La policía italiana suspendió una subasta de bienes arqueológicos mexicanos que se realizaba el jueves en la Casa Bertolami Fine Arts, en Roma. Además de bloquear la venta de las piezas e impedir la entrega de las que ya habían sido asignadas, los carabineros aseguraron 17 objetos que, “de inmediato, serán puestos a dictaminación sobre su procedencia ilícita” para, en su caso, ser devueltos a México.
El operativo, realizado tras una denuncia de la embajada mexicana en Italia, supone la primera vez que autoridades de un país europeo detienen una venta de obras arqueológicas mesoamericanas, en atención a las múltiples protestas que el gobierno de México ha hecho contra esos remates. Debe recordarse que hace hoy justamente dos años la casa Millon Drouot de París subastó 120 piezas prehispánicas, de las cuales 95 procedían de Teotihuacan, Estado de México; Guerrero, Oaxaca y zonas del sureste mexicano donde se asentaron las culturas maya y olmeca. Pese a las protestas formales del gobierno mexicano, en febrero pasado la casa Christie’s obtuvo 2.53 millones de euros por 40 piezas prehispánicas, 33 de las cuales presuntamente corresponden a yacimientos ubicados en el actual territorio mexicano; en lo que la empresa calificó de “la mayor suma de arte precolombino” que haya recogido en París.
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Con estos antecedentes, cabe saludar la actitud de protección de las piezas arqueológicas adoptada por las autoridades italianas, que ofrece un ejemplar contraste frente al amparo provisto por la legislación francesa para perpetrar actos de piratería a la luz del día y traficar con el patrimonio cultural de las naciones como si fuese una mercancía cualquiera.
Asimismo, es necesario remarcar la ilegalidad de cualquier operación mercantil realizada con objetos arqueológicos procedentes de México, e incluso de la presencia de dichas piezas fuera del territorio nacional. Como puntualizó nuestra legación diplomática al externar su “extrañamiento, indignación y protesta firme” ante la inminencia de la subasta, “la legislación mexicana prohíbe desde 1934 la salida de dichos bienes del país”, que “al no contar con certificados de exportación, se entiende que se trata de piezas robadas y sustraídas ilegalmente”.
En espera del dictamen que los expertos de la península itálica hagan sobre la procedencia de devolver los objetos a nuestro país, es indudable que, al evidenciar el carácter delictivo e ilegítimo de estos eventos, México muestra su convicción en la defensa de un patrimonio cuyo valor trasciende cualquier tasación monetaria por ser parte inalienable de la identidad de la nación y, en particular, de los pueblos originarios. Sólo queda hacer votos porque lo ocurrido en Roma marque un punto de inflexión en los esfuerzos de México y otros países para recuperar piezas, códices y documentos que en distintos momentos y por diversas vías han sido sustraídos y convertidos en fetiches por la ambición inescrupulosa de coleccionistas institucionales o privados.
Edición: Emilio Gómez
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