10 trazos para confeccionar una Ley de las artesanías de Quintana Roo

María Teresa Ejea Mendoza*

Me venía intrigando la poca atención que la producción artesanal había recibido en la política pública quintanarroense. Algo similar advertía en el campo de los estudios de los procesos socioculturales: parece que el tema no ha resultado del todo elocuente para los investigadores. Esto último es comprensible si consideramos que la historia regional ha dado para muchos otros temas importantes como tela de donde cortar. 

Hasta cierto punto también es comprensible que hasta ahora no se haya armado un marco normativo sólido que fundamente y estructure los planes, programas y acciones de fomento a la producción artesanal en la entidad, si no se tenía muy claro el papel que los objetos artesanales juegan en la vida sociocultural y económica local y en la economía estatal; o simplemente no se tenía noción de la cada vez más fuerte presencia y diversidad de objetos que caben bajo ese nombre: artesanía quintanarroense. Como decía Luz del Carmen Vallarta, en 1985, en ese entonces se creía que los hipiles, cestos y demás objetos artesanales que se elaboraban en Tihosuco no eran artesanías, sino “potenciales artesanías” puesto que no se vendían a gente de fuera, sino que eran para consumo interno, local. 

Y sí, por lo regular los objetos que en nuestro país ostentan el título de “artesanías” han ya pasado por un proceso de amplia difusión, de comercialización fuera del lugar donde fueron creados, y de uso y aprecio por sectores que no los producen, como, por ejemplo, los turistas, extranjeros y sectores clase media urbanos. Cuando estos objetos comienzan a circular en diversos circuitos de mercado, no locales, en los cuales se les dan nuevos usos y nuevos significados, se les comienza a llamar “artesanías” y a quienes los producen, “artesanos”. 

Si revisamos la literatura sobre el tema, en México, desde 1921, año en que se realizó la primera exposición de arte popular (quizá, más bien, llamada Exposición de Arte Nacional), misma que consistió en la exhibición de numerosos objetos producidos artesanalmente en las diversas regiones del país, observaremos que el término de artesano no se emplea, sino hasta los años 1950. 

Desde los años 1920, entonces, en nuestro país, gracias a artistas mexicanos, como Montenegro, Enciso y Murillo, se impulsó la apreciación del trabajo artesanal, en tanto manifestación de la habilidad manual y del sentimiento artístico que portaban los objetos, sobre todo los producidos en los pueblos originarios, sin por ello dejar de lado a los pueblos campesinos mestizos. Los organismos de gobierno promovieron luego el valor identitario nacional de las artesanías, como signo de cultura nacional, de la mexicanidad, de “nuestras raíces”. Más tarde, se sumaron a esa “cruzada” la iniciativa privada (que los vio como oportunidad de negocio) y ciertos sectores de la sociedad, como los intelectuales, por ejemplo (que los adquirían para usarlos o como regalos) y los turistas nacionales o extranjeros (que los apreciaban como souvenir). A la par, ante la precariedad productiva en algunas regiones campesinas, la acción gubernamental consideró que el trabajo artesanal era una alternativa, una fuente de ingresos para esos sectores de la población. Esta suposición acrecentó el interés por promover la producción y comercialización de las artesanías. 

Así, a lo largo de ese camino que comenzó en 1921, diversos sectores de la sociedad mexicana, no productores, se han ido apropiando, hecho suyos, los atributos identitarios y estéticos de las artesanías mexicanas. No hay lugar aquí para abundar en esos 100 años de historia, sólo baste decir que mientras eso sucedía, Quintana Roo estuvo viviendo su propia experiencia histórica, un proceso que la llevó a auto reconocerse y constituirse en entidad, independiente. 

El pasado 14 de septiembre, se presentaron en el Congreso del Estado de Quintana Roo dos Iniciativas de Ley relacionadas con la actividad artesanal del estado: la Iniciativa de Ley de Protección y Fomento de la Actividad Artesanal del Estado de Quintana Roo y la Iniciativa de Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las Artesanías en el Estado de Quintana Roo. En mi opinión, esas Iniciativas son un comienzo para reconocer el papel de los objetos artesanales en la conformación de un sentido de vida propiamente quintanarroense. Son también una oportunidad para revisar (y pensar cómo neutralizar) algunos de los problemas frecuentes que caracterizan los procesos de mercantilización de los objetos artesanales. 

Tomando en cuenta lo que ha sucedido en otras regiones del país y lo que ya está sucediendo en Quintana Roo, en las siguientes líneas enlisto, a manera de trazos para su confección, 10 aspectos clave que en mi opinión deberían estar presentes en una Ley de fomento a la artesanía de Quintana Roo.

1. Una Ley como esta debería fomentar y proteger no sólo la cultura maya, sino la cultura quintanarroense; lo cual quiere decir amparar los productos artesanales que aun cuando no manifiestan motivos tradicionalmente mayas, sean producidos por artesanos quintanarroenses, con materiales locales y denotando un sentido estético. Sabemos que Quintana Roo es diversidad cultural, tiene fuerte presencia la herencia maya, pero también tienen presencia elementos heredados de las culturas de procedencia de su población inmigrante generaciones atrás, y ello queda plasmado en los objetos artesanales de su creación.

2. Una Ley como la que se propone debería poner atención no sólo en las artesanías como objetos culturales, sino también en los individuos que las producen y los procesos de producción, para así mejorar sus condiciones de vida y dignificar su trabajo. Impulsar la comercialización de las artesanías no es suficiente para mejorar las condiciones de vida y dignificar el trabajo de los artesanos. En este aspecto me extenderé un poco para explicar el proceso.

Ya desde los años 1970, Victoria Novelo, en su célebre libro Artesanías y capitalismo en México, evidenciaba las condiciones de trabajo que había detrás de este tipo de objetos y las formas de organizarlo. Si bien su trabajo etnográfico lo hizo en Michoacán, esas mismas condiciones se podían encontrar en muy diversas regiones del país. Como lo anotaría Néstor García Canclini años más tarde, el problema no es en sí la mercantilización de los objetos, ni que experimenten cambios en sus diseños y modelos, sino que, en ese proceso, se deterioran las condiciones de trabajo de los productores y se evidencian las desigualdades. 

El incremento de la comercialización de las artesanías implica el aumento de la producción; y dado que un artesano no puede cubrir en corto plazo el volumen solicitado por el cliente (por su naturaleza artesanal, la producción es lenta), necesariamente tiene que solicitar piezas a otros artesanos. La artesanía de Quintana Roo no está exenta de este proceso.  

En esa dinámica de acopio, los artesanos que le trabajan al artesano comerciante (el que tiene el vínculo con el comprador externo) reciben ingresos por debajo del valor de su trabajo; incluso, se convierten en sus trabajadores, aunque no de modo formal; el trabajo a domicilio y la maquila encubren la relación de subordinación. Con frecuencia, el artesano que solicita trabajo a otros artesanos no sólo dicta lo que se produce, cómo se produce y el ritmo de trabajo, sino que es propietario de los instrumentos y la materia prima. 

Lo que suele suceder, según la evidencia en numerosas regiones del país, es que cuando se masifica la comercialización, la producción no sólo se extiende al interior de la localidad de origen, sino que además se extiende a las localidades aledañas debido a lo antes expuesto (se necesita elevar el volumen de producción) por lo cual, la diseminación y repetición masiva de diseños y modelos rápido satura el mercado. Esto también sucede en Quintana Roo, a juzgar por los testimonios de los artesanos. 

En este proceso, con el tiempo, los artesanos comerciantes acaban por dejar de ser artesanos para convertirse en intermediarios bajo cuyo control queda el proceso productivo de quienes hacen el trabajo. Así entonces, el incremento de la comercialización tiene como uno de sus efectos la proliferación de intermediarios. Uno, dos, tres intermediarios entre el productor y el consumidor buscando obtener utilidad provocan que se reduzca la utilidad que recibe el productor por su trabajo. La evidencia dice que en la cadena de valor de la producción artesanal (trátese de objetos elaborados o de productos agrícolas, como el café, por ejemplo) el agente más cercano a la esfera productiva recibe la menor proporción del valor agregado, mientras que el agente más cercano a la venta en detalle, se lleva la mayor proporción de ese valor.

Debido a esta que llamo degradación del trabajo artesanal, el impulso a la comercialización de las artesanías en México permite que los artesanos se mantengan en un nivel de subsistencia, pero impide que haya un mejoramiento de sus condiciones de vida, sobre todo de quienes están al final de la cadena de producción.

3. Para evitar en cierta medida la degradación del trabajo, es indispensable que los productores (todos y no sólo los artesanos comerciantes) conozcan el precio que vale su trabajo, cifrado en pesos. Que los consumidores estimen y reconozcan la labor es sin duda estimulante para el creador, pero no es suficiente. Por eso, una Ley de fomento y protección, como la quintanarroense, para realmente contribuir a dignificar las condiciones de vida de la población artesana, debería garantizar al menos la realización de estudios que cuantifiquen con precisión el precio del trabajo que cada participante invierte en la elaboración de una pieza (y no a ojo de buen cubero, como suele calcularse). Así por lo menos el productor tendría información para negociar con el comprador. Se necesitaría hacer esa cuantificación del tiempo de trabajo invertido en los productos más representativos de cada una de las ramas artesanales con presencia en Quintana Roo, cuyo fomento se promoverá, y actualizarla periódicamente.  

4. Una Ley que fomente y proteja las artesanías quedaría endeble si no considerara también el bienestar social para el sector; prestar atención a la salud de los artesanos, por ejemplo. Derivados de la labor cotidiana, es frecuente que se presenten problemas de salud de diverso tipo, según la rama artesanal. Por ejemplo, las costureras y bordadoras suelen tener afecciones visuales a más temprana edad; los talabarteros, los trabajadores de la madera, por el uso de solventes y el contacto cotidiano con demás líquidos y con el polvo, sufren de problemas respiratorios, lo mismo que los alfareros al respirar el humo durante la cocción de sus piezas. Por lo regular, en todas las ramas, la postura corporal adoptada durante las largas jornadas de trabajo propicia problemas de espalda y músculo-esqueléticos, en general. Se hacen necesarios diagnósticos y programas de salud específicos para la población artesana de la entidad, considerando que la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino que incluye la alimentación balanceada, la actividad física, la recreación y la salud emocional.  

5. El tema del autofinanciamiento también debería estar presente en la Ley para garantizar el flujo de recursos hacia los productores, no mediante esquemas que sobre endeuden a los artesanos, sino impulsando esquemas de autofinanciamiento acompañados de prácticas saludables para la buena administración de los recursos. Los pequeños fondos de ahorro y préstamo grupales, por ejemplo, son iniciativas que han tenido buena recepción en muy diversos ámbitos para auxiliar proyectos productivos grupales de pequeña escala.

Sería recomendable destinar presupuesto para la formación de estos fondos y el pequeño capital semilla que los acompaña. Un buen esquema implicaría retomar modelos ya probados internacionalmente y en México (como los bancos comunales, por ejemplo) y adaptarlos a las condiciones propias de los grupos de artesanos quintanarroenses interesados.

6. Otro aspecto que me parece relevante y debería estar considerado en una Ley de fomento y protección es la clara definición de lo que se considera artesanía y cuáles de estas serán amparadas por la Ley. Determinar los criterios con precisión evitará (o por lo menos, aminorará) los juicios subjetivos y circunstanciales de quienes tomen decisiones sobre cuáles objetos recibirán los beneficios de los programas de apoyo y cuáles no. Suele suceder que, al no regir criterios precisos, se cometen injusticias respecto a determinados objetos que sí tienen elementos básicos para ser apoyados, mientras que en ocasiones se apoyan objetos que no tienen esos elementos. El Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART), hace ya varios años adoptó una definición que puede ser la base para establecer con precisión los criterios que regirán en el caso específico de las artesanías de Quintana Roo.

7. Una Ley de fomento y protección debería también asumir que los artesanos son sujetos activos, con derecho a participar en las decisiones que competen al sector. En ese sentido, estar representados es importante. Cada rama artesanal tiene sus condiciones y su problemática particular, por lo cual, si la Ley estableciera instancias de toma de decisiones, los productores de cada rama artesanal deberían estar representados en esas instancias. Además, al determinar la representación, debería considerarse que hay regiones del estado con más población artesana que otras.

8. Un comentario especial merece la innovación de diseños, materiales y modelos. El proceso de innovación, es decir, de cambio, es inevitable; no tiene caso enfrascarse en posiciones conservacionistas. El proceso de comercialización en circuitos fuera del local implica que los productores gradualmente van cediendo terreno en la toma de decisiones respecto a los modelos, los diseños, la paleta de color, el ritmo de trabajo, los criterios de calidad. El control lo asumen los intermediarios y estos, a su vez, buscan responder a las preferencias de los consumidores. 

Algunos comercializadores, sobre todo los que se ostentan como impulsores del comercio justo o solidario o que se dicen empresarios con responsabilidad social, afirman que los artesanos mantienen libertad de creación y obtienen un pago adecuado por sus productos. En muchos casos estas afirmaciones son más un recurso de mercadotecnia que una realidad. 

Sin embargo, se han echado a andar proyectos en los cuales la innovación no implica pérdida de control del artesano sobre su producto; me refiero, por ejemplo, a los así llamados talleres o laboratorios experimentales conformados por artesanos tradicionales y creadores académicos. El caso de los textiles es quizá el más emblemático (en Chiapas y en Oaxaca): se reúnen en un taller, en una relación horizontal, tejedoras tradicionales y diseñadoras de moda o diseñadoras textiles; juntas experimentan sobre técnicas, diseños, modelos; las primeras aportan sus saberes acumulados y transmitidos de generación en generación, y las segundas aportan sus conocimientos aprendidos al cursar estudios profesionales. De estas experiencias resultan nuevos procesos, diseños, formas, colores. 

Así, las tejedoras tradicionales conocen los cánones de la moda contemporánea, y experimentan con ella y con lo suyo tradicional, incorporando nuevos elementos, transformando a su manera. Por su parte, las diseñadoras académicas también experimentan, aprenden, incorporan nuevos elementos a sus diseños y prendas. 

Sugeriría que en Quintana Roo se explore, como alternativa, la formación de talleres y laboratorios como los antes descritos, espacios para el intercambio de experiencias, donde se encuentran y fusionan lo tradicional y lo contemporáneo. De este modo, se evita la clásica y poco gozosa relación vertical que ha dominado en los programas de capacitación a artesanos en México, en los cuales se suele asumir que el “maestro” o “capacitador” es el que sabe lo que conviene producir y los artesanos son los que no saben y van a aprender. 

Debiera, entonces, promoverse el intercambio de experiencias entre artesanos y comunidades de artesanos, y de artesanos con creadores académicos nacionales y extranjeros.

9. El tema de la protección contra el plagio es digno de particular atención y amplio análisis por la complejidad que entraña tanto la especificación de lo que se está protegiendo (técnica, diseño, modelo o composición del color), como la identificación de la autoría (sea individual o colectiva) y la alineación a la legislación internacional. 

Respecto al primer punto: por ejemplo, cuando hace un par de años, la titular de la Secretaría de Cultura hizo un llamado a la casa de modas Carolina Herrera por haber usado en sus exclusivas prendas motivos artesanales mexicanos, las autoridades competentes en la materia de Saltillo, Coahuila, dijeron que no podían reclamar nada a tal casa de modas por haber usado el peculiar colorido degradado característico de los sarapes que allá se elaboran puesto que lo que los productores de sarapes tienen registrado y protegido es la técnica de elaboración del sarape, no la combinación y el manejo del color.

Respecto al segundo punto: al ser una actividad colectiva y transmitida de generación en generación, que se disemina velozmente, incluso entre localidades, la elaboración de determinados objetos en cada región del país está sujeta a la reproducción continua, constante de los diseños, de los modelos, de tal modo que no es tan sencillo identificar al autor original; todos comparten todo; dicho coloquialmente: es una copiadera. Cuando se le pregunta a un artesano quién diseñó o inventó tal trazo o decorado o modelo, por lo regular va a decir que él, y que los otros se lo copiaron; eso me pasó siempre que pregunté. Eso complica la identificación del autor, incluso en algunos casos en que se trate de piezas con alto contenido estético y que parezcan únicas. Por lo regular, una pieza siempre manifiesta la creatividad de más de un artesano, lleva incorporado un poco de varios.

Respecto al tercer punto: la cultura local, regional, nacional ya está atrapada en las redes de la normatividad internacional, y por más que cause indignación la copia de diseños por parte de grandes empresas o corporativos, en cada caso habrá que revisar si efectivamente se puede actuar legalmente.

10. Para finalizar, diré que sería deseable que la investigación y la documentación sobre el sector artesanal tuvieran presencia en la Ley. Es indispensable impulsar investigaciones sobre diversos aspectos, no sólo técnicos y financieros, sino también investigaciones que permitan conocer y documentar las experiencias novedosas y los procesos socioculturales que dan fundamento y sentido a las narrativas plasmadas en los objetos artesanales; a fin de cuentas, estos objetos son expresión de cosmovisiones particulares, de relaciones sociales y de la vida compartida que cada día se reinventa; también, desde luego, son portadores de la memoria colectiva.

La presentación de las Iniciativas de Ley ante el Congreso es, sin duda, una excelente oportunidad para abrir, ampliar, estimular el análisis y la reflexión sobre la actividad artesanal en Quintana Roo. Ojalá estos trazos también lo inspiren. 

*Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2014-2021). 

Líneas de investigación y actividad profesional: antropología aplicada, antropología económica y cultura.

Temas trabajados: procesos de producción artesanal y consumo; procesos socioculturales en comunidades cafetaleras; la dimensión social de la finanzas populares y formación de grupos solidarios de mujeres.

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Edición: Emilio Gómez