México es un mercado predilecto de los capitales españoles. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), aquí operan alrededor de 6 mil compañías de titularidad hispana, cuyo volumen de negocio superaría 25 mil millones de euros (600 mil millones de pesos) anuales, y a ellas habría que sumar las empresas que se fundan y registran en este país, pero que tienen origen y accionistas españoles. Además de que instalarse en territorio mexicano, les abre las puertas de América del Norte, algunas multinacionales ibéricas obtienen aquí parte sustancial de sus ganancias globales.
La relevancia de nuestro país para las empresas y la economía española, reforzada a partir de los sexenios en que el PAN ocupó el Poder Ejecutivo federal, explica el interés de Madrid en los vínculos bilaterales y es el trasfondo de las múltiples expresiones de cercanía vertidas por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante su visita oficial de esta semana. Por ejemplo, antes de reunirse a puerta cerrada con el canciller Marcelo Ebrard, su homólogo manifestó que “ambos pueblos tienen una unión histórica basada en las relaciones humanas; hay 150 mil españoles viviendo y conviviendo en México, y 30 mil mexicanos que son parte de nuestra sociedad y prosperidad”, además de recordar las múltiples relaciones “de todo tipo: universitarias, culturales, parejas y familias que se van fundando; eso lo único que hace es recrear y seguir acelerando lo que viene ya de nuestra historia, que es una historia mezclada, compartida”.
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Lamentablemente, esa misma interpenetración económica es usada como pretexto para expresiones desafortunadas como las del ministro Albares al sugerir el sentido en que debe desarrollarse la legislación mexicana, deslizar que la misma podría ser materia para negociaciones con La Moncloa, y emprender una defensa de las trasnacionales hispanas del rubro de la electricidad, un lance que para colmo resulta irónico por cuanto su propio gobierno ha denunciado los abusos de algunas de ellas en contra de los usuarios y del medio ambiente en su suelo natal. Tampoco es osado sospechar que son las presiones y cabildeos de esos intereses foráneos los que se encuentran detrás del comunicado en el que el Parlamento Europeo toma partido por la oposición mediático-corporativa que mantiene una permanente campaña de golpeteo contra el gobierno mexicano y el proyecto de transformación nacional.
Sin duda, hay motivos económicos, culturales, familiares, históricos y humanos para sostener y procurar las relaciones entre México y España, pero nada justifica que esos lazos se tomen como excusa para declaraciones o actos de injerencismo y menoscabo a la soberanía nacional. Las autoridades o empresas que deseen interactuar con nuestro país deberán entender que los vínculos que tanto afirman valorar sólo pueden darse en un marco de irrestricto respeto, en el que se depongan de manera definitiva toda tentación intervencionista y todo reflejo colonial.
Edición: Emilio Gómez
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