la dependencia responsable de la reducación de los hombres y las campañas para cambiar los modelos de masculinidad vigentes y no la propia Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en coordinación con el Centro de Justicia de las Mujeres y la Fiscalía General. De igual modo, en materia de capacitación, formar al personal de seguridad pública en el conocimiento y aplicación de los protocolos y los mecanismos de participación ciudadana (consejos de seguridad, juntas policiales y comunitarias). Así como al sistema de justicia en su conjunto. 

En estos procesos de formación se debe involucrar a los colectivos de mujeres y asociaciones civiles, así como a los observatorios de violencia de género en la región. Un panorama alentador para concretar la aplicación de estos cambios es que la siguiente Legislatura estará integrada por alrededor de un 65 por ciento de diputadas que pueden asumir el compromiso de mantener vigentes las reformas y generar otras a favor de la igualdad de género en el Estado.

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Edición: Estefanía Cardeña