En días pasados el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos notificó al gobierno de México la suspensión temporal de las importaciones de aguacate michoacano por la nación vecina en respuesta a una supuesta amenaza recibida por un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Según la dependencia sanitaria del país en cuestión, uno de sus empleados habría recibido el amago en una llamada a su teléfono celular cuando realizaba labores de inspección en Uruapan, Michoacán.
En consecuencia, el APHIS informó de tal determinación al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y reportó que se inició una investigación para evaluar la amenaza y “determinar las medidas de mitigación necesarias para garantizar la integridad física de la totalidad de su personal que labora en Michoacán”.
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Llama la atención la desmesura de la medida estadunidense, pero también la falta de relación entre un incidente que debería recaer en el ámbito policial y un cierre de fronteras decidido por una entidad fitosanitaria. Detener el envío de cientos de miles de toneladas de aguacate parece más una sanción económica de las que Washington suele aplicar a países a los que desea someter a sus lineamientos políticos, económicos e ideológicos que una acción significativa para garantizar la seguridad de sus inspectores agrícolas en nuestro territorio.
Es necesario recordar que las administraciones estadunidenses, tanto demócratas como republicanas, han recurrido a medidas similares contra México, como fue el caso del atún nacional y, más recientemente, durante la presidencia de Donald Trump, las amenazas de aplicar impuestos progresivos a todas las exportaciones mexicanas en el contexto de la crisis migratoria.
Actualmente, no hay a la vista más motivo de disenso entre Washington y el gobierno mexicano que la reforma constitucional impulsada por el segundo en materia de generación eléctrica, y para resolverlo se han llevado a cabo encuentros de alto nivel entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de Washington y se ha establecido un grupo de trabajo para analizar aspectos ambientales de interés común en el sector energético.
Sería tan lamentable como descabellado que las autoridades estadunidenses se apartaran del modelo establecido de resolución de conflictos en la relación bilateral, que implica buscar solución a cada diferendo en un canal específico, e impedir que uno de ellos contamine el conjunto de los vínculos.
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La entendible preocupación de Estados Unidos por la seguridad de sus empleados gubernamentales en México, en general, y de sus inspectores sanitarios, en particular, debe resolverse precisamente en el ámbito de la seguridad pública, y no en el de los intercambios comerciales.
Cabe esperar, pues, que las exportaciones del fruto michoacano sean restablecidas a la brevedad y que el incidente de la amenaza telefónica quede esclarecido y, en su caso, sancionado.
Edición: Emilio Gómez
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