El secretario federal de Bienestar, Javier May, dijo el sábado que los programas sociales en curso en el país deben ser financiados mediante aportaciones de los niveles estatal y municipal como complemento a lo que nosotros no alcanzamos a atender, e informó que el gobierno federal promueve un esquema de cooperación en este terreno con autoridades de esos niveles de gobierno a fin de dar un mejor sustento económico a tales programas.
Al respecto, el funcionario recordó que, en junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las entidades federativas aporten la mitad de los recursos que hacen falta para ampliar y mejorar las pensiones para adultos mayores y para niñas y niños con discapacidad, así como las becas para estudiantes y los apoyos a las escuelas públicas que se distribuyen mediante el programa La escuela es nuestra. En circunstancias en las que el gobierno federal ha destinado a los programas sociales una porción sustancial y sin precedente del presupuesto, la propuesta resulta particularmente pertinente si se considera que es urgente abatir el saldo de pobreza y desigualdad adicionales que ha dejado la pandemia de Covid-19 –en México como en casi todo el mundo– y la consiguiente necesidad de ampliar los programas sociales.
Por otra parte, es claro que el paradigma de seguridad establecido por la actual administración requiere de una inversión social formidable, con el fin de atacar las causas profundas de la delincuencia, y en este punto el concurso de los estados y municipios resulta indispensable.
Es de justicia, por lo demás, que las entidades federativas y las demarcaciones municipales más perjudicadas por la violencia y la inseguridad empeñen un mayor esfuerzo en combatir la pobreza, las carencias educativas y de salud, así como la falta de empleos, que son algunas de las raíces sociales del auge delictivo.
Sería lamentable, en suma, que los niveles estatal y municipal de gobierno se durmieran en sus laureles a la espera de que la administración federal resuelva todos los problemas.
Como se ha demostrado de muchas maneras, en los presupuestos estatales hay márgenes suficientes para aplicar políticas de austeridad y transparencia que permitan destinar recursos adicionales al bienestar de sus poblaciones.
No hacerlo así no sólo resultaría un acto de insensibilidad sino también una torpeza en términos políticos, por cuanto tarde o temprano los fenómenos delictivos y la inseguridad terminan carcomiendo las bases de la gobernabilidad.
Edición: Emilio Gómez
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