Acabar con la impunidad es una tarea titánica que es imposible de lograr sin la participación de la sociedad, ya que no es un asunto únicamente de voluntad política de un jefe del ejecutivo de la nación por la complejidad y el profundo arraigo del entramado legal e institucional que fue diseñado para proteger prácticas ilegales y corruptas.
En 1981 fue realizada la película “El Mil usos” dirigida por Roberto G. Rivera, protagonizada por el gran actor ya finado, Héctor Suárez, bajo un excelente guión de Ricardo Garibay. La cinta narra la vida de Tránsito, un campesino del Atlihuetzia, Tlaxcala que se ve obligado a migrar hacia la capital del país por la extrema pobreza y la falta de oportunidades.
La situación de Tránsito no mejoró en la gran ciudad, a pesar de sus deseos de salir adelante y desempeñar todo tipo de trabajos lo que le valió el mote de “mil usos”. En una segunda película se va de ilegal a Estados Unidos y le fue peor.
Hay una escena donde el personaje protagónico acude a un mitin en el que un político pronunciaba un discurso gritando a voz en cuello: “Mienten quienes dicen que México es un país subdesarrollado. México es un país súper desarrollado, porque todos los días nos levantamos más de 60 millones de mexicanos a romperle la M…al país, ¡y el país aguanta!”.
En 1981 que se rodó la película México tenía 69 millones 268 mil habitantes, en la actualidad 40 años después, somos alrededor de 130 millones de mexicanos y los problemas sociales se han acendrado en muchos casos, e incluso, el elevador social prácticamente se ha roto desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994 con un saldo brutal de pobres, la riqueza concentrada en muy pocos, corrupción e impunidad, violencia e inseguridad. La situación se ha agravado por el entramado legal e institucional para resguardar los privilegios de las élites políticas y económicas. Decía Montesquieu que “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. Los escándalos de los Consejeros que manejan el INE como opositores del pueblo soberano igual que la mayoría de los organismos autónomos, las disputas por el control de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los fallos absurdos de jueces y magistrados como los que desecharon pruebas para liberar a los poderosos personajes denunciados por la periodista Lidia Cacho, y un largo etcétera que evidencia inoperancia y complicidad del Poder Judicial que son fieles a su origen al servicio de las élites en gobiernos del PRI y del PAN aunque se disfracen de apartidistas.
En lo local
Nadie desea que el barco en el que navega tenga problemas graves y más bien se pretende que el capitán arregle la nave, discipline a su tripulación y arribe a buen puerto para bienestar de sus pasajeros. Es bueno y saludable caminar por el bulevar bahía de Chetumal, incluso recomendable, pero es un abuso hacerlo seguido de un ostentoso vehículo oficial, cuyo chofer también es pagado con dinero público, tal como fue grabada in fraganti la directora general del DIF Quintana Roo María Elba Carranza Aguirre acompañada de la directora de recursos humanos Laura Gabriela Soberanis que además exhibieron un comportamiento prepotente y altanero. Olvidan que el poder público se debe al pueblo, a los ciudadanos a los que deben rendir cuentas, y que ese poder es temporal. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
Edición: Laura Espejo
Dependemos en demasía de la electricidad; ¿qué pasa con esos rincones del mundo que viven en penumbra?
Rafael Robles de Benito
El instituto electoral deberá emitir una resolución al respecto
La Jornada
La censura intenta destruir la curiosidad humana, pero en los rebeldes, la alimenta
Margarita Robleda Moguel