El juego de la reforma eléctrica

El pasado jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, más por un tecnicismo que por una decisión en consenso de los ministros. Sin embargo, eso es lo que eventualmente dará pie a una revisión a conciencia de la constitucionalidad de su aplicación, ya que los juzgados de distrito deberán resolver caso por caso las solicitudes de amparo que se presenten.

Pero la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se debe resolver esta semana en la Cámara de Diputados tiene más de fondo que lo que se ha presentado al público que la polarización entre los “promotores de las energías sucias y el combustóleo” y los “defensores de Iberdrola y traidores a la patria”. Debemos ver la discusión de la iniciativa desde por lo menos cuatro perspectivas: lo que quiere el Estado, lo que desea la iniciativa privada como productora de energías, lo que requieren las empresas y lo que necesita el consumidor doméstico.

El enfrentamiento se ha dado entre gobierno e iniciativa privada, ambos en su papel de productores de energías. Entre la idea de recuperar la hegemonía del Estado en un área estratégica y la necesidad real de migrar hacia el uso de fuentes más amigables con el ambiente, quedamos atorados en un debate falso. Si algo ha demostrado la guerra entre Rusia y Ucrania es lo mucho que Europa Occidental depende todavía del gas natural, que se obtiene durante la extracción de petróleo; entonces, resulta incongruente señalar como modelo a seguir a países como Alemania en el uso de las llamadas energías limpias. En el terreno de la economía, simplemente son negocios.

También te puede interesar: Jucopo pospone hasta el domingo discusión de reforma eléctrica

El ejemplo de España es el que debiera preocupar a la población mexicana en general: con la producción y distribución de electricidad repartida entre empresas privadas, han terminado por perder los españoles, que únicamente ven cuántos euros aumenta lo que deben pagar por electricidad, y el Estado, que no consigue actuar como regulador de las tarifas en virtud de un esquema perverso que obliga a establecerlas conforme al precio más alto de la energía ingresada a la red de distribución, así sea una cantidad simbólica de megawatts.

Pero volviendo al lado mexicano, a quienes menos se ha escuchado es a los empresarios y a los usuarios domésticos, quienes lo que tienen en común es la necesidad de una tarifa justa; los primeros, porque los incrementos sin control les obligan a aumentar sus costos de producción y a la larga el precio de sus productos -con lo cual terminan perdiendo competitividad- y los segundos porque el gasto en electricidad suele llevarse una buena tajada del ingreso familiar.

Como consumidores, no solemos prestar atención a quién produce, sino cuánto pagamos. Con algo de conciencia social podemos aceptar que se utilicen medios que no contaminen el ambiente con gases de efecto invernadero, pero una vez considerando la alteración del paisaje, el daño al suelo y afectaciones al hábitat de especies animales, tan contaminante es un campo petrolero como uno fotovoltaico o eólico; y más cuando la instalación de estos últimos no incide en la tarifa que pagan las poblaciones a su alrededor. Las celdas solares y las gigantescas aspas se vuelven vecinos incómodos.

Urge entonces la intervención del Estado como regulador social de la producción y las tarifas de la electricidad, en beneficio de los consumidores, porque tampoco es que queramos que la Comisión Federal de Electricidad permanezca como hasta ahora. Como ciudadanos también debimos darnos a la tarea de conocer la iniciativa y ser nosotros quienes forcemos a nuestros diputados a pronunciarse y fundamentar el sentido de su voto, para que no sean repetidores de consignas promovidas por la dirigencia de sus respectivos partidos, sino verdaderos representantes de la ciudadanía.

Edición: Ana Ordaz