Seguridad de la península en riesgo por crimen organizado

Carlos C. Díaz Ornelas

De acuerdo con el Índice de Paz México 2021, las tres entidades de la península de Yucatán mejoraron sus indicadores de seguridad en 2020. Este avance, afectado por la clausura del turismo internacional que provocó la pandemia, está en riesgo por la operación de bandas de alto impacto del crimen organizado.  

Los principales indicadores en materia de seguridad pública revelan que Yucatán se ha mantenido como el estado más pacífico del país desde 2015. De igual forma, Campeche se ubica en el tercer lugar nacional de entidades más pacíficas. Durante 2020 en este estado se logró reducir más de 50 por ciento los crímenes relacionados con la delincuencia organizada, lo que representó uno de sus principales avances en materia de seguridad. 

Al contrario de los otros estados de la península, Quintana Roo se mantiene desde 2015 como una de las 10 entidades menos pacíficas en el país. Tiene las tasas más altas en el ámbito nacional en delitos como el secuestro y la trata de personas. Actualmente ocupa la posición 26 de las 32 en materia de paz y seguridad ciudadana. 

A pesar de su regularidad como estado inseguro según los indicadores delictivos, en 2020 Quintana Roo fue el estado del país que registró los mayores avances en materia de seguridad. Con respecto al año anterior, tuvo una importante disminución en delitos con armas de fuego, homicidios y delitos del crimen organizado. Esta reducción está relacionada con el descenso de la actividad económica producto de las restricciones globales en viajes causadas por el Covid-19, lo cual produjo que los ingresos del sector turístico se redujeran casi a la mitad.

Pese a esta temporada de bajas tasas de crimen, la fragmentación de las bandas delictivas de alto impacto del crimen organizado representa el principal riesgo de seguridad para el futuro cercano. Según el reporte de riesgos anual presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la península de Yucatán hay indicios de operación de al menos cinco grupos delictivos de alto impacto y sus escisiones. Los conflictos entre ellas por el control de la actividad en el territorio son una de las principales vulnerabilidades para la seguridad pública en la península. 

De acuerdo con reportes de seguridad privados, la presencia de organizaciones criminales en la península de Yucatán es distinta en cada una de las entidades. En las tres entidades se advierte la operación de escisiones del Cártel del Golfo (CDG), del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS). 

En Yucatán, pese a ser uno de los estados más pacíficos del país, se ha registrado también la actividad de bandas delictivas locales y del Cártel del Istmo. Finalmente, en Quintana Roo, que concentra la mayor actividad delictiva en la península, no son poco comunes las disputas violentas por el control de las zonas turísticas entre el CJNG y el CDS, así como de organizaciones locales y subgrupos derivados de Los Zetas.  

Los principales crímenes que perpetran las bandas delictivas de alto impacto en la región sureste se refieren a aquellos relacionados con el narcotráfico, el narcomenudeo, la extorsión y la trata de personas. Sin embargo, dadas sus características sociodemográficas, el panorama delictivo para cada entidad tiene retos particulares. 

Durante el primer semestre de 2021, los delitos con mayor crecimiento en Campeche fueron delitos como el robo de vehículos, la violación y el narcomenudeo. Para Yucatán, durante el mismo periodo, los delitos con mayor crecimiento fueron las lesiones y la violencia intrafamiliar. En cambio, los primeros seis meses de este año mostraron en Quintana Roo un aumento en delitos como el feminicidio, el secuestro y el robo en transporte público.

Las diferencias en los patrones delictivos de los estados confirman la necesidad de un esfuerzo focalizado de políticas de seguridad adecuado a las necesidades específicas de cada entidad. La colaboración interinstitucional de las tres entidades podría significar una mejora pública para la definición de un sistema de inteligencia que atienda a la península. 

La mejora en los indicadores de seguridad de la región significa una importante oportunidad para las autoridades estatales. La península se encuentra frente a la encrucijada de volver a los niveles anteriores de inseguridad o mantener los niveles de seguridad alcanzados en 2020. Frente a este reto, la reapertura de la actividad turística podría tener un efecto de rebote sobre la actividad del crimen organizado. Es responsabilidad de las autoridades garantizar que el regreso de la actividad turística no signifique el regreso a tasas de delito semejantes a los años previos a la pandemia, particularmente en aquellos que más involucran la participación de bandas delictivas de alto impacto.  

Un segundo factor que vulnera la seguridad de la región es el deterioro de las condiciones económicas en la región. De acuerdo con el reporte de pobreza CONEVAL en 2021, las tres entidades presentan un aumento en el número de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2020. En Quintana Roo la pobreza creció 17% en ese periodo, lo que lo hace el estado del país con mayor crecimiento de la pobreza en lo que va del sexenio. En Yucatán la pobreza creció un 5% mientras que en Campeche el crecimiento fue de 2 por ciento. El deterioro de las condiciones económicas representa una debilidad estructural que puede incidir en el aumento de las tasas de crimen y en la expansión de las capacidades de operación del crimen organizado.

Para los gobiernos es central corregir la percepción ciudadana de inseguridad. Y es que, por ejemplo, en Cancún, 88% de las personas consideran que viven en un lugar inseguro. Después de Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad del país con peor percepción de seguridad, según el INEGI. Es fundamental que el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad de las tres entidades se oriente hacia una mejora en la percepción pública de seguridad. 

La mejora en la precepción sobre la seguridad pública, debe además complementarse con un trabajo continuo y fortalecido de las fiscalías local y federal, la impunidad genera en la población opiniones, sobre el desempeño de la autoridad, tales como la puerta giratoria, la colusión de policías y ministerios públicos y sobre todo que es inútil la denuncia del delito, dado que no sucederá nada y al contrario puede ser un doble riesgo para las víctimas. Eso debe cambiar y la única ruta es el fortalecimiento de las instituciones de justicia, a través de una mayor participación ciudadana que brinde confianza, por medio de los resultados y la transparencia. 

El camino es largo, lo importante también será no retroceder al vaivén de los procesos electorales, Quintana Roo y Campeche iniciarán próximamente nuevas administraciones estatales, su reto, sin duda, será avanzar mucho más con la mirada en el futuro y no con el reclamo hacia el pasado.

Carlos C. Díaz Ornelas 

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Edición: Laura Espejo