¿Sólo Layda? ¿Y Gallardo?

La diferencia entre Layda Sansores (Morena y PT) y Eliseo Fernández Montúfar (Movimiento Ciudadano, antes Partido Acción Nacional) fue de 5 mil 994 votos, es decir, 1.41 por ciento del total de sufragios emitidos, cifras por debajo de la emisión de votos nulos (8 mil 387, 1.99 por ciento del total).

Esa condición exigua, acusaciones de fallas e irregularidades en cuanto a boletas y cómputos, más las pugnas entre dos bandos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han colocado a la hija del emblemático priísta Carlos Sansores Pérez (1918-2005) en una situación enigmática: cuatro de tres magistrados ordenaron recontar la totalidad de los votos emitidos, a pesar de que Movimiento Ciudadano sólo había denunciado presuntas irregularidades en 13 de 21 distritos electorales locales.

“¿Por qué se ordena (recontar) todo?”, preguntó José Luis Vargas Valdés, quien hasta días atrás presidía ese órgano judicial electoral. “En todo caso, el recuento debería ser sólo para los 13. Parece una exclusiva intención de a ver qué se encuentra y ni siquiera fue solicitado por el partido actor”, añadió.

La postura de Vargas fue en contra de la absolutamente extensiva que sostuvieron sus rivales en la pelea por el control del tribunal, Janine Otálora (la ponente que en pleno análisis del tema añadió rasgos a su propuesta, como quien lo hace por encargo de último minuto), Reyes Rodríguez Mondragón (quien se encaramó de manera golpista en la presidencia del tribunal por unas horas, al igual que Otálora, ésta a título de “presidenta por ministerio de ley) y Felipe Fuentes Barrera, quien quedó como presidente interino en lo que se desahogan los asuntos pendientes como las calificaciones de las gubernaturas de Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí.

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En el caso campechano podría encontrar Movimiento Ciudadano (MC) su segunda gubernatura de la cosecha 2021 (ya tiene otra, la de Jalisco), con el empresario Fernández Montúfar. Por cierto, quedó en tercer lugar Christian Castro Bello, sobrino del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.

En PRI y PAN hay crecientes versiones de que MC juega al esquirolaje en el “frente opositor” al obradorismo. Ayer, sin embargo, MC votó con esos opositores a la hora de sumar votos contra la pretensión de Palacio Nacional de que en un periodo extraordinario de sesiones del congreso federal se aprobara la ley de revocación de mandato (aunque esas maniobras podrían ser fórmulas de encarecimiento de la venta de amor legislativo de MC, pagaderas incluso en Campeche).

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Hacer trastabillar el caso de Layda Sansores, y eventualmente desconocer el resultado a su favor, fortalece la seria posibilidad de reconsideración en otros casos, como el de San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo Cardona (PVEM, extraoficialmente en alianza con Morena) lleva hasta ahora la etiqueta de gobernador electo a pesar de la subsistencia jurídica de acusaciones fundadas de corrupción en el ejercicio de una presidencia municipal y el trasiego de dinero público hacia cuentas y empresas personales y familiares.

Gallardo Cardona ha estado bajo investigación por denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, dijo en reciente entrevista que los resultados de esas indagaciones están en manos de la Fiscalía General de la República.

Además de esos señalamientos específicos, hay acusaciones de irregularidades en el proceso electoral reciente (sobre todo, rebase de topes de gastos de campaña), que deberán ser analizadas por los magistrados electorales en términos que habrán de mostrar la congruencia o la selectividad de sus acciones.

Y, mientras la Sala Superior del TEPJF ha confirmado la multa de 40.9 millones de pesos al negocio de las cuatro mentiras (PVEM), por el uso de influentes (influencers, en inglés) en redes sociales (a la vez, ¿habrá castigo para esos vendedores de “influencias” internéticas?), ¡hasta el próximo lunes!

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Edición: Mirna Abreu